Carteles con pedidos de ayuda al presidente Rafael Correa y gritos como “¡Qué se vaya el director!” o “¡Fuera los pipones!”, fueron parte del plantón que se realizó el pasado viernes 24 de agosto en los exteriores de la oficina local del Instituto Nacional de Higiene (INH) como medida de protesta por los 27  despidos que se han dado en la institución desde mayo de este año.

Una de las afectadas que participó en la protesta es  Gabriela Luna, quien trabajaba en el área de Registro Sanitario de Alimentos desde enero pasado. “Fuimos despedidos intempestivamente, pese a que el contrato rige hasta el 29 de diciembre de este año, con la explicación de que no hay partida presupuestaria”, decía la joven que trabajó como secretaria digitadora hasta ese día. 

“Mi contrato rige desde el 1 de abril, hasta finales de diciembre. Nos adeudan enero, febrero y marzo”, agregó con indignación.

Según explicaron ella y otras personas afectadas, el despido se ha hecho efectivo por medio de un documento denominado “acción de personal” que fue entregado a cada uno de los ex trabajadores, en el que según indican, hay inconsistencias e irregularidades. El argumento para los despidos, detallan, sería una supuesta falta de presupuesto.

“En este documento se dice que constamos en una partida presupuestaria, y sin embargo ya no pueden pagarnos. Sabemos que está entrando nuevo personal. Algunos de ellos con nombramiento y buenos sueldos. Los directivos no nos dan la cara”, dijo Sara, quien prefirió omitir su apellido por temor.

“Yo participé en el plantón anterior y me despidieron. En todos lados nos toman fotos, nos graban, nos sentimos en un centro carcelario cuando nosotros solo estamos reclamando nuestros derechos”, decía, al tiempo que señalaba una cámara de fotos que se asomaba y fotografiaba desde la parte más alta del edificio, hasta la zona donde se encontraban los manifestantes.

“Si ve, si ve. Así es como toman fotos para luego tomar represalias”, se quejaba Sara.
Más allá de los reclamos, los trabajadores tienen documentos en los que se explica su situación laboral.
El contrato de servicios ocasionales con el que los ex empleados fueron acogidos en estos puestos, sostiene en su cláusula quinta -el apartado referente a su terminación- que el Instituto Nacional de Higiene podrá darlo por concluido “previo informe técnico justificativo del jefe de área o de la unidad de administración de talento humano”.   Esto, según Marilyn Salcedo, es algo  no se está cumpliendo.

“Cuando llegan las acciones de personal, llegan con una carta corta de la Coordinadora de Talento Humano, que indica que se da por terminado el contrato de servicios ocasionales. ¿Dónde esta el informe que se exige en el mismo contrato?”, argumenta esta trabajadora del Archivo de Registro Sanitario, quien tiene 8 años de labores y a quien aún no se le notifica su despido. Ella se ha  transformado en la vocera de la causa de los empleados del INH.  

“Nos hablan de la falta de presupuesto y en la cláusula primera, en la parte de los antecedentes, dice claramente que existen los recursos económicos disponibles para las contrataciones, que constan en la partida No. 510-510, denominada Servicios Personales por Contrato”.

“Nosotros queremos que las autoridades hablen con nosotros, no con los directores del INH, pero la Ministra dijo que le mandemos un mensaje pidiendo una cita”, sostiene Salcedo.       

“Esto es por querer cumplir pactos políticos, por lo que empiezan a maltratar y despedir gente”, sostiene Manuel Quimí, del área de Inmunología y ex secretario de la Asociación de Trabajadores del INH.  Un criterio con el que Salcedo concuerda:  “Todas las personas que han ingresado desde mayo, pertenecen al grupo ABA (Alianza Bolivariana Alfarista). Lo sé porque los veo cuando se van a esas reuniones los jueves. Y porque han afiliado a varios compañeros contratados aquí. De hecho, personalmente uno de ellos me ofreció darme hasta el nombramiento. Yo les dije que si no lo tienen ellos cómo me lo van a dar a mí”.

Para el abogado Kléber Alvarado, especialista en Derecho Laboral, este es  un despido intempestivo que viola el debido proceso.  “Se trata de  una violación al debido proceso -que está garantizado en la Constitución- porque todo despido debe ser motivado. En este caso, eso consta como parte del contrato”, explica.

Según dice, la ley viabiliza a quienes se sienten perjudicados por esta serie de despidos  a presentar  una acción de protección por la supuesta violación de sus derechos, con la cual se  garantizaría el derecho al trabajo.

“Al igual que toda institución pública, hay contratos ocasionales que sirven para alguna actividad específica. Cuando esa actividad cesa, ya no se requiere, uno tiene (que)  optimizar recursos y no continuar con esos servicios”, sostuvo al respecto el Director Nacional de Instituto de Higiene, Juan Carlos Pérez.
Según dijo, estos recortes de personal no obedecen a una falta de presupuesto. 

El Decreto 1290 dividió al Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Izquieta Pérez en dos organismos.   Uno será el Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública (INSPI) y el otro, la  Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA). 

El otro, el Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública (INSPI) estará  encargado de ejecutar procesos   bajo los lineamientos emitidos por el Ministerio de  Salud y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).