Miembros de la Preasociación “Esperanza de un Nuevo Amanecer”, afectados por las prácticas de explotación de la empresa Furukawa, entregaron ayer al Ministerio de Trabajo un manifiesto que demanda sanciones a la compañía  y la reparación integral a los empleados.

Los afectados señalan que tras cumplirse 42 días de la clausura temporal de la empresa dedicada al cultivo de abacá, esta podría reanudar sus actividades el 21 de abril, sin que el Estado haya logrado reparar o solucionar la vulneración de los derechos de las víctimas.

En el manifiesto indican que los organismos estatales -Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Servicio de Rentas Internas (SRI)- no han aplicado las sanciones correspondientes a Furukawa por la no afiliación de los trabajadores y por la falta de claridad de la situación fiscal de la empresa.

En el documento se indica que los diálogos con los representantes de la Secretaría de la Política han sido infructuosos, ya que no se han concretado los procedimientos que permitan los procesos de reparación real.

Nathaly Yépez, abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), recordó que el 18 febrero de este año, la Defensoría del Pueblo presentó el informe de vulneración de derechos de los trabajadores de Furukawa, como víctimas de esclavitud moderna.

“Por más de cinco décadas los colaboradores vivieron en condiciones infrahumanas en los campamentos de Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo”.

La jurista indicó que desde la presentación de ese documento a la fecha, el Estado adoptó como medida la suspensión temporal de la empresa.

Aclaró que, al momento, no existe ningún mecanismo de reparación efectivo para el personal. “Pedimos que la nueva fiscal del Estado Diana Salazar abra una investigación de oficio contra esta compañía”.

Los trabajadores anunciaron movilizaciones para solicitar un diálogo frontal con autoridades de alto nivel del Gobierno. (I)