El último borrador de la Cumbre de las partes contra el Cambio Climático (COP21) se redujo de 50 a 22 páginas y pasó de 939 corchetes a 367. La actualización fue publicada ayer en la mañana y con el anuncio de que un acuerdo final se aprobaría en la prórroga de la cita ambiental, es decir, tentativamente hoy.

La reducción de páginas y de al menos unas tres cuartas partes de los corchetes sería una buena señal, según varios ecologistas, porque se trataría de un texto con compromisos más concretos. Pero aún quedan varios puntos inconclusos y, por ejemplo, el término “opcional” aparece en algunos de los apartados sobre la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero o GEI, lo que hablaría de un acuerdo no vinculante, sino más bien supeditado a la voluntad política de los 195 países firmantes.

En la primera parte el texto borrador enfatiza en la necesidad de un acuerdo “urgente para limitar la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados centígrados y perseguir esfuerzos para que no sobrepase los 1,5 grados, reconociendo que no hacerlo significaría graves riesgos e impacto en el clima”.

Hasta aquí parece que los delegados y ministros del mundo se han puesto de acuerdo, pero luego en la parte tercera del documento aparecen frases inconclusas o algunas no escritas. Por ejemplo, se habla de que los países comuniquen de sus primeros planes de mitigación entre 2020 y 2050, pero no se especifica cómo se hará el seguimiento a estas propuestas. También en el borrador se omite la palabra “acuerdo” para referirse a los planes de mitigación.

En el capítulo de financiamiento a los países más pobres, para que se adapten al cambio climático, se especifica que en un “corto período de tiempo se deben revisar las metas”. Aquí aparecen los corchetes, pues aún se tiene que decidir si las revisiones serán en 4 o 5 años.

Sobre el fondo verde de $ 100 billones, una promesa que se arrastra desde la Cumbre de Copenhague en 2009, aún no se define si el dinero se entregará como un préstamo o un regalo de las potencias a las naciones más pobres y afectadas por el calentamiento global.

“Hay muchas opciones sobre la mesa, no hay nada cerrado, es el momento de la verdad”, dijo Armelle le Comte de la ONG Oxfam, al portal The Huffington Post.

Organizaciones, como la Oxfam, indican que si las revisiones de los compromisos acordados se hacen cada 5 años es un buen paso.

Pero hay personas, como Matthieu Orphelin, de la Fundación Nicolas Hulot, que son más escépticas. “Se estima que los primeros resultados del acuerdo saldrán a la luz en 2024 y será demasiado tarde”, advierte.

Un tema, según la Oxfam, que se habría dejado de lado en el acuerdo final es la ayuda específica a las mujeres del campo, que serían uno de los grupos más vulnerables del cambio climático. En América Latina, 58 millones de mujeres viven en el campo. Sin embargo, solo el 30% posee tierras agrícolas y apenas el 5% tiene acceso a asistencia técnica en el mundo.

La ONG pide asesoría tecnológica para que estas agricultoras puedan seguir produciendo de forma sustentable.

Nicolas Hulot, de la Fundación que lleva su nombre y delegado del presidente francés François Hollande para cuestiones climáticas, considera que “todas las esperanzas son todavía posibles”, pero que “la ventana de posibilidades se achica”.

Mientras que Nicholas Stern, del Grantham Research Institute on Climate Change, se inclina por una visión más optimista, pues cree que esta COP21 ya demostró que la oposición entre ecología y crecimiento económico era “falsa”. “Se puede, y se debe, crecer mejor con un mejor clima”, dice.

“Les pido a los jefes de Estado que demuestren grandeza en este momento crucial para la humanidad”, agrega.

Lo que es cierto es que todos los ecologistas están decepcionados, porque del borrador de la COP21 desapareció un capítulo referido a la legalidad vinculante del texto, que quedaría limitada a aspectos específicos, pero no será aplicable a los planes nacionales de emisión de gases de efecto invernadero, que se mantendrían en el ámbito de lo voluntario.

Maniobras diplomáticas

Cerca de cerrar el acuerdo, los presidentes de China y Estados Unidos (Xi Jinping y Barack Obama, respectivamente), los dos principales emisores de gases de efecto invernadero, hablaron por teléfono el viernes para intentar salvar obstáculos.

La principal preocupación de China es que se limite su desarrollo económico y energético, basado casi en el 90% en la explotación de fuentes fósiles y que se estipula la tan llamada ‘descarbonización’ de la economía.

