El 81% de las 55 mil trabajadoras sexuales en Ecuador son madres

Aún tiene intacto en su mente el día que fue forzada por un cliente a tener relaciones sexuales. El hombre no pagó, salió del sitio y no supo más de él. Pese a sus gritos, nadie la defendió, ni el señor que la contrató ni los guardias del lugar. 

“Muchos dicen que con este trabajo se gana dinero fácil, pero le puedo decir que no hay nada más falso. Debemos tener fuerza para soportar la discriminación, el maltrato y el abuso de los dueños de los locales”, dice Marisol Luje.

Hoy todo aquello es un recuerdo, pues dejó de ser trabajadora sexual, una actividad que desempeñó durante 6 años. Hace algunos meses dejó esa vida, así como Gigi Barre, de 25 años, Cristina Calle (35) y María Muepaz (20). Ahora estas 4 mujeres se dedican a defender los derechos de sus compañeras y muy orgullosas portan chalecos como promotoras de la Red de Trabajadoras Sexuales del Ecuador.

Durante la mañana visitan los centros de salud para constatar que la atención sea adecuada y que a sus compañeras no se las “estigmatice”; también acuden a los centros nocturnos y a la calle para darles charlas, evitar que sufran violencia e incentivarlas a seguir luchando para que el trabajo sexual se regularice.

Si esto se logra, la condición de vida que tienen mejoraría un 100%. Así lo creen. Por ello, cuando escuchan sobre un posible proyecto de afiliación al Seguro Social se emocionan. Les brillan los ojos, pues están convencidas de que sería una puerta para acceder a los derechos que por décadas han buscado.

Ellas, a diferencia de muchos ciudadanos en Ecuador, no están habilitadas para acceder a un préstamo o crédito porque no pueden comprobar su estabilidad económica, no poseen certificados ni roles de pago; además, no tienen previsión para la vejez, y un alto porcentaje ya no consigue empleo por sus antecedentes. Pocas tienen vivienda propia y casi la mayoría tiene inconvenientes al momento de arrendar al no poder entregar referencias o certificados laborales. A esto se suma la carga moral de una sociedad que, según dicen, las señala y las juzga.

Fausto Cayambe, asambleísta de Alianza PAIS, cree que las trabajadoras sexuales deben ser tomadas en cuenta para la afiliación social. Si bien reconoce que hasta el momento solo se contempla este derecho para las amas de casa en el proyecto de Ley Orgánica de Justicia Laboral y Seguridad social, espera que más adelante se abra el paraguas de afiliación y se las incluya en esta ley.

Cayambe expone algunos datos. Explica que alrededor de 55 mil mujeres desarrollan esta labor en Ecuador: el 79% tiene entre 21 y 40 años y el 81% es madre y jefa de hogar a la vez.

“Tenemos la preocupación en el tema, ya se han entregado algunos datos, ahora lo que falta sería un informe técnico y la valoración financiera de cuánto costaría esto al sistema nacional de seguridad social (...). Algunas legislaciones han sido progresistas, como en el caso de España y Uruguay, que han regulado el trabajo sexual”, explicó Cayambe.

Los ejemplos sudamericanos permiten pensar que en Ecuador puede ocurrir algo parecido, con el fin de que estas trabajadoras también gocen de jubilaciones y un ingreso cuando sean adultas mayores.

En sus zapatos

Ximena Echeverría, gestora operativa de la Red de Trabajadoras Sexuales en varias provincias, cuestiona que la sociedad sea tan dura. “Se reduce a la trabajadora sexual a una única categoría. Solo se piensa que es una vagina cuando somos personas (...); misteriosamente, quienes movemos este negocio, o sea nosotras, tenemos menos acceso a todo, no hay estabilidad económica, reconocimiento social, seguridad y estabilidad”.

Gigi, quien tiene un hijo y una nueva pareja, reconoce que en la última década se registran cambios en el país. Indica que ahora todas tienen el carnet de salud para chequeos mensuales y pruebas del VIH cada 3 meses; pero aún cree que la atención debe ser más integral. “Hay problemas de oídos por el ruido, también afecciones por el humo del tabaco, cansancio, estrés y hasta problemas psicológicos. Necesitamos que los médicos nos vean con respeto, que no nos juzguen”.

A Cristina, en cambio, le preocupa la discriminación hacia los hijos de las trabajadoras sexuales y el peligro al que se exponen. Narra que muchas veces los dueños de los locales obligan a las chicas a laborar más horas de las que ellas quisieran. Les quitan el carnet de salud, los papeles de identidad y solo se los devuelven cuando han doblado las horas de trabajo.

También dice que hay ocasiones en las que funciona el ‘test’ previamente a un contrato, que consiste en que la trabajadora debe mantener relaciones sexuales con el dueño del centro y hasta con los guardias.

Muchas de ellas -además- son explotadas por  algunos de los dueños de los locales, quienes les  arriendan los cuartos, les cobran prenda (mínimo $ 50) por su uso, un valor que no les devuelven y les obligan a merendar pagando $ 20 más.

En medio de estos inconvenientes del oficio, María, quien es colombiana y ahora estudia para auxiliar de enfermería, tiene un sueño: la regularización del trabajo sexual y una afiliación justa.

“Muchas de las chicas sufren violencia, se exponen a peligros, tienen que soportar que las miren menos. Sin embargo, deben aguantar porque muchas son madres; y no solo mantienen a sus hijos, sino también a sus padres, madres y abuelos. Lo que menos quieren es sufrir más”, afirma la joven.