La academia debate sobre equidad en la seguridad social y jubilación

¿Qué alcances tendrá la seguridad social en Ecuador? ¿Cómo afectan o benefician las reformas? ¿Cuál será el futuro de los aportantes? Son, entre otras, preguntas que surgieron del debate académico que se extendió por más de 2 horas en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar.

 Cecilia Vaca, ministra Coordinadora de Desarrollo Social, argumentó que la pretensión del Gobierno es que la seguridad social alcance la equidad y que no sea vista como un derecho que protege solo al trabajador, sino como un derecho que ampara al ciudadano.

La finalidad, a su juicio, es que la mayor cantidad de ecuatorianos sean asegurados. Ahora se iniciará con la afiliación de más de un millón de amas de casa, pero los transportistas y trabajadores independientes también están en lista.

“El 70% de nuestros trabajadores autónomos no completa ni siquiera ingresos del Salario Básico Unificado. ¿Cómo podemos pedirles a ellos que coticen sobre la base de 20,6%?”, cuestiona, y dice que el Estado debe crear las condiciones  óptimas para ello.

Según los datos presentados, la afiliación a la seguridad social pasó de 1,4 millones en 2006 a 3,1 millones en la actualidad. La población económicamente activa  se ha incrementado en 18 puntos. Esto, sumado al bono demográfico, es clave para que el sistema sea más sostenible, según la ministra Vaca.

Uno de los puntos que generó mayor debate  fue la eliminación del aporte estatal del 40% (modificado en el art. 237 de la Ley de Seguridad Social). La reforma, contenida en la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, plantea que el Estado garantice el pago de las pensiones jubilares, pero que esa contribución solo se fije cuando sea necesaria. Esto, luego de que el presidente Rafael Correa señalara que hay superávit en el IESS y, por ahora, no requiere inyección de recursos.

“La garantía no genera una obligación”, aseguró Katiuska King, exministra de Desarrollo Social, y  mencionó que la sostenibilidad de la medida no está clara, pues no hay transparencia en la información, incluso no está actualizada en las entidades. “Eso genera desconfianza en las reformas planteadas”, dijo.  

Además criticó que supuestamente se busque un sistema de seguridad social equitativo, cuando se elimina el 40% de aporte estatal al sistema de pensiones de civiles, pero se mantiene el 60% del aporte a la Policía y a las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, estos puntos no son comparables porque el 60% de aporte le corresponde al Estado por obligación, pues es el patrono de entidades públicas y ambas lo son.

La panelista Carmen Corrales, exintendenta de Seguridad Social de la Superintendencia de Bancos, citó informes actuariales de 2010que señalan que al 2053 habría un déficit de $ 70.000 millones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) al quitar el 40% del aporte estatal.

Sin embargo, Cecilia Vaca aseguró que los informes no reflejan la realidad del IESS. “El estudio no está usando la población actual afiliada al IESS.Si usamos una población de 2 millones de afiliados, cuando la realidad de cotizantes es de 3,1 millones, estamos distorsionando el supuesto sobre el cual hacemos las proyecciones actuariales”, sostuvo.