La gratuidad escolar en Chile inició en marzo con 9.985 colegios

Marzo es el mes en el que los escolares chilenos vuelven a sus establecimientos educacionales tras las vacaciones de verano. Pero este retorno no fue uno cualquiera. El año escolar en Chile se inauguró con una nueva Ley de Inclusión Escolar en el marco de la reforma educacional desarrollada por el gobierno de Michelle Bachelet. Esta nueva normativa tiene tres pilares básicos: el fin de la selección escolar, la eliminación del lucro en las escuelas del Estado y el término del copago.

El copago ha tenido un impacto más visible en el inicio del nuevo año de los alumnos chilenos. Ahora es el Estado el ente que aportará los recursos para reemplazar de manera gradual la mensualidad que antes debían desembolsar las familias en los llamados establecimientos particulares subvencionados.

De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Educación (Mineduc), la gratuidad escolar partió con 9.985 colegios que no cobrarán ni matrícula ni mensualidad. De ese total, 784 planteles se han sumado de manera voluntaria al proceso para terminar con el copago.

En otras palabras, estos colegios tampoco cobrarán, ya que ahora serán subvencionados por el Estado. Esas más de 700 escuelas equivalen a 240 mil estudiantes en todo Chile. Eso debe sumarse a los más de dos millones de escolares que ya cursaban su enseñanza de manera gratuita hasta 2015. En la primera semana de marzo, alrededor de 150 establecimientos escolares iniciaron el trámite para cambiar su forma jurídica ante el Mineduc.

Tras la implementación de la reforma educacional, las escuelas que no exijan mensualidad a las familias chilenas recibirán subvención por ser gratuitas. A partir de este año la gratuidad se irá extendiendo hasta 2019, cuando se espere llegue al 93% del sistema escolar. En Ecuador, la gratuidad educativa desde el primer año de básica hasta el último del bachillerato fue garantizada con la Constitución de Montecristi de 2008.

Solo el fin del copago y el lucro es obligatorio para los colegios que reciban fondos públicos. A su vez, la nueva admisión -es decir el fin de la selección- se desarrollará a partir de 2017 en la región de Magallanes, en el sur de Chile, y 2 años después se extenderá al resto del país. Se espera que en 2020 se aplique en todos los niveles, en primaria, secundaria y educación media.

Pese a la implementación de la Ley de Inclusión, los establecimientos particulares subvencionados seguirán funcionando, como también los administrados por los municipios o los particulares pagados. Año a año, las escuelas que reciben aportes públicos se irán sumando a la gratuidad, lo que aliviará a las familias chilenas de tener que pagar mensualidad.

Pese a los beneficios, especialmente para las familias de menores recursos, también hay gran confusión sobre cómo opera el nuevo sistema escolar. Por ejemplo, muchas familias se han preguntado si todos los hijos de una misma familia podrán estudiar en una sola institución. La respuesta es sí.

La Ley de Inclusión privilegia que todos los hijos de un mismo hogar estudien en un solo lugar, para facilitar la rutina de los padres, pero también para que tengan un proyecto común. Otra de las preguntas que se hacen las familias chilenas tiene que ver con la calidad. Quienes defienden la reforma educacional sostienen que, por el mero hecho de que los establecimientos educativos sean sin fines de lucro, podrán poner todos sus esfuerzos en la enseñanza.

Además, la idea es que los profesores tengan más horas para preparar sus clases. Y en cuanto a las expulsiones arbitrarias, la Ley de Inclusión Escolar establece un claro procedimiento que garantiza al alumno sus derechos y a los planteles sus deberes. (I)