Comisión indagará abusos sexuales en colegios

El pleno de la Asamblea Nacional, por sugerencia del Consejo de Administración Legislativa (CAL), conformará mañana una comisión ocasional que investigará todos los casos de abusos sexuales que se han producido en los establecimientos educativos del país. La sesión se desarrollará en Guayaquil.

Esto a propósito del sonado caso de 41 niños y niñas violentados en una aula de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (Aampetra), al sur de Quito, y cuyos padres se reunieron en días pasados con el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano.

Como se recordará, el profesor  José Negrete, autor del delito, tiene una sentencia de 16 años; y las víctimas  recibieron disculpas públicas por parte de la institución.

Por ello, la comisión se denominará Aampetra, y según Serrano tendrá todo el respaldo para investigar los casos de abusos sexuales.

“De ser el caso se propondrán las medidas legislativas y de fiscalización que sean necesarias para prevenir estos delitos abominables”, puntualizó Serrano.

La comisión será integrada por un máximo de 9 asambleístas, y podría incluso ampliar su visión a temas concernientes al acoso y violencia escolar como el bullying. 

“Todo dependerá de cómo se desarrolle el debate y las propuestas que propongan los asambleístas”, comentó Carlos Bergmann, segundo vicepresidente de la Asamblea.

Desde 2011, la Fiscalía intensificó la persecución de los delitos sexuales en el ámbito educativo con la firma de un convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Educación y el Consejo de la Judicatura. El informe de este Comité Técnico reveló que entre 2012 y 2014 se registraron 343 denuncias de delitos sexuales dentro del sistema educativo; en 2015 fueron 152 y hasta julio del año pasado se contabilizaron 33.

En 2016 el Ministerio de Educación receptó 356 denuncias por delitos sexuales, de estos el 98% está en proceso de investigación en la Fiscalía y el 2% obtuvo sentencia.

Este mismo Comité en 2015 reportó 264 delitos sexuales que fueron conocidos en el espacio educativo (no necesariamente cometidos en estos lugares) y de ellos 152 se perpetraron dentro del espacio educativo; pero solo 24 fueron denunciados por las autoridades educativas de los colegios.

“Eso nos llama mucho la atención porque de alguna manera debemos obligarnos a repensar las hojas de ruta y los protocolos establecidos, ya que al parecer no están cumpliendo con el objetivo deseado”, expresó Sibel Martínez, representante del Grupo Rescate Escolar.

Martínez cree que la conformación de esta comisión es una gran oportunidad para reglamentar toda la violencia que viven los alumnos en el sistema educativo.

“Hablamos de abuso sexual, pero también existe el acoso escolar, el ciberacoso, hostigamiento académico, que aunque no está visibilizado está presente y hace mucho daño a nuestros niños y jóvenes”.

Sobre este aspecto, el estudio desarrollado en 2015, “Una mirada en profundidad al acoso escolar” hecho  por Unicef, Word Vision y el Ministerio de Educación reveló que jóvenes de entre 11 y 18 años reportan haber sido víctima de algún acto violento. La investigación mostró además que 1 de cada 10 estudiantes que son acosados por difusión de rumores o secretos pensó en quitarse la vida. La cifra se eleva a 16% en el caso de las mujeres y disminuye a 7% cuando se trata de hombres.

“Hoy tenemos la oportunidad de trabajar una verdadera política pública de prevención, atención y reparación integral de la violencia escolar en todas sus formas”.

Según Martínez la legislación nacional vigente no contempla la definición de ciertas formas de violencia y por ello su organización retomará la ley que en 2013 presentó a la Asamblea Nacional. Además esperan que la nueva comisión legislativa elabore estudios estadísticos y de investigación que permitan conocer con claridad todos los temas de acoso escolar. 

Instructivo de actuación

El mes pasado, el Ministerio de Educación estableció un instructivo de actuación para atender a los niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual en establecimientos educativos. Esto debido a varios casos denunciados ante la opinión pública como ‘El Principito’ en el que un niño de 6 años presuntamente fue abusado por un profesor en una institución particular. También está el ocurrido supuestamente en una institución fiscal de Carcelén, donde una niña de 6 años habría sido abusada sexualmente por su maestro. Además los padres de los estudiantes abusados en Aampetra expresaron su malestar por la falta de colaboración de las autoridades, que antepusieron el prestigio institucional a la seguridad estudiantil.

Uno de los padres, en su momento, dijo: “Hemos venido a dar nuestro pésame porque no hemos tenido ningún reparo, ningún apoyo por parte de la institución. Queremos dejar un precedente”.

Por ello el instructivo indica que toda persona que tenga conocimiento de presuntas infracciones de tipo sexual cometidas por autoridades, docentes, trabajadores, directivos o terceros,  deberá informar inmediatamente a las autoridades del establecimiento educativo.

Además fija la obligatoriedad de que el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) brinde apoyo emocional y psicológico tanto a la víctima como a su familia.

El manual también establece la necesidad de que la autoridad del establecimiento y su similar del distrito colaboren en la investigación del caso y siempre prevalezca el “interés superior del menor” y que se realice un seguimiento al dictamen acusatorio.

Más aliados institucionales

La fiscal Mayra Soria, quien investigó el caso Aampetra, considera positiva la creación de esta comisión legislativa porque así se podrá investigar a todos los responsables de este tipo de delitos.

Además cree que es buena la existencia de más aliados institucionales que respalden las tareas investigativas de la Fiscalía a nivel nacional. Recalcó que “hay autoridades en las unidades educativas que se escudan tras los nombres y el prestigio de sus planteles”.

Destacó que el Legislativo necesita conocer que para efectuar este tipo de pericias se requiere de mayores recursos como incrementar el número de peritos médicos y peritos psicólogos, así como profesionalizar a los consejeros de los DECE en temas de prevención. 

“Es importante capacitar no solo a los profesores o autoridades del colegio para saber enfrentar este tipo de acontecimientos, sino también dar a los niños herramientas para que conozcan sus derechos y sepan defenderse”. (I).