Dueños de perros envenenados insisten en denunciar el hecho

A la medianoche del 31 de diciembre del año pasado, la familia Aguayo - Cáceres recibió un mensaje de voz  que decía “Feliz año ‘D Kasta’”,  seguido de risas.  

Los miembros de esta familia, dedicada al criadero de canes de raza pura,  no prestaron  atención a este mensaje, ni imaginaron lo que ocurriría. En la mañana del 1 de enero Ángel Aguayo, propietario del criadero ‘D Kasta’ ubicado en Quito, acudió al patio de su propiedad y encontró que 13 perros    bulldog francés estaban muertos en los corrales. El último de los canes, que  fue hallado con vida, falleció el viernes pasado en una clínica veterinaria. Aguayo expresa que los perros fueron asesinados con salchichas y carne envenenadas. “Me levanté a las nueve de la mañana para hacer la limpieza porque los trabajadores no iban a venir, y cuando salí ya estaban la mayoría muertos”, indica.

Ángel y su esposa, Tania Cáceres, poseen este negocio de cría de canes desde hace siete años. ‘D Kasta’ pertenece a la  Asociación Ecuatoriana de Registros Caninos (Aercan) y está reconocido por  la Federación Canina Internacional (FCI).

Los afectados acudieron a la Fiscalía en Quito y a la Policía Judicial a poner la denuncia por el hecho, pero en ninguna de las entidades fue aceptada.      “No pude presentar la denuncia, y esto es un problema, porque  hay una ley que está inactiva y no se puede hacer más; estamos de manos cruzadas”, precisa Cáceres.  

Uno de los reglamentos que prohíbe los actos dañinos contra animales es el acuerdo de Tenencia y Manejo Responsable de Perros, expedido en 2009.          

Según Jordana Valverde, presidenta de la Fundación Rescate Animal Ecuador, a pesar de existir este reglamento emitido por el Ministerio de Salud y otras ordenanzas municipales que  controlan y sancionan el maltrato a los animales, las normas no se cumplen.      

Considera que aún falta socializar esta normativa para que  puedan ejercer y ejecutarla los actores sociales involucrados.

Con la muerte de los animales, el criadero perdió cerca de 37.000 dólares, puesto que se trataba de perros de raza e importados de  Perú,  Colombia y España.

Los esposos Aguayo-Cáceres indican que demandarán al posible sospechoso, por los prejuicios causados al negocio. 

Con respecto a la denuncia que no fue aceptada en la Fiscalía, Gina Godoy, vicepresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, indica que en esta instancia solo es posible denunciar delitos contra personas. En el caso de los animales se trata de una contravención que puede ser denunciada ante autoridades sanitarias o comisarías de salud.      

Godoy destaca que el artículo 249 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), aprobado por la Asamblea y   en manos del Ejecutivo,  sanciona con una pena de 100 a 150 horas de servicio comunitario y hasta con prisión a quienes maltraten a mascotas o animales de compañía.