La buena vecindad es el mayor reto a la hora de vivir en un condominio. Muchas personas optan por este estilo de vida, con el afán de sentirse más seguras, pero no todo resulta como lo soñaron.

Cristian Troya va a cumplir 18 años viviendo bajo esta modalidad. Él es presidente del conjunto John Illingworth B5, ubicado en el sector de Turubamba, al sur de Quito. Para Cristian, el vivir en un condominio exige mucho más que habitar una casa independiente.

“El estar dentro de un predio cercado permite cierta independencia, pero a su vez un efecto de autoexclusión. Y es que el cerco crea dos sociedades: la interna y la externa. Además,  relaciones personales fijas que generan cierto nivel de segregación ante lo barrial”, señaló.

“Los chicos de barrio, que eran anteriormente los que daban seguridad, ya no están más; ahora hay un guardia de seguridad que no genera confianza y a veces no se conoce a quien vive en el departamento contiguo”, admitió.
Cristian tiene presente la  última reunión que hizo su vecino, la música estridente hasta altas horas de la noche y que no lo dejó dormir.

Pese a ello, confesó que existen aspectos positivos  de vivir bajo este régimen. “El espacio de seguridad y protección que te brinda un cerramiento, la cercanía casi íntima con otras familias son una ventaja, pero la falta de privacidad y las constantes disputas son un inconveniente, lo que convierte a la convivencia en un reto”, expresó.

Marco Esparza regresó hace un mes de España para vivir en su casa ubicada en el sector de Zabala, al noroccidente de la capital, pero nunca imaginó que junto a otros vecinos tenga que vivir en zozobra porque el terreno en donde está asentado el conjunto Isabel se hunde.

El bloque 4 se está derrumbando, las paredes están cuarteadas, los pisos levantados y el daño estructural no solo es interno, sino externo. Se arrepiente de no haber adquirido un terreno y construir su casa a su gusto.

Su vecina Enma Villacrás vendió su casa situada en el Comité del Pueblo para trasladarse a este lugar donde ya vive tres años. Ella buscaba un clima cálido para pasar su vejez, pero nunca se imaginó que había hecho una mala inversión.

Los moradores del sector comentaron que el terreno en donde fueron construidas las casas antes era una laguna a donde acudía la gente a pescar. Ella adora la convivencia, pues dijo que siempre se ayudan.

El arquitecto Darío Álvarez, jefe zonal de Gestión Urbana de la Administración Zonal de Calderón, manifestó que es en esta unidad en donde se tramitan, al igual que en las otras administraciones municipales, los permisos de construcción.

De enero a mayo en esta Administración se ha solicitado la construcción de 1.149 viviendas, de las cuales 1.049 son  en conjuntos.

Comentó que las inmobiliarias deben regirse a la Ordenanza Municipal 3.746 que señala los requisitos mínimos para construir en propiedad horizontal,  entendida esta como el régimen al que se acogen proyectos que están edificados solamente en un lote.

“Se dice que solo el 13% de construcciones regulares en Quito tiene el permiso de habitabilidad”, destacó, no sin antes insistir que muchos de los constructores buscan que las casas se vean atractivas en un principio y luego se olvidan.

Jaime Rumbea, director ejecutivo de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (Apive), indicó que no existen estadísticas de cuántas personas viven en condominios y cuántas viviendas hay en esta modalidad.

Explicó que la construcción en propiedad horizontal se ha incrementado debido a que existe optimización del uso del suelo, políticas municipales y preferencias culturales.

Pese a que se pidió información al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y a la Cámara de la Construcción de Quito, los datos no fueron proporcionados. Pero según la Comisión de Justicia de la Asamblea, que llevó adelante las reformas a la Ley de Propiedad Horizontal, alrededor de 1’500.000 personas viven formalmente bajo este sistema.

Reforma legal

La Ley de Propiedad Horizontal y los reglamentos internos de los conjuntos habitacionales priman a la hora de tomar decisiones.

Antes de la reforma a la ley que  tramitó la Asamblea  semanas atrás, si un vecino no estaba de acuerdo se frenaba la iniciativa de la mayoría.

Para evitar esos roces, los legisladores convinieron en que ninguno de los copropietarios puede hacer obras que signifiquen modificaciones en la estructura resistente.  Para realizar esta clase de trabajos se necesita el consentimiento unánime de los copropietarios, el que deberá elevarse a escritura pública ante un notario.

En el caso de que se desee hacer modificaciones en la  fachada, se requerirá de la aprobación de las tres cuartas partes de los condóminos.

En cuanto a la imposición de tasas, la construcción de mejoras y cualquier alteración en los bienes comunes, se requerirán los dos tercios de los votos. La norma añade que toda reforma estructural debe ser validada por la Municipalidad.

Fundación asiste en deberes y derechos a los copropietarios

Desde 2005, la fundación Bienestar brinda asistencia técnica para mejorar la convivencia en los conjuntos. Pablo Valencia, gerente ejecutivo de la fundación, expresó que a través del programa “Buena Vecindad Urbana” se pretende que la gente que vive en condominio mantenga sus valores.

Valencia mencionó que se imparten charlas y videos con dibujos animados a los condóminos sobre la Ley y el Reglamento de Propiedad Horizontal, sobre sus deberes y derechos. “Se absuelven dudas, se ayuda a organizar directivas a que se inscriban de forma legal”, precisó.

El directivo exhortó a las constructoras a que no solo se preocupen de vender las casas o departamentos, sino que trabajen en la formación de hogares y comunidades.

Sostuvo que esta iniciativa permite llevar a la práctica la política constitucional del buen vivir, de estructurar sociedades incluyentes y sociables, pero bajo las reglas que imparte la propiedad horizontal.