Jefferson Suárez está por egresar de un colegio porteño, y su mayor interés es realizar estudios de Periodismo en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG). Durante los meses de noviembre y diciembre, visitó no solo esa sino varias casas de estudio para cotizar precios de matrícula.

“Previamente tuve que ver la localización de los centros educativos y vi que la Católica me queda mucho más a la mano”, afirma, y el único comentario que agrega acerca de las implicaciones académicas es que, a su parecer, “la educación en universidades particulares es superior a la del  sistema público”.

Hay, de cualquier forma, un asunto mucho más urgente  para este muchacho oriundo de Milagro: el financiamiento. Sabe que el  abanico de entidades que pueden ayudarlo es amplio, pero debe moverse bien y rápido.

Además del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE), existen fundaciones sin fines de lucro y entidades bancarias a los que se puede acudir. Según varias autoridades universitarias, actualmente no hay pretextos para dejar de ingresar a los centros académicos de tercer y cuarto nivel.

En el caso de las universidades particulares, según los docentes consultados, entre el 25% y 30% de quienes buscan ingresar a estas unidades requieren financiamiento a largo plazo. Mientras que en las universidades públicas, el crédito, aunque ya no para las carreras sino para material didáctico, es buscado al menos por el 60% de los estudiantes.

Opciones de crédito

Si bien existen opciones en entidades bancarias, fundaciones, e incluso instancias municipales (como el proyecto ABC del Cabildo de Quito), la gran mayoría de bachilleres se inclina por las estatales.

El IECE, por ejemplo, otorga préstamos de hasta $ 13.200 para realizar estudios de pregrado, maestrías y doctorados en el país, y hasta de $ 26.400 en el exterior.

El crédito que cubre el 100% de la carrera es de recuperación inmediata, es decir, el 40% del monto se paga en los años de estudio y el 60%, incluyendo capital e intereses, cuando se culmina la carrera. En cambio, el préstamo normal (que cubre parte de la  colegiatura) se paga a largo plazo; es decir, su cancelación total se da cuando se terminen los estudios.

El interés varía dependiendo del plazo y los montos solicitados. Por ejemplo, en el primer año de recuperación del crédito, la tasa de interés será del 6,51%; para el segundo, 8,34%; y a partir del tercer año, 10,18%. El seguro de desgravamen (que paga el monto del valor pendiente si fallece el deudor principal) lo cancelará el beneficiario durante el tiempo de recuperación del crédito.

Para Washington Aguirre, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, el punto más crítico en el proceso de conseguir un crédito, aun si se aplica a una entidad estatal, es tener a la mano un garante.

“Las instituciones privadas son más exigentes en cuanto a requisitos”, dice Aguirre. El Banco de Guayaquil, por ejemplo, que otorga créditos solo para estudios de cuarto nivel, solicita estabilidad laboral tanto al beneficiario como al garante; mientras que el IECE, independientemente de si se tiene trabajo o no, exige que el garante tenga respaldo patrimonial, pero esto no se aplica a los bachilleres.

“Precisamente la exigencia de estabilidad laboral es lo que limita las opciones del bachiller en el ámbito privado”, manifiesta Aguirre.

Esta situación también incide en  que el estudiante proveniente de un colegio fiscal y, generalmente, con recursos limitados, se incline más por la educación pública antes que asumir demasiados compromisos económicos para desarrollar una carrera en las universidades particulares.

En las unidades autofinanciadas y cofinanciadas, los valores a cancelar por matrícula y pensión varían dependiendo del plantel de donde egresa el estudiante, o si es la primera carrera que escoge. La gama es amplia y existen opciones desde $ 400 (Universidad Católica de Azuay) hasta $ 4.000 (Universidad Casa Grande), por cada semestre.  

“Pese a las facilidades económicas que implica la educación gratuita”, continúa Aguirre, “esto no quiere decir que el bachiller que opta por la educación pública no tiene necesidad de un crédito”.

En las universidades públicas el beneficiario suele solicitar el financiamiento para elementos de estudio: la adquisición de computadoras, libros y otros materiales.

Responsabilidad académica

Si bien hay mayor interés por apoyar a los bachilleres, existe un compromiso -aparte del pago del crédito- que el estudiante deberá cumplir si quiere mantener y obtener beneficios: un excelente rendimiento académico. Víctor González, oriundo de Quevedo, planea seguir la carrera de medicina en la Universidad de Guayaquil. El primer paso ya está dado: se inscribió en el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.

Hace 3 años, el joven perdió a su padre y desde entonces ha trabajado en un local comercial de propiedad de su familia. “No quiero ser una carga para mi mamá, así que debo asegurar mis materiales de estudio”, acota González.

Cuenta que buscó opciones de crédito, pero fue solo en el IECE en donde no le pidieron tantos requisitos. “En otros lugares me piden hasta ser un estudiante excelente”, asevera González, y añade  que, de todas maneras, tendrá que reportar su rendimiento académico.

Ocurre que cualquiera que sea la alternativa crediticia escogida, los estudiantes deben entregar reportes de sus calificaciones, las cuales tienen que ser equivalentes al menos a 8 sobre 10 puntos.

