La Fiscalía ha iniciado investigaciones por la muerte de un oso de anteojos, una especie en peligro de extinción y protegida por las leyes ecuatorianas, perpetrada presuntamente por comuneros en la provincia de Chimborazo.

Un video que circula por las redes sociales muestra a un grupo de comuneros junto al animal muerto, mientras se escucha la algarabía de la gente celebrando el suceso.

El caso es atendido directamente por el fiscal provincial Diego Andrade, debido a que el video mostraría a dos autoridades que gozan de fuero de corte. Se presume que el acto se llevó a cabo en la comunidad Guangras, que pertenece al cantón Alausí, en la provincia de Chimborazo.

Las imágenes llegaron al Ministerio del Ambiente (MAE) de forma anónima, por lo que peritos de la Fiscalía investigan la veracidad de las mismas.

“Estamos precisando el lugar, si es que existe un delito, y después veremos responsabilidades si se trata de los funcionarios o de otras personas, hemos tomado versiones y continuaremos con nuestro trabajo”, mencionó Diego Andrade fiscal de Chimborazo.

En los registros del MAE está especie es considerada en peligro y aunque no se puede contabilizar el número de osos de anteojos que existen en el Parque Nacional Sangay, sus autoridades aseguran que son muy pocos, razón por la cual colocaron la denuncia sobre la muerte del oso en la Fiscalía.

“Hemos cuantificado en base a seguimientos, por avistamiento se ha visualizado de tres a cuatro osos, es una especie que debido a la destrucción de los ecosistemas ha bajado hasta las zonas agrícolas”, señaló Marcelo Pino, director provincial del MAE.

El funcionario aseguró que los guardaparques al encontrarse con esta especie cerca de zonas pobladas dan aviso a las autoridades de la institución para protegerlos, mientras se realiza su reingreso hasta las partes altas del parque Sangay.

“Existe el conflicto gente-fauna, el problema es que los especímenes se encuentran cerca de pastos y por ello hemos aconsejado a las comunidades la manera de tratar a estos animales”, añadió Pino.

El artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala "prisión de 1 a 3 años la caza, pesca, captura, recolección extracción o comercio de especies o sus partes, derivados de flora y fauna silvestre, terrestre, marina o acuática de especies amenazadas o en peligro de extinción". (I)