Joaquín Wappenstein: “Tengo entendido que todos tenemos derecho a estudiar”

A Joaquín Wappenstein lo apasiona el arte. De hecho este joven, de 21 años, estudia teatro en la Casa de la Cultura de Quito y, recientemente, siguió un curso de apreciación de arte en la galería Ileana Viteri.

En la oficina de su padre, en el norte de Quito, Joaco (como lo llaman) cuenta que el próximo reto en mente era estudiar 2 materias en la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), una de arte y otra de filosofía. Su propósito no era graduarse, sino adquirir más conocimientos sobre aquello que le gusta. Él no fue admitido. Su padre Daniel considera que   es un caso de discriminación por una leve discapacidad cognitiva que tiene Joaquín  hace 9 años, tras un ataque de epilepsia y un tumor cerebral.

El joven nunca tuvo una entrevista académica que valorara sus intereses personales. Solo fue citado una vez al recinto universitario para escuchar  sobre los procesos de ingreso. “Hubo una cantidad de idas y vueltas en algunos momentos mejores, en otros no tanto con respecto al proceso dentro de la universidad. Lo que sí hay son unos quiebres y vuelcos en la historia que son extraños y algo inexplicables”, comenta.

A Daniel le ofende la respuesta de la universidad pues cree que es poco sensible y subjetiva. “El comité ha considerado que aceptar al estudiante  en cualquier condición afectará su autoestima y/o futuro proceso educativo. Esta institución no está en capacidad de ofrecerle educación superior especializada y personalizada de acuerdo con los requerimientos especiales de Joaquín”, expone la USFQ en una carta.

Diego Gabela, director de Admisiones de la Universidad San Francisco, explica a EL TELÉGRAFO que el proceso inició desde mayo y desde entonces hubo una serie de intercambio de información entre la institución y la familia.

Explica que la negativa al ingreso de Joaquín a la universidad no fue discriminatoria sino que responde a 2 motivos. Primero, porque  el joven no presentó los certificados de salud actualizados sino varios documentos de 2007, 2010 y 2012, y, según Gabela, los protocolos universitarios no permiten seguir un proceso de admisión sin entender el perfil del estudiante.

“Nosotros no somos una institución de educación especial, hacemos acomodaciones para estudiantes pero no brindamos una educación diferenciada con pénsum distinto (...) Pedimos informes para saber cómo podemos ayudar al joven y qué profesores estarán en condiciones de estar un tiempo extra”, sostiene Gabela.

El segundo motivo tiene que ver con la salud de Joaquín, explica Mariel Paz y Miño, vicedecana de Universidad San Francisco. “(...) Los especialistas en los reportes presentados por la familia hablan de condiciones emocionales y sicopedagógicas importantes a considerar (...) La decisión que tomamos fue para salvaguardar y evitar que el alumno de pronto tenga una mala experiencia o no le vaya muy bien. Todo fue en base a lo que leímos en esos informes”, indica.

 Asegura que la educación es inclusiva porque solo en el semestre actual la universidad aceptó a 19 estudiantes con discapacidad.

Lejos de estas explicaciones, Joaquín se siente ofendido. “No quisiera que le suceda esto a ninguna persona con discapacidad porque tengo entendido que todos tenemos derecho a estudiar. Creo que es una falta de respeto que se le cierren las posibilidades a cualquier persona. Cuando me dijeron que no iba a ingresar porque querían cuidar mi autoestima, me sentí  más confundido y ofendido”, cuestiona Joaquín, quien trabaja media jornada en la empresa Metropolitang Touring.

En el país, según datos oficiales la población universitaria con discapacidad no supera el 1%, a pesar que el artículo 7 de la Ley Orgánica de Educación Superior estipula que los institutos superiores deben dar cumplimiento a la accesibilidad, en cuanto a servicios de interpretación y apoyos técnicos necesarios.

Más allá de las explicaciones

¿Cómo entender este caso? Para Eugenio Peñaherrera, director ejecutivo encargado del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (Conadis), las autoridades universitarias aún deben comprender el amplio concepto de inclusión. “La educación superior recién está dando los primeros pasos para la inclusión educativa. Las universidades a veces ponen estas restricciones porque no saben qué hacer o cómo hacerlo”.

   El gran problema a su juicio es la falta de conocimiento que durante años ha tenido la sociedad sobre los derechos de las personas. “No se puede convertir a las personas en solidarias por decreto”.

Peñaherrera hace un llamado para que las universidades creen las condiciones necesarias para una educación inclusiva, pues, afirma, todas las personas, sin distinción, tienen derecho a educarse en el país.

“No se puede condenar aún a nadie, primero tenemos que motivar a las universidades antes que sancionarlas”, expresa.

Destaca que instituciones como  la UTE, SEK, Salesiana, Metropolitana y San Gregorio suscribieron convenios para otorgar becas a personas con discapacidad.