Las violaciones y acosos sexuales contra menores en el sistema escolar son un problema que ha existido desde hace mucho tiempo, "solo que ahora la ciudadanía se anima en denunciarlos". Esa es la conclusión de Mayra Soria Escobar, fiscal de Pichincha especializada en Violencia de Género, quien analizó la problemática en torno a los recientes casos de agresiones sexuales.

En los últimos 15 días se conoció sobre un presunto caso de violación a varios niños de la Unidad Educativa réplica Aguirre Abad, en Guayaquil. En Quito, la Fiscalía anunció en conferencia de prensa sobre la detención de un presunto agresor sexual, quien se desempeñaba como profesor en una unidad educativa intercultural bilingüe al norte de la ciudad.

También se habla de otro caso en una academia privada de ballet, en el Valle de Los Chillos. En cada una de estas situaciones, el Ministerio de Educación anunció medidas administrativas y el paso para acciones legales.

Soria reconoció con pesar que este problema se ha mantenido vigente y es difícil erradicarlo. Aseguró que en la actualidad estas situaciones se visibilizan con más frecuencia, porque la gente está entendiendo que deben denunciarse. "Ahora hay herramientas y personal especializado para tratar el problema. De ahí que la gente se preocupa por denunciar los hechos", señaló.

Soria reiteró que no hay cifras oficiales sobre los casos de agresiones sexuales específicamente en los centros escolares. Por ello, se refirió a las estadísticas que manejan las Naciones Unidas. Según el organismo, una de cuatro niñas y uno de cinco niños son abusados sexualmente.

La fiscal estimó que en su jurisdicción, a la semana, ingresan entre cuatro y cinco casos de agresiones sexuales (violaciones, acoso, extorsión, grooming, etc.). "Existen cifras negras (sin registrar), porque la gente siente miedo, porque son amenazadas o porque piensan que la justicia no va a tomar medidas".

Los protocolos que cumple la Fiscalía

La funcionaria explicó que cuando se presenta este tipo de denuncias, los padres de las víctimas cuentan con dos vías: la administrativa, que corre a cargo del plantel, después la Dirección Distrital de Educación; y la penal, establecida por el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En esta última, la Fiscalía cumple un protocolo que, por sobre todas las cosas, vigila la integridad de los menores.

Las denuncias pueden presentarlas los directores, psicólogos, maestros o los padres de los agredidos. Todos o cualquiera de ellos pueden acudir a los 219 puntos de la Fiscalía que funcionan a escala nacional.

Soria reconoció que si los padres lo prefieren pueden llegar directamente a la Fiscalía para presentar su queja. Pero explicó que es recomendable acudir primero al plantel, porque el establecimiento tiene que conocer la situación para activar los protocolos, por la seguridad del resto de estudiantes.

Las autoridades del establecimiento escolar o el personal autorizado tienen que recabar la información y poner en conocimiento de la Dirección Distrital de Educación y luego denunciar en la Fiscalía.

"Si un padre presentó directamente la denuncia (en Fiscalía), las autoridades del colegio deben sumarse a la queja y dar todas las garantías para que ingresen los peritos y el personal necesario".

En esa línea, la fiscal analizó la situación en torno al caso de la Unidad Educativa réplica Aguirre Abad, que se encuentra en investigación. La directora del plantel fue destituida, porque no dio facilidades para el ingreso del personal a cargo de la investigación. 

De acuerdo con indagaciones previas, se conoció que la rectora del plantel -al enterarse del caso- pidió a la madre denunciante que "no haga un escándalo" por el nombre de la institución.

Sobre este punto, Soria recordó que la Constitución estipula que el bienestar de un menor prevalece sobre cualquier tema, por lo que no se debe poner en primer orden el prestigio de un establecimiento. "Lo que ella debió priorizar en ese momento fue el interés de los menores que eran vulnerados".

Por último, la experta recordó que la Fiscalía cuenta con 72 Unidades Especializadas de Violencia de Género. Los casos ingresan a unidades, en donde se cumplen procedimientos técnicos.

Uno de estos es la aplicación de las cámaras de Gessel, para evitar la revictimización de los niños, en donde se graba su testimonio para que el proceso legal sea menos agresivo.

Ahí, los menores dan su testimonio ante un psicólogo, que realiza las preguntas requeridas. La versión del pequeño es grabada y esas imágenes servirán de prueba ante el juez a cargo del proceso legal. (I)