En fundaciones como Leonidas Ortega y Wilson Popenoe, por ejemplo, la excelencia académica es indispensable. Esta última ha ayudado, desde 1985, a más de 750 ecuatorianos a convertirse en estudiantes de la Universidad Agrícola Zamorano (Honduras).

Cecilio Jalil, su presidente, explica que los estudiantes deben tener buenas calificaciones en el nivel secundario y rendir una prueba de admisión si desean obtener apoyo financiero. “También son evaluados año a año y de su rendimiento académico depende la estabilidad de la ayuda”, enfatiza.

Actualmente, la fundación se limita a asesoría sobre las alternativas financieras reembolsables, como postulación a  becas (parciales o completas), créditos en el IECE, becas en Honduras o un préstamo bancario en Consulcrédito, a 10 años plazo.

En la fundación Leonidas Ortega Moreira, por otro lado,  existen convenios con universidades como la UCSG, Casa Grande, Espíritu Santo, entre otras, para financiar desde el 50% del valor total de la carrera, a través de becas.

María Acosta, directora de becas de la entidad, indica que los bachilleres que desean aplicar a este programa deben también asumir un compromiso social. Además de mantenerse con un promedio sobresaliente (al menos 8/10) por cada semestre, los becarios y sus familias realizan actividades de acción comunitaria en los proyectos sociales de la fundación.

Estos incluyen capacitación a docentes, asistencia académica y labores de apoyo en comunidades rurales y urbano-marginales. “También pueden formar parte de la  Asociación de Becarios, un espacio de aprendizaje que les permite fortalecer valores democráticos, actitudes de liderazgo y virtudes de compañerismo”, añade.

Para aspirar a una beca de la fundación Leonidas Ortega Moreira, aparte de  ser un destacado estudiante, es necesario asistir a las charlas de información donde se explica el proceso del sistema, los requisitos, el fondo de becas, formatos y documentos a entregar.

Las universidades particulares también han mostrado interés por “captar” a los estudiantes que egresan de los colegios, otorgando beneficios y descuentos por méritos académicos y condiciones de salud.

En Ecotec, por ejemplo, existen convenios con varios planteles públicos y particulares mediante los cuales se otorgan descuentos de hasta el 25% en el valor de las carreras.

Jorge Ycaza Macías, director de Admisiones y Bienestar Estudiantil de dicha institución, agrega  que también hay  descuentos especiales para las personas con discapacidad (40%) y para familiares de estudiantes (20%).

En el caso de los alumnos destacados de los colegios, se les otorga un descuento del 50% en el propedéutico. “Es deber de los alumnos mantener y ampliar los beneficios con su buen rendimiento”, concluye Ycaza.

Crecimiento de la inversión

Ronald Verdesoto Gaibor, subgerente general del IECE, afirma que las universidades públicas son las más requeridas por los bachilleres. Hasta noviembre de 2011, la entidad otorgó más de 13.860 créditos educativos, por un monto superior a los $ 101 millones.

La cifra incluye el financiamiento de estudios de pregrado, posgrado y capacitación profesional, y superó por más de $ 15 millones la cifra que inicialmente  el IECE proyectó, dentro del mismo lapso ($ 85 millones), lo que representa un crecimiento crediticio del 18%. “La planificación en materia de colocación de créditos obtendrá el cumplimiento del 95% en relación con las metas proyectadas”, manifiesta Verdesoto.

En efecto, para finales de diciembre, el IECE había aumentado los montos de inversión en crédito educativo por un valor superior a los $ 9 millones. Aquello implica que durante el año 2011 el IECE invirtió más de $ 110 millones en crédito estudiantil. Por ende, el crecimiento de la inversión en créditos educativos superó en un 21% a lo inicialmente planteado como inversión global al  término de 2011.

Pichincha, con el 27%, es la provincia a la que más financiamiento se le ha otorgado (3.749 créditos, equivalentes a $ 35 millones), mientras que a Guayas se entregó el 13% (1.738 créditos educativos) y a Loja el 9% (1.177 créditos).

El subgerente general del IECE estima que, de los 170.000 bachilleres que egresarán de los colegios en todo el país, la mayoría se inclinará por buscar financiamiento, total o parcial, para costear la carrera o la manutención durante el período de estudio (útiles, alojamiento, computadoras).

Sin embargo, asegura Verdesoto, hay que hacer una diferenciación para evitar el mal uso de los créditos. “No todos los bachilleres son aptos para ingresar a la educación superior”, señala.

El funcionario del IECE admite, en ese sentido, que en anteriores años hubo estudiantes que, tras solicitar financiamiento, abandonaron las carreras por diversas razones.

El índice de morosidad por financiamiento educativo en el país se ubica en el 9% (en América Latina es de 30%), lo que, a decir de las autoridades del IECE, se ha conseguido gracias al manejo eficiente del sistema de cobranzas.

De acuerdo con los estados de planificación organizacional proyectados hacia el año 2012, la institución desarrollará una masiva colocación del crédito educativo.