Los estudiantes que cursan el bachillerato en el régimen Costa, al igual que los graduados de años anteriores, podrán registrarse desde hoy para rendir el examen Ser Bachiller. Ellos tendrán hasta el 6 de diciembre para cumplir con el proceso.

Asimismo, la toma de la prueba será del 24 al 29 de enero de 2018.

Los que cursen el colegio  tendrán hasta el 26 de enero y los bachilleres de años anteriores -y que son repetidores del examen- lo harán del 26 al 28 de enero.

El 29 de enero, en cambio, se tomará a nivel nacional a las personas que tienen una discapacidad física o problema intelectual.

La selección de la sede y la hora en la que resolverán el test se hará entre el 3 al 9 de enero de 2018.

El cronograma de fechas lo anunció ayer Adrián Bonilla, subsecretario general de Educación Superior. Él explicó que para hacer el trámite el aspirante deberá ingresar a la página www.serbachiller.ec y abrir una cuenta.

El siguiente paso es llenar una ficha con información personal y una encuesta de factores asociados que permitirá identificar la condición social de las personas que lo rendirán y si aplican a los beneficios de la política de cuotas en los centros.

“Si solo se registra  la ficha de datos y no llena la encuesta, no estará habilitado para rendir el examen. Hay que hacer ambas”.

Según Edwin Palma, subsecretario de acceso a la Educación Superior de la Senescyt, la encuesta está formada por 35 preguntas. Entre ellas mencionó tres: ¿Cómo te identificas?, ¿tienes discapacidad y en qué porcentaje? y ¿tienes acceso a los servicios básicos?

“Esta es una encuesta que siempre  ha existido, desde el ENES. Reducimos el número de interrogantes y la convertimos en obligatoria”.

Durante la apertura de las inscripciones, Bonilla aseguró que este proceso, en relación al semestre pasado, tiene mejoras.

“El test está coordinado con el Ministerio de Educación, el Registro Civil, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Jaime Roca, viceministro de Gestión Educativa del MinEduc, informó que hay 190.000 estudiantes que cursan el bachillerato unificado general (BGU) y bachillerato internacional (BI).

El resultado de la evaluación aportará con el 30% de la nota final para que el estudiante se gradúe.

Además, permitirá el acceso a las universidades, escuelas politécnicas públicas  e institutos.

La prueba online tiene 160 preguntas. El 90% de las interrogantes evalúan razonamiento y el 10% el conocimiento del joven.

Carlos Bravo, director ejecutivo del Ineval, recordó que el instrumento evalúa 5 campos: el dominio matemático, el lingüístico, científico, social y el abstracto. “Este último no es tomado en cuenta en las personas con discapacidad visual”.

Ampliación de cupos

Este año 65.000 aspirantes que rindieron el Ser Bachiller no alcanzaron un espacio.

Bonilla explicó que la ampliación de las asignaciones en el alma mater depende de varios factores: la capacidad, las necesidades de infraestructura y los recursos.

“Las políticas universitarias determinan si se amplían o reducen. Hemos detectado que en los últimos años los centros han disminuido su admisión en lugar de aumentar para que sean mejor evaluados. Hay distorsiones que se han cometido y que se deben corregir”.

Asimismo -agregó- que trabajarán en el tema de los recursos para ampliar la oferta en el 20%.

En 2016 -aseguró- la capacidad de las universidades públicas a nivel nacional fue de 77.500 cupos.

Palma explicó que entre el primer y segundo semestre del 2017 hubo un primer crecimiento de 11.500  cupos. “Solo para universidades y escuelas politécnicas se incrementó el  31,5%”.

Bonilla reconoció que ha crecido la cantidad de personas que se incorporan de bachiller.  “Esperan alrededor de 305.000 que se gradúen este año que tendrán que enfrentarse a una oferta universitaria que es menor para la cantidad de aspirantes”. (I)

Universidades suman a prevención de abuso sexual  

→Las autoridades de la educación superior se reunieron ayer en la Universidad de Guayaquil, durante el taller ‘Los derechos, el régimen sancionatorio y prevención de delitos sexuales en la comunidad’.

