¿La presencia de la comisión interventora es positiva para la Universidad Nacional de Loja?

No, en lo absoluto. Presentamos un plan de mejoras y de desarrollo para superar o al menos mantener la categoría ‘B’ (Ceaaces evaluará a todas las universidades en 2018); pero  no fue considerado por la comisión interventora. Esta nunca tuvo la delicadeza de decirnos qué programa de fortalecimiento tenían para terminar con las supuestas  irregularidades encontradas.

Lo único que han hecho es desmembrar autoridades. No  existe acompañamiento, ni fortalecimiento.

¿Qué ha hecho entonces la comisión para mejorar la UNL?

Nada, solo llegaron a tomar el gobierno de la universidad y lo han hecho con estrategias como sanciones al rector, concurso de méritos e, incluso, quisieron que yo convoque a un referendo revocatorio de mandato.

Una de las razones para la intervención fue la existencia de cobros indebidos. ¿Se superó este problema?

Constitucionalmente al organismo que le compete hacer estos análisis es a la Contraloría General del Estado, pero el Consejo de Educación Superior (CES) dijo que por cinco presuntas denuncias, que no sumaban ni $ 400 (según expediente), se debía intervenir. Han  pasado 30 meses, seis comisiones y hasta hoy no se ha comprobado un centavo de cobros indebidos.

¿La única causal de la intervención solucionada es el cogobierno como dijo el CES?

Con las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en 2011, se dio seis meses plazo para que todas las universidades adapten sus estatutos.

La UNL funcionaba con una junta y, como no daba paso a la nueva representación, el rector presentó la propuesta de transición a través de un referendo con la comunidad universitaria -que lo conoció el CES de forma oportuna-.  Hubo el plebiscito, se formó un cogobierno provisional con competencias limitadas a elaborar el estatuto, el reglamento general y el de elecciones. Con todo esto aprobado, la UNL llamaba a los comicios y podía integrar su cogobierno con todas las funciones; pero el CES tardó casi 5 años en aprobar el estatuto y nos culparon luego de no tener cogobierno cuando era su competencia aprobar nuestro estatuto.

También dijeron que hubo iregularidades en el proceso de sufragio donde fue reelecto Gustavo Villacís (julio 2013). Esto llegó a última instancia, en la Corte Nacional de Justicia, y les negaron el recurso.

¿Hubo cierre de carreras?

Legalmente solo el CES puede determinar el cierre de carreras. Cuando se dio la exigencia de títulos de maestrías para los docentes no había profesores para Laboratorio Clínico; y al momento en toda la provincia solo hay uno en dicha rama. En Mecánica o Geología no existían los suficientes profesionales y, siguiendo las exigencias de la Senescyt, la UNL ofertó cupos para las carreras en las que podía asegurar todas las condiciones y no lo hicimos para otras en 2014.

Lo mismo ocurrió con otros centros, según el listado de la Senescyt, y esos no fueron intervenidos.

¿Es verdad que la mayoría de los profesores estaban bajo contrato y pocos eran titulares?

Desde 2010 en la UNL no se llamó a concurso de méritos porque habían suficientes catedráticos y cumplían los requisitos de ese momento; pero en 2014 -por el incentivo complementario- se jubilaron varios docentes y la UNL no podía convocar a concurso, ya que eso solo le corresponde al Consejo Académico Superior (CAS) que estuvo en  transición.

¿Cuál fue la solución a este inconveniente adicional?

La comisión interventora convocó a concurso, gracias a que el CES modificó el reglamento y le dio la competencia para esto, cuando en todas las universidades esta facultad solo le corresponde al CAS. Ese concurso se lo hizo sin un estudio técnico, no se consideraron las carreras que estaban rediseñándose y sin presupuesto. Este año se incorporaron 200 personas que ganaron el concurso. Se tomaron recursos de partidas que correspondían a docentes titulares y autoridades para cubrir esas remuneraciones, que generan problemas financieros a UNL.

¿Hubo acciones legales de quienes se consideran perjudicados por este concurso?

El proceso generó reclamos a nivel constitucional -hay 15 sentencias- por parte de las personas que quedaron fuera, otras que se sienten vulneradas en sus derechos, por lo que se requiere un pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC). La monitora del CES, Carmita Álvarez, visitó la UNL y enfatizó en su informe sobre la necesidad de que sea la CC la que emita dictamen.

Ante toda esta situación, ¿cuál es el papel de las autoridades elegidas democráticamente?

Las resoluciones de las autoridades y del CAS necesitan un visto bueno de la comisión interventora para que entren en vigencia y eso viola el precepto de autonomía del máximo organismo colegiado de las universidades. Hemos denunciado a la Contraloría que funcionarios puestos por la comisión tienen acceso a estas claves aunque es el rector el único ordenador de gastos y el representante legal de la universidad.

Podemos impugnar  decisiones de la comisión, pero es el CES el que decide.

¿A qué se deben las continuas suspensiones del rector?

A la prepotencia y abuso de poder y al derroche de recursos de la comisión, porque si le disponen que haga algo que está fuera de la ley no se lo puede cumplir y ahí viene la sanción.

¿Dónde está el derroche?

La comisión interventora ha gastado en sí misma casi $ 2 millones, el presidente gana $ 7.000, y nuestros investigadores con Phd solo $ 3.600, es una inequidad económica y un atractivo para que la intervención siga.

¿Qué pasó con los títulos que no estaban legalizados?

Por la salida de varias autoridades no habían decanos, ni el secretario que firmen los títulos otorgados entre mayo y septiembre de este año, pero ya se lograron solventar estos problemas para 1.000 títulos. Al momento hay pocos que no se solucionan porque fueron otorgados hace dos décadas.

¿La UNL está en condiciones para mantener la categoría B?

Lo dudo porque hasta hoy no hay nada listo, ni revisado y el presidente de la comisión interventora, Carlos Rojas, dijo que la UNL está debilitada por una intervención ineficaz.

¿Cuál es el presupuesto anual?

Actualmente es de $ 38 millones y desde 2012 se regularizaron 120 programas académicos. (I) et