La estancia de menores en casas de acogida no debe superar 6 meses

Los colores y el diseño de ‘Hogar para sus niños’, casa de acogida en el norte de Quito, son llamativos y acogedores para quienes lo visitan. Sin embargo, ni en el mejor espacio físico, los profesionales aconsejan que los niños y adolescentes permanezcan más de 6 meses institucionalizados y apartados de sus familias.

“Por ningún motivo es bueno que los niños estén institucionalizados, pero a veces las circunstancias de sus familias obligan a esta situación”, refiere  Sandra Calderón, trabajadora social del centro infantil con 25 años de funcionamiento.

La profesional aclara que lo ideal,   si el menor ya está institucionalizado, es buscar la reinserción familiar y en caso de que no sea posible, optar por la adopción.

El Código de la Niñez en el art. 232 establece que el acogimiento institucional es una medida transitoria de protección dispuesta por la autoridad judicial, en los casos en que no sea posible el acogimiento familiar, para aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran privados del medio familiar.

“Esta medida es el último recurso y se cumple únicamente en aquellas entidades de atención debidamente autorizadas”, recalca la normativa.

El informe presentado este año por Aldeas Infantiles SOS ‘Cuidado infantil alternativo y desinstitucionalización’ revela que la principal razón por la que un menor ingresa al cuidado alternativo es por negligencia, abuso y maltrato.

El documento especifica que el hogar, con el 54%, es el espacio donde los menores perciben más abusos, seguido del sistema educativo 28% y los barrios con el 11%.

Agrega que en 2015, del total de niños y adolescentes institucionalizados, según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el 40% estuvo en esa condición entre 1 y 4 años, mientras el 42% resolvió su situación en menos de un año, el 12% entre 5 y 9 años; y el 6% permaneció más de 10 años.

“Se deben impulsar los procesos legales, porque la falta de agilidad causa que un niño tenga mucho tiempo institucionalizado”, reitera Calderón.

Los profesionales de este hogar trabajan para potenciar la autonomía de cada huésped, y en caso de buscar la reinserción familiar apoyan a los padres para que corrijan los errores que llevaron a perder a sus hijos.  Ellos pueden visitarlos sin ningún tipo de restricción.

“No damos ayuda asistencial a las familias, pero sí preparamos a los chicos con las herramientas necesarias que permitan adaptarse a la sociedad de la mejor manera”, refiere la psicóloga Alexandra Merchán. Ella asegura que la capacidad de aprendizaje de un niño que se desarrolla en este ambiente puede diferir al principio de uno que crece con su familia.

“Pero eso con el tiempo se equipara, el inconveniente mayor es la adaptación al mundo externo y la relación social”, expresa.

Según la Subsecretaría de Protección Especial del MIES, un total de 2.635 menores de edad abandonó el acogimiento formal entre 2013 y 2015.

Presupuesto estatal

De acuerdo con datos del MIES, hasta diciembre de 2016 se registraron 2.010 niños, niñas y adolescentes institucionalizados. De ellos, el 18% se encuentra en Pichincha y el 16% en Guayas.

Para el programa de acogimiento, que incluye el de atención directa a través de instituciones del Ministerio y aquellas de convenio, se destinan $ 12’612.236 anualmente. De ese rubro, $ 9’529.979 se entrega a las 49 entidades particulares que colaboran con el MIES, según la cobertura que brinda.

Hasta el primer trimestre de este año, la Subsecretaría de Protección Especial ejecutó el servicio de acogimiento familia ampliada para niñas y adolescentes hijos de padres privados de libertad. La modalidad fue transferida al Ministerio de Justicia, así como los recursos. Cada grupo familiar recibía $ 100 mensuales. (I)

Proyecto de vida para jóvenes con mayoría de edad   

Las casas de acogida con servicios para jóvenes y adolescentes con más de 15 años sin lograr vincularse a un entorno trabajan en la preparación del chico a la transición para la vida autónoma. “Se debe facilitar su empoderamiento en la toma de decisiones sobre su futuro y contar con su participación en la elaboración de un Proyecto de Vida”, sugiere la Subsecretaría de Protección Especial del MIES.

Para ello, recalca, se debe facilitar al adolescente la cantidad de conocimiento necesario y el acercamiento a la red de recursos y servicios para la emancipación. Eso brinda la fundación Remar en su casa de mujeres del norte de Quito, donde las capacitan en corte y confección. Pero Joselyn, una chica con 7 años en el lugar, prefiere los estudios formales. Aunque tuvo la oportunidad de reintegración familiar con una tía no se acostumbró. “Mi familia está aquí y no quiero otra”.

El MIES establece que en caso de personas con discapacidad se debe hacer un estudio individual a base de una evaluación funcional y de autonomía para determinar el servicio especializado más apropiado a las condiciones y necesidades.

En ‘Hogar para sus niños’ la atención incluye tratamientos y terapias que cada niño o adolescente requiere, así como las medicinas. Por cada chico con esa condición invierten $ 1.600 mensuales. “Ellos generalmente son los que carecen de todo vínculo familiar, nosotros somos su única familia”, dice Sandra Calderón, trabajadora social. (I)