Al hablar de las violencias contra mujeres afroecuatorianas es necesario profundizar la reflexión desde algunas posiciones relacionadas con su diversidad organizativa y sus posiciones políticas. La encuesta “Visibilizando y enfrentando la violencia contra las mujeres afroecuatorianas” presenta información estadística desde donde planteo mi posición sobre el aborto por violación.

Siete de cada 10 afroecuatorianas han sido víctimas de violencia de género, siendo la pertinencia étnica un factor que se suma a la desigualdad y discriminación que origina la violencia. La casa es el principal lugar donde sufren violencia (65,7%); le sigue la comunidad (58%); el transporte público (45%) y los espacios laborales (39%).

El 48,8% enfrentó abortos riesgosos (caseros, clandestinos) y el 34% problemas ginecológicos derivados de estos. En el país el 40% de mujeres afroecuatorianas son víctimas de la criminalización del aborto; la mayoría son mujeres jóvenes y empobrecidas, según lo planteó Surkuna ante la CIDH en 2018, prueba de la ineficacia de la legislación y el peligro que enfrentan las mujeres frente al problema.

Estos datos reflejan la imperiosa necesidad de leyes que realmente garanticen atención y protección a las víctimas de violación y del mismo modo que se trabaje en la prevención. Solo así se podrá gozar del derecho a una vida libre de violencia.

Históricamente las mujeres esclavizadas fueron víctimas de violación sexual por el “amo” en los barcos negreros, plantaciones o casas de hacienda. Ellas optaban por no parir hijos para la esclavitud; o decidían parirlos y procurarles las mejores condiciones de vida que les era posible. Hoy en día, frente a embarazos por violación o relaciones de poder abusivas que se dan con base en estereotipos que hipersexualizan a las afroecuatorianas, el derecho a decidir debe dejar de ser un tabú del cual se habla poco.

La clandestinidad e inseguridad están afectando la salud, la integridad y la vida de todas las mujeres, pero en especial de nosotras. (O)