Una multa por $ 7.800 y el inicio de un proceso de disolución afronta una Fundación privada ubicada en el norte de Quito, desde donde se viralizó en redes sociales un hecho violento contra una persona con discapacidad.

El Consejo Nacional para la Igualdad de las Discapacidades (Conadis) y varias instituciones informaron este miércoles 19 de febrero de 2020 los pasos dados para evitar que se repitan situaciones como esta, registrada en diciembre pasado.

Xavier Torres, titular del Conadis, precisó que el hecho se dio a conocer en internet contra una persona con discapacidad de las 12 que asistían a dicho centro.

La víctima fue identificada como un ciudadano de 20 años de edad y con un grado de discapacidad intelectual del 85% y fue ingresado en un centro diurno con convenio con el MIES.

“Desde ningún punto de vista ninguna persona con discapacidad, ni ningún ser humano, niña, niño, adolescente, adulto o que tenga una discapacidad o cualquier ciudadano debe ser agredido ni puede tener la mínima intención de que pueda provocarse una agresión”, apuntó.

Las autoridades revelaron que dicha Fundación no cumplía con los fines para los cuales fue creada y otras causales. Además, se detectaron problemas de infraestructura, baterías sanitarias en malas condiciones, aulas inadecuadas, espacios no habilitados para personas con discapacidad, ausencia de seguimiento de las personas integradas a este centro, incluidas personas en condición de escolaridad.

“No existían registros ni expedientes del grupo que se encontraba hasta ese momento en el centro; tampoco había procesos de planificación y ejecución educativa ni control de los aprendizajes a este grupo”, indicó Yolanda Villalba, secretaria de Educación en Quito.

Tampoco las instalaciones ofrecían las garantías para cuidar de la seguridad e integridad y no contaba con un permiso de funcionamiento, por lo cual se inició el proceso sancionatorio.

Por su parte, Sharian Moreno, de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo, indicó que los empleados no contaban con un contrato de trabajo, no estaban afiliadas al IESS, no recibían prestaciones ni beneficios sociales como las vacaciones, décimos y demás y los trabajadores recibían un pago inferior al salario básico unificado.

“Encontramos distintos incumplimiento en la limpieza de las instalaciones, falta de baterías sanitarias adecuadas para el centro de trabajo; no se realizó evaluación ni control de riesgo de trabajo ni a los locales ni a las personas trabajadoras”, precisó.

Trascendió que se realizarán controles y una revisión global de los permisos de funcionamiento y objetivos de todos los centros de este tipo que operan en el país, para garantizar calidad en sus servicios de calidad. En Quito Educación registra legalmente 1.500 fundaciones.

El caso fue remitido a la Fiscalía y a la Junta Metropolitana de Protección porque habrían indicios de supuesto maltrato y otros indicadores penalizados. (I)