Cuando se cumplieron 5 años de vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), uno de los puntos más plausibles por la comunidad educativa es la regulación del principio de la gratuidad que garantiza que las universidades son instituciones sin fines de lucro.

La gratuidad está estipulada en el capítulo de la Garantía de la Igualdad de Oportunidades, en el artículo 80 bajo 9 criterios, entre los que constan la responsabilidad académica de los estudiantes para que aprueben los créditos del período, la matriculación en por lo menos el 60% de las materias, el financiamiento del Estado de una sola carrera, la prohibición de cobro de rubros correspondientes a la escolaridad, entre otros.

El titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), René Ramírez, asegura que por la gratuidad se han creado 140.000 nuevos cupos en el sistema público. “Por cada estudiante en el sistema privado hay 6 estudiantes en el sistema público, a diferencia del pasado cuando la relación era solo de 2 estudiantes”.

El tema de la gratuidad universitaria llevó a las autoridades del Consejo de Educación Superior (CES) a expedir un reglamento, porque se detectó que este derecho no era aplicado por las instituciones de educación superior (IES) que cobraban rubros por uso de laboratorios, exámenes de suficiencia de idiomas y el registro de títulos.

Con la normativa los estudiantes pueden contar con un seguro de vida y accidentes, además de ser beneficiarios de los derechos como el acceso y uso de bibliotecas, laboratorios especializados, servicios informáticos, laboratorios de lengua extranjera, infraestructura científica y tecnológica, servicios básicos, hemeroteca y servicios institucionales relacionados al bienestar estudiantil.

El presidente de la Comisión de Intervención de la Universidad de Guayaquil, Jorge Kalil, señala que aunque se había declarado la gratuidad no se ejercía totalmente. En el caso de la institución, las devoluciones de los dineros por faltar a este principio (uno de los motivos por el que la universidad fue intervenida en 2013) habían sido lentas y “fue necesario iniciar acciones con la Fiscalía para saber quiénes fueron los responsables”.

Lissett Tenesaca, estudiante de la carrera de Comercio Exterior de la Universidad de Guayaquil, admite que la entidad no cobra valores pero sí elementos de estudios. En este aspecto menciona que para presentar exposiciones alquilan proyectores a $ 7 la hora porque en la universidad no hay suficientes.

“El grupo que le toca exponer reúne dinero. Toca hacer banners, todo implica gasto si quieres hacer buenas exposiciones (...) hay profesores que exigen ir al examen con ropa formal o a las exposiciones y el que no tiene debe comprar o alquilar ternos, en el caso de los hombres. Por ese lado está bien, porque hay que prepararse hasta en la presentación para cuando seamos profesionales”, dice la joven.

Con respecto a ello, Kalil manifiesta que la institución adquirió alrededor de 800 proyectores y que no se debe permitir este tipo de gastos adicionales.

“Todavía, posiblemente, haya en unos espacios una condescendencia de una autoridad puntual con algún directivo que permita que estas cosas no se denuncien debidamente y no se les meta el orden adecuado”, expresa, acotando que debe ser notificado a la Comisión de Intervención o a la autoridad de la facultad.

Según Kalil, lo más loable de la LOES es que la educación superior se ha democratizado y dado oportunidades a las personas que tenían menos posibilidades de estudios por el tema económico.

Añade que para lograrlo ha sido necesario el acompañamiento de otras políticas complementarias, como entregar un incentivo económico a los estudiantes cuyas familias son beneficiarias del bono de desarrollo humano (BDH), a través del programa de becas Eloy Alfaro.

Hasta julio de este año se registraron 2.451 becarios bajo esta modalidad. El 55,7% corresponde a la región Costa. Los beneficiarios perciben mensualmente media remuneración básica unificada en la etapa de nivelación y cuando acceden al primer nivel, un sueldo básico en el período de estudios. Para conservar el beneficio, el estudiante debe cumplir con un promedio de 8 puntos sobre 10.