Es decir que se obligue o se pida a las naciones desarrolladas a desligarse de la explotación de carbono, para dar paso a tecnologías y fuentes sustentables de energía, como la solar o la eólica.

China y la India frenaron durante casi dos semanas de negociaciones distintos puntos del acuerdo, con la finalidad de obtener más espacio para desarrollar sus economías antes de convertirlas en sistemas sostenibles.

Brasil, que mantuvo reservas varios días en algunos de los temas negociados, se sumó a último minuto el viernes a una coalición de un centenar de países ricos y en desarrollo que empujan a un acuerdo ambicioso.
“Esta movida de Brasil podría cambiar toda la dinámica en las últimas horas de la conferencia”, comentó el portavoz de Greenpeace, Martin Kaiser.

Lo que está en juego es una estrategia capaz de frenar el calentamiento resultante de la actividad humana de un planeta que duplicó su población en las cuatro últimas décadas y vio surgir nuevas potencias industriales.

Para ello es necesario convertir la economía global en fuentes de energía limpias, abandonando progresivamente los fósiles -carbón, gas y petróleo- emisoras de dióxido de carbono (CO2) y otros gases que transforman la Tierra en un invernadero y amenazan con convertirla en un horno. Ante ese desafío cada país tiene capacidades, intereses y una exposición distinta a las amenazas.

Los Estados insulares del Pacífico que quedarían sumergidos por una elevación del nivel del mar, apoyados por aquellos que ya padecen fenómenos extremos, pero también la mayoría de América Latina, reclamaban que el acuerdo limite el alza de las temperaturas a 1,5ºC respecto a la era preindustrial.

Los poderosos países petroleros, encabezados por Arabia Saudí y Kuwait, se negaban a ir más allá del límite de 2ºC.

En una fórmula salomónica, el proyecto de acuerdo fija la meta “muy por debajo de los 2ºC” y llama a “proseguir con los esfuerzos” para alcanzar los “1,5ºC”.

Arabia Saudita, en este caso con el apoyo de Venezuela, consiguió eliminar del texto la noción de “descarbonización”, sustituida por la de “neutralidad” de carbono, más favorable a sus intereses.

En las maniobras de último momento, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se reunió por separado con las delegaciones de Venezuela y Kuwait.

La principal manzana de la discordia sigue siendo el dinero: los países del Sur reclaman financiamiento y acceso a las tecnologías necesarias para adaptarse al cambio climático, mientras que los ya industrializados desean que las potencias emergentes también colaboren. Una posibilidad que China admite, pero sobre una base voluntaria y no mandataria.

La ayuda anual de $ 100.000 millones que se canalizará hacia los países en desarrollo desde el año 2020 será un mínimo que podrá incrementarse, una concesión que debería facilitar la adhesión de los más pobres.

El ministro indio de Medio Ambiente, Prakash Javadekar, manifestó que los países desarrollados “no están mostrando flexibilidad” y advirtió que el éxito de la COP21 “no está asegurado”.

El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, muy activo en la recta final de las negociaciones, confirmó que “un par de temas muy difíciles” obstaculizan el acuerdo final.

Todo parece indicar que en París se evitará un fracaso como el de la cumbre de Copenhague en 2009, aunque grupos y figuras ambientalistas expresaron temores de que el acuerdo sea vaciado de sustancia en las últimas negociaciones.

Para la administración demócrata de Obama, las ‘líneas rojas’ las marca sobre todo el Congreso, de mayoría republicana y predominancia de ‘climatoescépticos’.

En medio de este contexto diplomático, el ministro del Ambiente de Ecuador, Daniel Ortega Pacheco, mencionó antes los medios en Francia que ve poca voluntad política para cerrar un acuerdo.

Ortega explicó que en el primer borrador, que fue entregado a los países que discuten las negociaciones finales, no se vislumbra claramente un acuerdo de justicia climática que contenga los objetivos que se habían trazado los países.

“Nosotros siempre buscamos una posición ambiciosa más coherente con los esfuerzos que estamos realizando en casa, como el cambio de matriz energética, la protección de los bosques y la reforestación, que solo el año pasado alcanzamos más de 140.000 hectáreas”, manifestó.

Agregó que Ecuador demuestra ambición, demuestra coherencia, demuestra entrega en su política ambiental, pero que lastimosamente “los países más poderosos son los que niegan la posibilidad de alcanzar un acuerdo de justicia climático”.

