El Ministerio de Educación (MinEduc) recibió $ 38 millones como parte del primer desembolso que el Fondo Monetario Internacional (FMI) entregó al país la semana anterior.

Pero la aspiración del titular de esa Cartera de Estado, Milton Luna, es que en los siguientes desembolsos la cifra llegue a $ 100 millones este año, lo que ayudará en los programas Todos ABC y la reapertura de las escuelas rurales del país.

Luna, en entrevista con El TELÉGRAFO, valida la inquietud docente, de que la escala salarial con la que se ingresa al magisterio ($ 817), no está acorde a la preparación y exigencia demandadas.

Pero reconoce que hay un problema para abordarlo en la actual coyuntura de crisis económica nacional.

 “Apostamos por dignificar la profesión docente y por eso hay que establecer mesas que permitan evacuar necesidades acumuladas y justas; y eso contrastar con lo que al momento el Estado puede asumir”.

El principal desafío de la gestión -en la que lleva 100 días- es la reapertura paulatina de las escuelas dentro de las comunidades.

Este año 1.000 instituciones abrirán nuevamente sus puertas. Hasta el 22 de abril se tiene previsto que sean 10 instituciones educativas que beneficiarán a 234 estudiantes en el ciclo Costa 2019-2020.

A esa cifra se sumarán 60 establecimientos más en junio y hasta diciembre se espera que las 930 restantes también entren en funcionamiento.

Las provincias de la Sierra centro -Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua- abarcan la mayor cantidad de estudiantes beneficiados.

¿Cómo va el proceso para reabrir las escuelas rurales?

Avanzamos con eficiencia. Hemos encontrado los recursos y las alianzas para estructurar el proceso. Nos entusiasma la reacción que hay en las comunidades, la voluntad que existe en ellas, ya que esa es una de las condiciones para hacerlo y se ha visto que cada vez hay más pedidos en el Ministerio para que se dé la reapertura.

Ya hay un “mapeo” general que establece que entre agosto y septiembre se abrirá el mayor número.

¿Cuál es el presupuesto que se tiene para este programa?

Contamos con alrededor de $ 70 millones y esperamos el apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados para beneficiar a una población de entre 25.000 y 30.000 estudiantes.

¿Se contratarán nuevos docentes para estas escuelas o habrá una reasignación de los ya existentes?

Habrá sobre todo una reubicación de los profesores y en casos excepcionales se procederá a contratar; pero en general no se adoptará esa línea, porque hay profesores a los que se capacitará para afrontar el proceso de lo que significa una escuela multigrado en la que pocos profesores asumen las metodologías de enseñanza respectivas para este tipo de escuelas.

¿El Ministerio considerará que el docente sea parte de este entorno (pedido de las comunidades)?

En la primera fase uniremos algunas variables y elementos como que los profesores tengan experiencia en la zona, vivan en la comunidad, o no tengan que hacer mayor esfuerzo para llegar al territorio.

En una segunda y tercera fase -que será los próximos años- pensamos rehabilitar el año rural para los docentes que salgan de algunas universidades y esto será interesante porque tendremos profesores jóvenes que salgan a capacitarse con los que ya  laboran en el territorio.

Además, tenemos otras estrategias centradas en la idea de que el docente debe estar ligado a la comunidad para estructurar ese tejido social que se fue perdiendo.

¿El año rural se implementará en todas las universidades?

Arrancaremos con la Universidad Nacional de la Educación (UNAE).  Trabajamos en esta idea, pero esta vieja aspiración deberá constituirse en política pública que deberá ser una disposición para que los profesores (en formación de todas las universidades) cumplan esta modalidad como requisito para ejercer su labor, como ocurre con los médicos.

¿Qué otro aspecto le preocupa?

El tema de la evaluación es clave, queremos ir a un nuevo sistema porque se requiere que el mismo acompañe el proceso educativo de forma integral,  que contemple cómo se avanza en los temas de solidaridad, resiliencia, valores; y no solo se fije en lo académico (matemáticas, lengua y ciencias), que está bien, pero no es suficiente.

¿La carga administrativa en general debe disminuirse?

Necesitamos un sistema educativo eficiente y descentralizarlo. Queremos introducir dentro de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) el concepto de la autonomía pedagógica de los establecimientos educativos; así, cada institución podrá formar creativamente al estudiante (en base al currículo), de acuerdo a sus necesidades y la que su entorno les exige y no ajustados a un esquema rígido. Estamos caminando hacia un ministerio eficiente sin tanta carga burocrática y descentralizando su poder y su gestión.

¿Esta modificación implica una posible reforma al currículo?

Es necesario cambiar sustancialmente. Hay cosas interesantes que se han hecho, pero hay que racionalizarlas. Existen cargas impresionantes en las materias, que ni un profesor con cinco Ph.D podría asumir como ocurre en ciencias sociales o en historia; y si a eso se suma que al final el profesor debe pasar haciendo matrices, lo que al final transmitía al alumno era lo de siempre, apréndase 50 fechas y memorice.

Eso es lo que sucedió porque en la superficie hubo grandes documentos y en la práctica se repitió el mismo proceso que ocurría hace 50 o 60 años que era el memorismo.  Eso es lo que queremos cambiar, porque necesitamos personas con pensamiento crítico y eso solo se da con la adaptación del currículo desde la recreación creativa de la institución según sus capacidades y para eso se requieren profesores muy listos, proactivos y libres, pero claros con sus ideas y no atados, ni sumisos.

Si se modifica el currículo, ¿los textos escolares se revisarán?

Sí, pero este año no habría el tiempo para hacerlo; mas vamos a apostar que para el régimen Costa de 2020 ya tengamos textos con algunas de las concepciones que estamos manejando. Mientras tanto, no hay cómo dejar de imprimir los textos que ya estaban elaborados. (I)