Españolas, de pie contra la violencia de género

Han hecho falta 35 asesinatos en lo que va de año para que todos los partidos políticos de España comiencen a valorar que la violencia machista es terrorismo. Pero hará falta mucho debate para que de las palabras surja una “declaración de guerra contra el maltrato” y se encare con decisión aspectos que no aparecen en el Código Penal.

Mujeres de todo el país desfilarán el próximo 7 de noviembre por las calles de Madrid con el objetivo de que el tratamiento judicial a los asesinos de mujeres no difiera ni en una coma del que hoy se aplica a yihadistas radicales tras ser detenidos.

La alarma social provocada por la escalada de casos de violencia de género registrada entre julio y agosto –una mujer muerta a manos de su pareja o expareja cada dos días- ha unido lo que la ideología separaba. Las cifras generales son realmente aterradoras. Desde que en 2003 comenzaron a registrarse de forma exhaustiva las bajas causadas por esta brutal guerra de género no declarada en España se han producido casi 800 asesinatos, casi tantos como ETA causó en 40 años de historia.

El 98% de las víctimas son mujeres. No es casualidad que organizaciones sociales, agrupaciones feministas y partidos políticos demanden ahora que la barbarie supere el concepto legal de “violencia machista” para ser catalogada como “terrorismo”, cuyas penas incluyen la “condena de prisión permanente”, según el nuevo Código Penal español, que no es otra cosa que la cadena perpetua revisable.  

La lacra afecta a todos los sectores sociales, autóctonos, migrantes, empleados, empresarios, ricos y pobres. El último asesinato se ha conocido esta semana pero se produjo hace 10 días en Holanda. Sandra García, una vecina del municipio catalán de Sabadell, fue estrangulada por su expareja, y después enterrada, cuando intentaba recuperar a sus dos hijas gemelas. Con toda la carga que produce el caso, el mayor impacto social fue provocado por el desenlace de la desaparición denunciada el 7 de agosto en la ciudad de Cuenca de dos amigas de 24 y 26 años, Laura del Hoyo y Marina Okarynska, que cuatro días más tarde fueron encontradas semienterradas en cal viva en un paraje poco transitado. El presunto autor es el exnovio de Marina, Sergio Morate, arrestado en Rumanía a donde huyó tras perpetrar los dos asesinatos.

Un tercer caso que sucedió en Bilbao a finales de julio aún mantiene en trance a la sociedad española y en plena efervescencia investigadora a los CSI policiales. Se trata de la muerte de Leire Rodríguez, de 34 años y madre de dos hijos, a manos de su exmarido que trasladó el cadáver hasta una vía para figurar un atropello antes de lanzarse al paso de un tren. No logró este último objetivo aunque su estado es grave.

Pese a que el Gobierno de Mariano Rajoy se ha comprometido a perseguir a los maltratadores y asesinos de mujeres “hasta sus últimas consecuencias” y a hacer cumplir a los culpables “las penas judiciales impuestas” de forma íntegra, los presupuestos del Estado para el próximo año aprobados hace dos semanas por el Congreso contemplan un recorte del 17% en los recursos que venían destinándose a luchar contra los abusadores de mujeres.
La responsable institucional de la Violencia de Género, Blanca Hernández, ha defendido esta rebaja porque, en su opinión, “no solo es necesario el dinero sino también las reformas de leyes llevadas a cabo en esta Legislatura, como la asistencia jurídica a las víctimas, la consideración de los menores como víctimas directas de este tipo de violencia, la prisión permanente revisable para maltratadores o la imposibilidad de que estos cobren una pensión de viudedad”. Para Hernández no se puede hablar de una “epidemia” sino de “un claro incremento de las denuncias y los casos tienen más visibilidad en los medios de comunicación”. Al igual que en Latinoamérica, la consideración de la violencia en el seno del hogar como un asunto legítimo y privado, pasó a mejor vida en España en 1991.

La activista y académica del Instituto de la Mujer de la Universidad de Valencia, Gabriela Moriana, no se muerde la lengua cuando se trata de defender los derechos de las mujeres. Aunque reprocha al gobierno del PP dejar “siempre” en palabras los compromisos adquiridos para poner en marcha campañas efectivas de sensibilización y de no fiscalizar los mensajes sexistas que difunden los medios de comunicación privados, asegura que la mentalidad ha cambiado y que ahora “casi nadie mira hacia otro lado cuando se denuncia un caso de maltrato”. (I)