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Las autoridades detectaron irregularidades en 4 hospitales

El IESS detecta supuestas irregularidades en 4 centros médicos, con pérdidas que llegarían a $ 1,5 millones

Espinosa, titular del IESS, busca que el sistema de adquisición de medicinas sea lo más eficaz posible. Foto: Daniel Molineros/El Telégrafo
Espinosa, titular del IESS, busca que el sistema de adquisición de medicinas sea lo más eficaz posible. Foto: Daniel Molineros/El Telégrafo
04 de septiembre de 2015 - 00:00 - Redacción Sociedad

El 25 de junio de este año fue la primera vez que el actual presidente del directorio del IESS, Richard Espinosa, reveló un caso de corrupción en el Seguro Social durante su gestión. En ese entonces se señaló que 8 funcionarios fueron acusados por transferir dinero de la entidad a sus cuentas personales y derivar insumos a clínicas privadas.

En este ocasión son 10 las personas detenidas, 7 en investigación y a 2 se les abrió un sumario administrativas por presuntos actos ilegales en el IESS. El Estado habría perdido alrededor de $ 1´500.000 con estas actividades. Según Espinosa, se detectaron irregularidades en 4 centros hospitalarios: José Carrasco, de Cuenca; Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil; Hospital de Ambato, y en el dispensario San Juan, de Quito.

En el primero, Espinosa indicó que se favoreció a una empresa con la compra y el sobreprecio en la adquisición de equipamiento médico que ascendería a $ 500 mil.

La sobrevaloración, según los productos contratados, comprendería un incremento de 300% y 1.000% y dentro de ellos se adquirieron 9 camas de hospitalización, 350 almohadas y fundas y 6 equipos electroquirúrgicos. “Una de las personas que se presume está involucrada es un exgerente general del hospital, para lo cual ya se han presentado las pruebas”, dijo el funcionario.

En el hospital de Cuenca existirían 12 implicados y 7 personas detenidas, de ellas 2 serían funcionarios de compras públicas y un exempleado de servicios generales. “Hay además 2 personas de una empresa que vendía insumos como almohadas y 2 personas de una empresa ficticia que no estaba registrada en la Superintendencia de Compañías, cuyo domicilio reposaba en una escuela. Al parecer no siguieron los debidos procesos de compras públicas”, añadió.

En el Hospital de Ambato se encontraría un faltante en la bodega de medicinas que bordearía los $ 549.000. “Aquí se evidenció que no cuadran los inventarios que se manejaba en el sistema de bodega y que además se encontró muestras y parte de las medicinas en un negocio particular de uno de los funcionarios, que es un centro veterinario”, dijo Espinosa.

En estas irregularidades estarían involucrados 2 funcionarios que se encuentran bajo órdenes judiciales y con medidas sustitutivas.  Se trata de un guardalmacén y de un asistente de bodega.

Mientras que en el dispensario San Juan, en Quito, habría un caso de nepotismo, y por el que ya abrió un sumario a los directores administrativo y médico de la unidad. “De repente uno de estos directores se va de vacaciones, aprovecha para dejar encargado a quien le subroga y ahí contratan a su sobrina. Es evidente que eso no puede darse y que la ley del servicio público expresamente lo prohíbe”, dijo Espinosa. El titular ordenó un cruce de datos entre los servidores del Seguro y los del Registro Civil, para evitar que se beneficie a los familiares.

Robo de medicinas

En el Teodoro Maldonado, 3 personas están acusadas y con prisión preventiva por un supuesto robo de medicinas. La modalidad en el Seguro de Guayaquil consistía en sacar los fármacos en fundas de basura desde el hospital, para luego venderlos en otras farmacias.

Debido a esto, Espinosa anunció que se contratará un sistema para la adquisición, manejo y logística de los medicamentos. “Este es un sistema que además de evitarnos pérdidas por caducidad y robo de productos, también nos va a ahorrar muchos costos por manejo de inventarios”, dijo el titular del Consejo del IESS. La plataforma costaría $ 18 millones.

A inicios de año en el Seguro de Guayaquil ya se destapó un mal manejo administrativo y un supuesto conflicto de intereses de médicos que derivaban a los pacientes a sus clínicas privadas. Espinosa asegura que los exfuncionarios fueron sancionados. (I)

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