A esta nueva cumbre, Ecuador insistió en su propuesta de las emisiones netas evitadas o pague por conservar, muy al estilo de Socio Bosque. (I)

Datos

La agricultura es uno de los sectores más afectados por el cambio climático extremo, pero también es responsable del 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Debido a esto en la COP21 se realizaron varias conferencias para mejorar el sistema de producción agrícola a gran escala, con miras a que se adopten técnicas sustentables para explotar la tierra.

En París también se presentó la iniciativa ‘Live Beef Carbon’ de los agricultores europeos, para reducir el 15% de la huella de carbono en la producción de carne en los próximos 10 años.

En la capital francesa, 290 organizaciones dedicadas al cuidado del agua firmaron un pacto. Entre los puntos acordados está la dotación de recursos y tecnología a países afectados por sequías de al menos $ 20 millones.

El INEC presentó nuevos datos sobre el manejo ambiental en los GAD

El 39% de los municipios en Ecuador bota los desechos sólidos en rellenos

Los ecuatorianos en el sector urbano desechan un promedio de 0,57 kilogramos de residuos sólidos a diario. En la Región Insular esta cifra aumenta a 0,72 kilogramos, según los últimos datos del Registro de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La presentación de las cifras se realizó la mañana de ayer en las instalaciones del INEC, en el centro de Quito.

Jorge García, representante del organismo, indicó que el levantamiento de información se realizó desde octubre de 2014 hasta julio de este año. En ese tiempo, 221 municipios entregaron información sobre el manejo de residuos sólidos de su localidad. Para el informe final se simularon los datos de Guayaquil, pues las autoridades del cantón no entregaron la información solicitada e incluso nunca respondieron los correos.

García explicó que para llenar ese vacío usaron cifras de un cantón similar, que cuenta con un número de habitantes cercano al del puerto principal.

Según la investigación, en Ecuador en 2014 se recolectaron 11.203,24 toneladas diarias de residuos sólidos, siendo la Costa la región que mayor recolección reportó, con 6.229,92 toneladas diarias.

En el país, el 39% de los municipios dispone de residuos sólidos en rellenos sanitarios, el 26% en botaderos controlados, el 23% en botaderos a cielo abierto y el 12% en celdas emergentes.

Los datos también muestran que el 52,7% de los GAD municipales no da tratamiento alguno a los desechos peligrosos que se generan en los establecimientos de salud. El resto de municipios los disponen en celdas especiales o los tratan mediante incineración.

Octavio Ponce, de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), comentó que la información servirá de herramienta para que los GAD tomen medidas sobre la forma como manejan sus residuos.

Explicó que los desechos sólidos son los objetos o materiales, que no presentan características de peligrosidad y son el resultado del consumo o uso de un bien, en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales y de servicios.

En cuanto a la cobertura de servicio de barrido que se realiza en el país, el reporte señaló que un jornalero barre, en promedio, 1,7 kilómetros diarios. En la Costa, este trabajador abarca 1,54 km por día, mientras que en la Sierra 1,91, en la Amazonía 2 km y en la Región Insular 4,53. A escala nacional, 205 municipios determinaron la longitud de las calles susceptibles por barrer en 8.542,48 km, de las cuales el 85% cuenta con ese servicio.

La población de Ecuador, según el Censo de Población y Vivienda del año 2010, era de 14’483.499 millones de habitantes, registrándose que un 77% de los hogares erradica la basura a través de carros recolectores y el restante 23% la elimina de diversas formas. Por ejemplo, la arroja a terrenos baldíos o quebradas, la quema, la entierra, la deposita en ríos, acequias o canales, etc.

Los datos provistos por el Programa Nacional de Gestión integral de Desechos Sólidos determinó que el servicio de recolección de residuos sólidos tiene una cobertura nacional promedio de 84.2% en el área urbana y de 54,1% en el área rural, la fracción no recolectada contribuye directamente a la creación de microbasurales descontrolados.

Según datos del Ministerio del Ambiente, Ecuador es un país que tiene unos 20.000 recicladores, pero pocos técnicos en residuos sólidos, por lo cual es importante “educar a la ciudadanía” para que aprenda a clasificar la basura, señaló García. Los datos ya se encuentran publicados en la página web del INEC (ecuadorencifras.gob.ec) para que la ciudadanía tenga total conocimiento al respecto. (I)