La discusión sobre el impuesto a la riqueza, ha estado presente desde el origen del pensamiento económico en Occidente. En Grecia, se usaba gravar un porcentaje de “Eisphora” o impuesto al capital no utilizado, cuando una Polis se encontraba en guerra. De igual forma, en la Edad Media se solía cobrar un “diezmo voluntario” para financiar varios conflictos e invasiones cristianas en Medio Oriente. Finalmente, durante la Segunda Guerra Mundial los gobiernos de Europa evidenciaron la necesidad de generar un impuesto a la riqueza, para financiar el desproporcionado gasto militar.

El año 2020 ha sorprendido al mundo con una Pandemia global. Los Estados han declarado la guerra al COVID-19, y han puesto en marcha varias estrategias de contención.  Sin embargo, varios gobiernos no han demostrado efectividad en la aplicación de políticas que puedan contener los efectos indirectos del virus, y han perdido batallas importantes en el campo de la salud, la mortalidad y fatalidad, el desempleo, la producción, y las exportaciones. Lamentablemente, uno de esos gobiernos, es el ecuatoriano.

El Ecuador está librando una de las guerras más importantes de su Historia. El Estado necesita de recursos inmediatos para fortalecer la red de protección social, ampliar el sistema de salud pública, y generar las condiciones para la producción e innovación del sector privado, que pueda a la vez reducir la decepcionante tasa de desempleo. En el contexto de esta guerra, ¡sí se vale redistribuir la riqueza!

El impuesto al patrimonio, por una sola vez, en el contexto de la guerra contra el Coronavirus, es una política de redistribución que debe ser defendida por todos los ecuatorianos como un imperativo categórico, y no como un dogma radical de izquierda. Las élites económicas familiares y reaccionarias del Ecuador, deben comprender que la propuesta no viene del Partido Comunista, sino de grupos de investigación económica en multilaterales como FMI, diarios de finanzas globales como Financial Times, y académicos de las más prestigiosas universidades del mundo.

La aplicación de esta medida permitirá circular mayor capital para la ampliación de la capacidad de crédito destinado a empresas afectadas por la crisis, a la vez que puede generar mayor liquidez en empresas para sostener el empleo adecuado. En caso de adoptarse, la ciudadanía debe conformar una veeduría que permita controlar el uso de lo recaudado, y que la medida sea, una verdadera política de redistribución de la crisis. (O)

*Docente de la UIDE