Nadie discute que la educación es una prioridad nacional. Los debates y foros apuntan hacia el mejoramiento de la calidad con equidad y a los aprendizajes, con docentes calificados y bien formados. La escolaridad es importante y Ecuador ha hecho esfuerzos significativos en cuanto a cobertura: más del 96% de personas acceden al sistema educativo. Pero hay una deuda pendiente: la calidad.

El ministro de Educación, Fander Falconí, en un foro organizado por El Contrato Social por la Educación plantea dos problemas que, de manera insoslayable, deben considerarse para el cambio educativo: el aumento de la desigualdad social y el deterioro del planeta. Sostiene que para superarlos la sociedad debe lograr acuerdos sanos y participativos.

No olvidemos que Ecuador tiene 17 millones de habitantes, 4 millones de estudiantes y 400.000 profesores. La mejora de la calidad –para superar las causas de la pobreza- y la incidencia en el ambiente son dos direcciones estratégicas, según el discurso oficial, en las cuales la figura del docente es clave.

Políticas públicas
Desde la década del 90, el Ecuador ha asistido a movilizaciones que dieron origen a sendos acuerdos nacionales sobre la educación, cuyo punto más alto fue la aprobación en referendo de las ocho políticas públicas, que luego se incorporaron a la Constitución de 2008 y a la Ley Orgánica de Educación. Estas políticas formaron parte del I Plan Nacional de Educación y fueron evaluadas. Los resultados evidenciaron mejoras y avances en algunos campos.

El Informe Global del Banco Mundial (BM) 2018 reconoce “un aumento importante en la tasa de escolarización en América Latina, sobre todo en primaria y secundaria, en los últimos 50 años”. Y en el caso de Ecuador, Rafael de Hoyos, ejecutivo del BM, reconoce que “Ecuador ha hecho un buen trabajo: implementó una estrategia para profesionalizar la carrera docente, con la Universidad Nacional de Educación”.

Inversiones y mejoras
A lo anterior se añaden la alta inversión pública, la recuperación de la rectoría del Ministerio de Educación, el mejoramiento de los salarios de los docentes, la implantación del sistema de evaluación y la infraestructura escolar que, con las escuelas del milenio, en las cuales se invirtieron $ 500 millones, implicaron cambios en el modelo de gestión, pero no en los sistemas de aprendizaje y en la formación inicial y continua de los docentes.

El presupuesto de educación de 2018 asciende a $ 3’400 millones de dólares –el más alto de la historia-, y de este rubro el 70% corresponde al pago del profesorado. Más de 15.000 unidades educativas existen en el país, y el 80% son fiscales. Pese a los avances en financiamiento y cobertura, Ecuador tiene asignaturas pendientes en el ámbito de la calidad educativa, que supere la exclusión y reduzca el círculo de la pobreza. Uno de los mecanismos es el nuevo Plan Decenal.

Retos para la próxima década
De lo dicho se infiere que  Ecuador ha avanzado, pero debe aplicar nuevas políticas públicas en la próxima década, mediante el diseño del segundo plan decenal con alta participación social. En este contexto, el seguimiento y monitoreo de las Metas 2021, que cuenta con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos–OEI- son relevantes.

Para el experto en temas educativos, Fausto Segovia Baus, en el gobierno anterior se dieron pasos en la planificación de largo plazo, pero se deben profundizar puntos sensibles del sistema educativo Entre los que destaca  la formación del profesorado, la evaluación atada a la calidad de los aprendizajes; la reforma integral de la escuela; el currículo ajustado a la diversidad y a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.

A ello se suma  la interculturalidad; la incorporación de las tecnologías de información y comunicación, y la lucha tenaz a eliminar las brechas actuales, que marginan y discriminan a sectores vulnerables de la población, de manera especial en los ámbitos urbano-marginal y rural, con proyectos de nutrición y estimulación temprana en la primera infancia.

El papel de la comunicación
Segovia resalta que a través de la comunicación se obtienen oportunidades para la generación de espacios que incidan en el desarrollo del pensamiento crítico. Así se puede vincular las acciones de las comunidades educativas con participación de sus actores.

El Plan Lector es una herramienta eficaz que tiene como propósitos acompañar la ejecución de las políticas educativas públicas, fomentar la participación de la ciudadanía en la construcción de cambios consensuados y el trabajo colaborativo para lograr una sociedad lectora.

Afirma que es indispensable la articulación. “Los acuerdos son importantes, pero si no están instalados en procesos articulados a la sociedad quedará solamente en obras: en infraestructura, y no logrará un cambio en la mentalidad ciudadana. (I)