Marco Navas, del Consejo de Educación Superior (CES), explicó que el régimen sancionatorio se da cuando un directivo, profesor o estudiante comete una violación de derecho de la persona. “Queremos detectar los problemas. También deseamos coordinar acciones con la Fiscalía y, en lo laboral, la separación de la persona que las comete”.

El CES, en el ámbito administrativo (de 2012 a 2017), ha conocido acerca de 100 violaciones de derechos (como profesores que condicionaban las notas por dinero). “Cuatro son de acoso”.

El afectado -agrega- puede ir a Bienestar Estudiantil o directamente acudir a  la Fiscalía.

Por su parte, Adrián Bonilla, subsecretario general de Educación Superior, pidió visibilizar el problema, dar garantías a la persona que denuncia y crear normas para castigar a los infractores.

Finalmente, Gina Godoy, coordinadora zonal del Ministerio de Justicia, expresó que hablar del tema, ya es una forma de prevenir y que se debata en la academia.

“Una tarea fundamental es mirar la integralidad del sistema”. (I)

El MinEduc y colectivos de la niñez se reunieron

→Los representantes del Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del Ecuador, y el Movimiento Nacional de Niñas, Niños del Ecuador se reunieron en esta semana con el ministro de Educación, Fander Falconí, para fortalecer los derechos y acoger las propuestas en beneficio del grupo etario.

Falconí señaló que se debe orientar a los consejos estudiantiles para que, mediante ellos, se consolide la protección de los menores de edad y se aporte a la prevención de delitos en los centros académicos y en el hogar.

Desde el primer día de su gestión, el titular de Educación planteó el tratamiento de estos temas, en el marco de los ejes de trabajo de esta cartera de Estado: calidad, infraestructura y protección de derechos.

Por su parte, Nicky Bravo, coordinador nacional del Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, recalcó que la apertura del MinEduc es una muestra clara de la posición asumida por el Gobierno para promover y endurecer los códigos de convivencia en favor de los derechos de los mandantes. (I)

Cronograma de pago de jubilación no está definido

→ Fander Falconí, titular del Ministerio de Educación (MinEduc), ayer organizó un encuentro en Quito con docentes para informar sobre el pago a los jubilados.

El funcionario adelantó que hasta la próxima semana se entregarán los fondos a 1.067 docentes, pero  el acto fue interrumpido por cerca de 250 maestros que estaban en el auditorio de esa cartera de Estado. Ellos empezaron a exigir, a través de consignas, un cronograma en el que se establezca el pago de sus compensaciones por jubilación.

El profesor Hugo León, de 72 años,  fue uno de ellos. Su fuerte tono de voz llamó la atención de todos los asistentes.

“Yo asistí a este encuentro porque nos dijeron que serían buenas noticias, pero nos topamos con lo mismo. ¿Cuándo nos van a pagar a los jubilados de 2016, 2015, 2014?

Seguido de León, más docentes expusieron sus casos ante Falconí.

Norma Montúfar, quien se jubiló en 2014, padece de diabetes y problemas respiratorios. Ella trabajó por 25 años en el colegio Gonzalo Escudero. La mujer, que ocupó una de las primeras filas, indicó que cada vez que pregunta en el Ministerio sobre su proceso le piden que espere. “Hasta cuándo debo esperar? ¿Hasta cuando ya no pueda caminar o hasta cuando ya me muera?”.

Antes los reclamos y las interrogantes de los maestros,

Gissela Celi, coordinadora administrativa y financiera del MinEduc, explicó que primero se están atendiendo los pagos prioritarios, es decir a personas que superan los 70 años, que viven con alguna catastrófica o tienen una discapacidad.

Agregó que el listado de los pagos no lo determina la entidad, sino que este es un proceso que involucra al Ministerio del Trabajo y a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

Los catedráticos que no son parte de un grupo prioritario, pero que llevan entre dos y más años de jubilación, exigieron que se establezcan fechas precisas para conocer cuándo tendrán el dinero que les corresponde en sus cuentas. (I)