Más de 3 mil denuncias de estudiantes y docentes sobre cobros indebidos, violación al cogobierno y gratuidad, además de irregularidades académicas y en el proceso para elegir al rector en la Universidad Nacional de Loja (UNL) llegaron hasta las oficinas del CES (Consejo de Educación Superior) en Quito.

Luego de las investigaciones y seguimientos a las denuncias desde julio del año anterior, el CES resolvió el lunes intervenir por un año prorrogable a la UNL.

Esta institución es la más antigua de Loja, creada en 1945 y se ubica en la categoría de acreditación B. Con la UNL suman 5 las instituciones de educación superior que han sido intervenidas en el país.

Enrique Santos, miembro del CES, explicó a EL TELÉGRAFO que la Universidad Nacional de Loja incumplió varios aspectos.

Por ejemplo, no tenía constituido su organismo de cogobierno, pese a que la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) así lo dispone. El argumento de las autoridades era que no tenían aprobado el estatuto.

“No es una justificación válida porque la mayoría de las universidades públicas y privadas tienen cogobierno y algunas no tienen estatutos (...) argumentan que no podían hacer elecciones para representantes del cogobierno, pero sí lo hicieron para rectores y vicerrectores”, cuestionó Santos.

También explicó que en 2013 la universidad violó el principio de gratuidad en el cobro a más de 2 mil estudiantes en modalidad a distancia. Aún no se determina el monto.

La modalidad a distancia se ejecuta en 3 extensiones: Paltas, Huaquillas y Zaruma, y oferta 10 carreras, según la información de la UNL en su página web.

El CES también comprobó un retraso en la entrega de títulos. El Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) establece que en 30 días se debe registrar el título, pero eso no se cumplió en la institución lojana.

“Hay un caso extremo en donde un profesional se graduó hace muchos años y recién en vísperas de la intervención se procedió a registrar su título”, sostuvo Santos.

Esto se repite en casos recientes de la carrera de Enfermería, cuyos estudiantes se graduaron en enero pero hasta ahora no tienen el título registrado.

La investigación determinó además que no abrieron 9 carreras estratégicas afirmando que no había profesores.

Se descubrió que había 40 becarios con títulos de maestría que retornaron a la docencia. Esto sin considerar que el presupuesto anual de la UNL es $52 millones.

Según un informe de la universidad, del balance de gastos en 2014 colgado en su portal, más de $ 25 millones fueron destinados al pago de sueldos del personal, entre administrativos y docentes. En bienes de consumo y servicio se gastaron unos $ 3 millones.

A través de las redes sociales varios estudiantes y docentes manifestaron su respaldo a la intervención. Por ejemplo Milton Tapia León indicó vía Twitter, “los universitarios y la sociedad lojana agradecen su aporte para rescatar la UNL. La universidad se engrandece con académicos como ustedes”.

Hay quienes también se oponen a la intervención y las redes sociales son nuevamente la plataforma para expresarlo.

Es el caso del Movimiento Político Nueva Universidad, que mencionó en su cuenta de Twitter (@NUniversidadUNL) que luego de la intervención la UNL laboró normalmente y “con esa actitud digna los universitarios demostraron su rechazo a la ilegal acción resuelta por el CES”.

El domingo 7 de junio, en el blog de dicho movimiento, el rector, la vicerrectora, autoridades y funcionarios académicos expusieron un manifiesto dirigido al Presidente de la República, presidente del CES y otras autoridades de Gobierno.

En el documento señalaron, entre otras cosas, que “los positivos resultados académicos y administrativos de la Universidad Nacional de Loja, avalados por el Ceaaces (...) son una clara evidencia de que no se ha configurado ninguna de las causales que establece la LOES para justificar una intervención a nuestra Alma máter”.

El director financiero de la institución, Byron Peñarreta, manifestó que hay un grupo de personas que no rechaza la gestión del actual rector Gustavo Villacís, pero como funcionarios siguen las directrices de la autoridad, quien se pronunciará a las 10:00 de hoy, en las instalaciones de la universidad para informar por qué no comparte la decisión del Consejo de Educación Superior. (I)

4 universidades públicas están intervenidas

El lunes pasado la Universidad Nacional de Loja se convirtió en el quinto instituto de educación superior en ser intervenido académicamente por el CES (Consejo de Educación Superior).

En la misma situación se encuentran la Universidad Luis Vargas Torres (Esmeraldas), la Universidad Laica Eloy Alfaro y la Estatal del Sur, de Manabí, y la Estatal de Guayaquil.

Esta última fue intervenida en 2013 luego de receptar un total de 700 denuncias por irregularidades, de las cuales se destaca el haber incumplido con el principio de gratuidad de miles de estudiantes.

Además, la Estatal, la universidad pública más numerosa y una de las de mayor presupuesto, había subejecutado $ 67 millones y su gasto administrativo ascendía al 70%.

Hoy, asegura el miembro del CES, Enrique Santos, la situación ha cambiado. Tras un año y medio de intervención, la plantilla de docentes con títulos de cuarto nivel pasó del 36% al 74%.

Además se ha devuelto más de $ 2,2 millones a los estudiantes que pagaron la matrícula, la cual debía ser gratuita.

En lo académico hasta septiembre de 2014 se recibieron 485 denuncias y problemas, el 80% se ha resuelto.

Santos explica que los trabajos de repotenciación de la infraestructura avanzan. “Están listos los arreglos en Enfermería, Odontología y Medicina, faltan pocas cosas para cerrar el proceso, las obras representan un problema como la suspensión de clases por un tiempo, como ocurre en la Facultad de Jurisprudencia, pero en realidad todo avanza a paso firme”, sostuvo.

El miembro del CES explica que cada universidad intervenida tiene su plan de mejoras y un cronograma. (I)