Juzgados tramitan un promedio de 5.700 órdenes de apremio al mes

La presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, expuso ayer aspectos del Proyecto de Reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y ratificó que la figura del apremio personal (medida privativa de libertad) se mantiene dentro de la propuesta.

Sin embargo, pidió tener en cuenta la resolución de la Corte Constitucional que, entre otros aspectos, establece la obligación del juez de analizar en cada caso la pertinencia o no del apremio personal, ya que se lo prohíbe en caso de que el progenitor padezca enfermedades catastróficas o discapacidades.

Existe un promedio mensual de 5.700 órdenes de apremio personal, a nivel nacional, por pensiones impagas, indicó la legisladora.

Las reformas fueron el centro de un foro realizado ayer en la Facultad de Jurisprudencia de Universidad de Guayaquil, en el cual participaron integrantes de organizaciones sociales y estudiantes de Derecho.

Entre las exponentes también estuvieron Sonia Rodríguez, coordinadora técnica del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) y Zobeida Aragundi, presidenta de la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador, filial Guayas, quienes hicieron observaciones a temas como el de la tenencia compartida y hasta el femicidio en el país.

Ante los conflictos que atraviesan muchas familias por este tema, Aguiñaga llamó a la mesura y destacó la importancia de que exista, entre todos, construcción en este proyecto.

“Ese es el aporte que desde la Comisión de Justicia necesitamos los legisladores para poder elaborar un informe para primer debate”. La propuesta fue enviada por el expresidente Rafael Correa, “planteando reformas sustantivas, polémicas, de una mirada distinta de la sociedad actual del país”.

Ella señaló que hubo un pronunciamiento de las organizaciones de mujeres, entre otros colectivos, pidiendo el archivo del proyecto de ley. Por ello invitó a reflexionar el tema y dijo que los legisladores tienen la obligación de debatir, discutir, aportar y construir un proyecto de ley en virtud de lo que ha llegado del Ejecutivo. Esos son los elementos para que luego el pleno de la Asamblea Nacional, de considerarlo, decida o no el archivo  de un proyecto de ley, indicó. 

También reconoció que hay aspectos de las reformas en los que se debe mejorar y avanzar en los derechos de los niños, “en especial cuando hablamos de que el bien superior son ellos”.

Cifras de pagos a beneficiarios y de causas iniciadas

Aguiñaga señaló que, según el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), al momento existen más de 756.000 beneficiarios dentro del Sistema Único de Pensiones de Alimentos (SUPA). 

Además, en 2016 se pagaron en el país más de $ 450’000.000 por concepto de pensiones de alimentos, agregó.

En 2015 se iniciaron 76.000 causas, en 2016 fueron 62.000; en lo que va de 2017 ya suman las 15.000.

En el primer año se pagaron $ 83’000.000 y en el segundo  450’000.000. Al respecto, sostuvo, de alguna forma el apremio personal hace que el progenitor cumpla con su obligación. (I)