Las universidades privadas son definidas como espacios sin fines de lucro en el artículo 89 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). En el mismo cuerpo legal se especifica que todos los recursos deberán ser reinvertidos y que en el pago de aranceles se deberá tomar en cuenta la realidad socioeconómica de los estudiantes.

Pero esto no siempre ocurre en Ecuador y las universidades privadas, como la UDLA y la PUCE de Quito, han elevado sus costos perjudicando a varios alumnos que han tenido que dejar la carrera. Con el fin de asegura que los jóvenes concluyan el ciclo de pregrado fue expedido el reglamento de regulación de aranceles, establecido y aprobado por el Consejo de Educación Superior (CES).     

En el caso de la UDLA, sus autoridades reconocieron el error en el alza de la matrícula y han dicho que devolverán los valores en notas de crédito para ser usados en pagos posteriores.   

¿El reglamento reúne las voces de todos los actores de la educación superior privada?

La norma fue ampliamente debatida y dialogada con las autoridades y estudiantes. Sacamos un reglamento provisional en 2014, estableciendo que no se podía subir los aranceles más allá de la inflación. Lo que hemos notado también es que la matrícula en el sistema de educación superior público ha crecido en alrededor de 140 mil alumnos. Pero no es importante solo el incremento sino que la educación se ha democratizado, el 20% de los ingresos corresponde al sector más más pobre, como indígenas y afroecuatorianos.

¿Esa democratización también ha incluido a las universidades privadas?

No, en las universidades particulares no se da el proceso de democratización y sigue existiendo una elitización, principalmente por la barrera económica del ingreso. El 70% de la matrícula viene del 30% más rico de las familias del país.   

¿Cómo explicamos esas cifras a nivel general y de la región?

En promedio, las familias pagan hasta $ 5.400 por año en las universidades privadas. Esto convierte a Ecuador en el país con los cobros más altos en función de los ingresos de un hogar. Es decir que terminan pagando hasta el 86% del ingreso per cápita en la educación privada, un porcentaje altísimo en comparación con los otros países de la región, donde se registran gastos del 30% y el 40% de los ingresos per cápita.  

¿Cuál fue el papel de los alumnos en la construcción del nuevo reglamento?

Se mantuvieron conversaciones con los jóvenes y los dirigentes de las universidades, ya que hubo denuncias públicas. Como Consejo de Educación Superior actuamos para evitar potenciales deserciones debido al incremento en los aranceles, prevenir futuros  endeudamientos, ya que por financiarse la carrera muchos han pedido préstamos. También con el reglamento se evita la ampliación de los tiempos de educación, es decir si debían terminar en 4 años, como no tenían dinero para solventar la carrera lo hacían en 5 o 6 años, alterando así la planificación de vida y sus ingresos.

¿La normativa permitirá entonces una planificación real del costo de la carrera?

Efectivamente, era importante regular el tema para que no existan abusos en los cobros. La matrícula no podrá exceder el 10% de los aranceles al año, y los derechos no podrán ser mayores al 10% de la matrícula.
Además, los derechos deben estar en función de los servicios que dan las instituciones. Ahora el estudiante puede planificar en función de la información de la que dispone. Los alumnos nuevos tampoco pagarán más, al menos que la universidad presente una justificación y esta sea aprobada por el CES.   

¿El rubro por derechos o servicios elevaba el costo de la matrícula de forma significativa?

Algo que es importante es que los derechos por uso de laboratorios o titulación, antes cobrados, dejan de ser obligatorios. Ninguna universidad puede aumentar el costo de estos derechos, habíamos evidenciado que existían hasta 40 aranceles distintos, lo que elevaba el costo de la carrera.

¿Cuánto se ahorrará entonces un estudiante con la normativa aprobada?

El reglamento implica una reducción de 20 puntos porcentuales en la matrícula y las familias pagarán hasta el 75% menos en el rubro de derechos. Por ejemplo un estudiante universitario que, en promedio, con todos los derechos incluidos, pagaba $1.400 por semestre, con este reglamento pagará alrededor de $250. Esto va a impactar favorablemente en el hogar.

La justificación de los dueños y rectores de las universidades privadas, para la elevación de la matrícula y aranceles, siempre fue el mejoramiento de la infraestructura. ¿Cómo se controlará esto?

El reglamento es claro y establece que el cobro de las universidades tiene que ser en función del costo promedio de las carreras ponderado por la matrícula, y dentro de esto se pueden incluir las mejoras en la institución a lo largo de algún tiempo. No puede ser eso trasladado a un solo momento como han hecho algunas universidades. No es que se limita la posibilidad de hacer mejoras, sino que esto debe estar incluido en el costo promedio a cobrar.

¿La resolución que se tomó en el caso de la UDLA sienta un precedente para el resto de universidades en el país?

Claro que genera un precedente en la sociedad ecuatoriana porque claramente se expresa la devolución de los excesos cobrados a los universitarios. Se ejecuta la normativa para garantizar que la educación sea un derecho y se establece que las universidades no pueden tener fines de lucro.
También queda constancia de que cuando se violan las normas y se afectan los derechos de los estudiantes, existe una institución como el CES que está allí para salvaguardar los intereses de los jóvenes, a fin de que puedan continuar con su educación.

¿Ahora es el turno de la UDLA de fijar el monto a devolver a los estudiantes?

Ellos van a fijar el monto a devolver, pero lo deben hacer en el marco  que señala la regulación. Es decir no podían subir más allá del porcentaje de la inflación de 2014. No es que van a devolver $100 o $50; porque en este caso la matrícula excedió los límites establecidos por el CES y obviamente deberán devolver en función del cumplimiento de la norma. La UDLA tiene un plazo hasta el 19 de este mes, para presentar el plan de devolución de los dineros cobrados excesivamente en este segundo período de 2015.

¿Cómo pueden denunciar los estudiantes en caso de nuevos abusos en las universidades?
Hemos establecido el mecanismo de denuncias a través del correo [email protected] y mediante lo recibido pedimos información a las universidades y así tomamos las decisiones. Este organismo pidió datos sobre el incremento de aranceles y matrículas a 13 de las 27 universidades privadas del país. (I)