Especial para El Telégrafo

El Foro “Hablemos de Inclusión: Desafíos para Ecuador frente a los Derechos de las Personas con Discapacidad” se desarrolló como parte de la agenda paralela a la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se realizó en Guayaquil.

En ese espacio, expertos nacionales e internacionales reflexionaron sobre los avances y retos para lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad, en todos los ámbitos de la sociedad.

Rocío de Moreno, presidenta ad honórem del Plan Toda Una Vida, sostuvo que para el Gobierno Nacional es una prioridad garantizar los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, a través del Plan Toda Una Vida. Además, hizo un recuento de todo el trabajo realizado en beneficio de este grupo de atención prioritaria desde el año 2007, mediante la Misión Manuela Espejo, que fue encabezada por el actual presidente Lenín Moreno.

“Desde que Ecuador suscribió la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se han implementado programas para visibilizar las problemáticas de las personas con discapacidad, como la Misión Solidaria Manuela Espejo, la cual se convirtió en un referente”, manifestó.

“A partir de esta -dijo- se desarrollaron programas como ‘Ecuador sin Barreras’, ferias lúdicas inclusivas ‘Juguemos sin barreras’ y la Misión Joaquín Gallegos Lara, que beneficia a 40 mil personas”.

En este trabajo hizo hincapié Isabel Maldonado, secretaria técnica del Plan Toda Una Vida, quién enfatizó la labor que realiza la Misión “Las Manuelas”, a través de la cual se brinda apoyo integral a las personas con discapacidad y sus familias, mediante un trabajo interinstitucional con varias entidades del Gobierno.

Esta política pública de atención, implementada por Ecuador, fue destacada por Gina Watson, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Ecuador, quien explicó sobre la importancia de abordar esta temática. “Mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad en el mundo, es decir, el 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad y el 3% experimenta alguna discapacidad grave”.

Cándido Cabana, Representante de AECID y del Proyecto Acortando Distancias II, destacó los avances del país en políticas de inclusión. “Ecuador a nivel de política pública y de legislación, me atrevería a decir que es uno de los países más avanzados a nivel mundial. La implementación de esa legislación es un proceso largo, costoso; sin embargo, los ecuatorianos llevan apostando desde hace muchísimos años”.

Moni Pizani, secretaria General Iberoamericana para los países andinos de la SEGIB, fue la moderadora del foro y subrayó que “espacios como estos nos invitan a intercambiar experiencias y a reflexionar sobre los avances del trabajo realizado en Ecuador en beneficio de las personas con discapacidad. Es importante reconocer la labor que realizan misiones como “Casa Para Todos”, porque hay que exportarlo”, indicó.

Con respecto a la inclusión laboral, se puso como ejemplo las leyes aprobadas en Ecuador que obligan a las empresas a contratar a personas con discapacidad.

“En Iberoamérica este grupo aportaría para el crecimiento del PIB regional entre el 8 y 11 %, a la vez que la inclusión laboral constituye una reducción en los costos fiscales y sociales”, dijo Natalia Guala, directora de Relaciones Internacionales del Grupo Social Once.

En el Foro participaron Facundo Chávez, experto de la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Ana Peláez, experta internacional en discapacidad y Alta Comisionada para la Cooperación Internacional del Grupo Social ONCE; y Catalina Vélez, presidenta del Consejo de Educación Superior, quienes expusieron y enriquecieron el debate sobre la inclusión, en el foro paralelo a la Asamblea del BID. (I)