Después de París... todo es un tema de números y cifras

La participación

La presencia de 196 delegaciones y 132 jefes de Estado y de Gobierno solo confirma que el cambio climático es tal vez uno de los temas más importantes para el presente, futuro y la existencia misma de la humanidad. Sin embargo, ese gran respaldo político y la euforia al final de la COP21 no borran todas las deudas que quedaron pendientes. No solo se trata de no haber logrado recursos suficientes para frenar los efectos devastadores del cambio climático o el acceso a tecnologías no contaminantes. Se trata sobre todo de que no logramos la adopción de compromisos vinculantes concretos y medibles en el Acuerdo de París. No se logró porque lo que está en juego es la transformación de las formas de producir y consumir las dinámicas del mercado y el comercio, incluso los derechos de propiedad intelectual relacionados con el acceso a las tecnologías limpias. En suma, lo que está en juego en realidad para frenar el cambio climático son las relaciones de poder y una nueva arquitectura geopolítica.  

La temperatura global

En cuanto al incremento de la temperatura global, el Acuerdo de París usa un lenguaje ambiguo. Se señala que se limitará el incremento de la temperatura muy por debajo de los 2 grados centígrados y que se harán esfuerzos para limitar dicho aumento a 1,5 grados. Esto se plantea como una meta global en el acuerdo, pero nadie dice qué esfuerzos y de quién y en cuánto tiempo. Esto a pesar de que el Panel Intergubernamental de Expertos en  Cambio Climático establece que un incremento mayor a 1,5 grados sería devastador y haría desaparecer territorios enteros, sobre todo los pequeños estados insulares.

La meta mundial de reducción de  emisiones  

El Acuerdo de París no señala con claridad, como sí lo hacía el Protocolo de Kioto, las obligaciones individuales de reducción de emisiones de los países desarrollados. Ahora, en cambio, todos los países, incluidos los países en desarrollo, como Ecuador, deberán asumir como obligatorias las contribuciones previstas nacionalmente determinadas (Intended Nationally Determined Contributions-INDCs) que fueron inicialmente establecidas de manera voluntaria. Sin embargo, a pesar de que 160 países + la Unión Europea han presentado ya sus compromisos de reducción de emisiones contaminantes, la suma de todas estas reducciones alcanzaría apenas para frenar el incremento de la temperatura mundial en 3 grados, es decir muy lejos de la meta planteada en el mismo Acuerdo de París que establece 2 grados. Con esto, la seguridad humana y su existencia  dependerán por un lado del cumplimiento efectivo de las reducciones actuales y de nuevos compromisos de reducción. Por ello tendremos que continuar exigiendo a los países industrializados que realmente se comprometan a cortar drásticamente sus emisiones de gases contaminantes.  

Lamentablemente, la distancia entre lo deseable y los compromisos concretos de reducción de las emisiones actuales podría tener un efecto terrible que pondría en riesgo la existencia humana en el planeta. Hay que preguntarse entonces ¿cómo pasamos de responsabilidades claras y medibles de reducción obligatoria por parte de los países desarrollados en el Protocolo de Kioto al sistema de actuales INDCs, que terminan repartiendo el peso de la responsabilidad  a todos por igual, con un mayor peso en las economías de los países en desarrollo y borrando de un brochazo la deuda climática histórica de unos pocos países y de algunas transnacionales?

El financiamiento

Para que los países en desarrollo puedan hacerle frente a los embates del cambio climático se había acordado un compromiso de provisión de recursos por un monto de $ 100.000 millones al año a partir de 2020 a través del Fondo Verde Climático. Sin embargo, la presión de los países desarrollados en las negociaciones del Acuerdo de París logró eliminar el mandato de que los recursos sean nuevos, adicionales y que se diga con claridad quién va a entregar esos recursos y en qué período. En París apenas se acordó que en el año 2025 se establecerá una nueva meta conjunta a partir de los 100 mil millones, cantidad por cierto aún inexistente. Paradójicamente,  suponiendo si se llegara a invertir este monto en 2020, esta cifra está muy por debajo de la suma de 300.000 millones anuales identificada por los propios países para poder cumplir con sus compromisos actuales de reducción.

El cumplimiento  

Los países que se sumaron al acuerdo tendrán hasta abril de 2016 para ratificarlo. Para que entre en vigor las ratificaciones deberán incluir 55 Partes de la Convención y ser equivalentes al 55% de las emisiones globales. Cabe preguntarse entonces, ¿qué pasará si hasta abril no ratifica este acuerdo Estados Unidos, país responsable de más del 25% del total de emisiones históricas en el planeta, o con China que es responsable del 25% de las emisiones actuales? Si las potencias no lo ratifican, el esfuerzo y los compromisos de París serán en vano. Es claro que el Acuerdo de París no le hace justicia a la responsabilidad histórica en las emisiones de gases de efecto invernadero, no tiene metas, ni compromisos cuantitativos de reducción de emisiones de largo plazo, ni obligaciones de provisión de financiamiento.

Y por último, no hay claridad en cuáles serán los mecanismos de compensación por pérdidas y daños, ni las sanciones que podrán aplicarse a quienes incumplan las pocas obligaciones y compromisos asumidos. Todo esto hace imperativo pensar en la propuesta que llevó el presidente Correa de crear una Corte de Justicia Ambiental. Mientras no tengamos una corte entonces nos queda el juicio y la mirada de los más vulnerables, de los pobres, de los más de 50 millones de refugiados climáticos que por cierto crecen día a día. (O)