Para el rector de la Universidad Estatal de Milagro (Unemi), Fabricio Guevara, la LOES es un marco jurídico que marcó un hito en cuanto a la necesidad de evaluar las funciones básicas de la universidad, como son docencia, investigación y vinculación.

“La mejora ha sido significativa, la universidad ecuatoriana ha optimizado sus procesos. Se ha mejorado como academia y aquello se evidencia en los resultados de las evaluaciones que muestran un incremento en la calidad de la educación superior”.

Agrega que la LOES representó un reto para la Unemi y en ese sentido ha sido necesaria una serie de acciones estructurales, como son actualización del estatuto y sus normativas conexas, ajustes en aspectos académicos en cuanto a la dedicación horaria de los profesores, formación docente, rediseño curricular de las carreras, ajustes en el sistema de evaluación docente, mejoras en las remuneraciones de los docentes y asignación presupuestaria enmarcada en el cumplimiento de la ley.

El rector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), Sergio Flores, recuerda que antes de la LOES había politización en el sector estudiantil y el sistema universitario.

Cuenta que en algunas universidades para ser profesor había que pertenecer a algún partido político, “indudablemente eso contribuyó a una mediocridad en esas universidades y en el sistema de educación superior”.

Manifiesta que faltaba apoyo claro de los gobiernos en lo que se relaciona a la educación superior, ya que no se la consideraba como un elemento clave y primordial para el desarrollo del país.

“Con la LOES se ha tratado de despolitizar a las universidades, se ha tratado de homogeneizar y estandarizar algunos temas, como el reglamento de escalafón, los cuales han sido positivos para muchas universidad y en otras no ha sido tan positivo”, indica.

Otro aspecto que rescatan los actores de la academia fue el cierre de las 14 universidades, denominadas de garaje, porque no cumplían con los requisitos de excelencia. (I)

Se plantean otros requisitos

El ingreso a la U tendría posibles reformas (543846)

En una de las sillas de invitados al evento de socialización sobre ‘El estado de la educación superior’ en la Universidad de las Artes, estaba Félix Peñafiel, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil.

Luego de escuchar los cambios que se implementaron desde la vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior, coincidió en que los problemas económicos ya no son impedimento para cursar una carrera universitaria y que la aplicación del Examen Nacional de Educación Superior (ENES) permite identificar a las “verdaderas personas que quieren tener un título profesional y no solo estudiar por cumplir con una obligación”.

Esta modalidad de ingreso es parte del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) que próximamente tendrá una reforma.

El presidente del Consejo de Educación Superior (CES), René Ramírez, indicó en el encuentro que uno de los planteamientos de la Agenda 2021 sería que para el ingreso a las universidades no solo se considere la nota del ENES, sino también el resultado de la prueba Ser Bachiller.

“Creemos que tenemos un sistema universitario completamente maduro que camina hacia la excelencia y tenemos que eliminar la nivelación para que sea opcional para las universidades en el marco de sus políticas”, agregó, luego de enfatizar que desde la creación de la LOES el curso de nivelación fue planteado como transitoria mientras se reformaba la educación media. Ramírez mencionó que actualmente hay dos problemas.

El primero es la orientación vocacional de los estudiantes que ingresan a la universidad, porque el 74% señala 5 opciones diferentes en áreas de conocimiento.

“Es decir, aplican para ser matemático, pero su segunda opción es ser médico, su tercera opción es ser comunicador y también cientista social”.

Ramírez expresó que ese aspecto debe ser trabajado por el Ministerio de Educación, mientras que las universidades deben trabajar en otra dificultad.

“Se trata al bachiller como si fuera del viejo modelo. En el caso de matemáticas probablemente se le pide que sepa cálculo integral y al momento tiene esa falencia, porque ahora existe el Bachillerato General Unificado, pero tiene otras destrezas”, indicó el titular del CES.

Añadió que en la Agenda 2021 se debatirá sobre la autonomía financiera al sistema de educación superior, mientras que en el Código Ingenios se plantea la creación de redes de conocimiento y programas conjuntos, así como la acreditación de facultades de investigación. (I)