En Chile, nueve de cada 10 víctimas de delitos sexuales son menores de edad, según cifras entregadas por la Fiscalía Nacional el año pasado.
Producto de estos abusos, 8.952 niños y niñas ingresaron en 2015 al Servicio Nacional de Menores (Sename) para su protección.

Sin embargo, el problema es que ese organismo estatal ha estado en el foco de los cuestionamientos por crecientes denuncias precisamente por abusos sexuales, 283 casos desde 2014.

Como una manera de comenzar a resolver este doloroso problema, la presidenta Michelle Bachelet acaba de promulgar una ley cuyo objetivo es aplicar sanciones más duras en relación al maltrato infantil.

Aunque aún falta mucho por hacer, especialmente en materia judicial, la nueva normativa impulsada por Bachelet tiene lugar en un momento sensible ante la opinión pública en materia de abusos sexuales contra menores. La nueva ley, “que tipifica el delito de maltrato de menores y otras personas vulnerables”, sanciona con penas de cárcel el maltrato corporal y el trato degradante de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, pero también de adultos mayores y personas en situación de discapacidad.

Hasta ahora, la normativa chilena solo castigaba como delito el maltrato que provoca lesiones, pero la nueva ley permite sancionar “las conductas de violencia física que no producen lesiones y aquellas que causen un trato degradante, humillación y menoscabo a la dignidad humana de las víctimas”. “Es un paso histórico”, señaló el Gobierno.

El otro cambio es que la nueva ley también apunta a un contexto extrafamiliar. Así, se sancionarán conductas de maltrato infantil en guarderías, escuelas, centros de diagnóstico, hospitales, residencias de menores, espacios públicos, centros comerciales y casas de reposo para adultos mayores. Incluso, la ley es más dura en caso de que el agresor tenga un deber especial de cuidado o protección de menores, como docentes, cuidadores de lactantes, niños o adultos mayores o personas con discapacidad en espacios públicos o casas particulares.

Según cifras de María Ayuda, una corporación sin fines de lucro que lleva tres décadas trabajando sobre temas relacionados con la infancia, en Chile tres de cada cuatro niños son maltratados. Así, el 75% de los menores de edad en el país recibe algún tipo de violencia: el 21% sicológica, el 28% violencia física leve y el 26% violencia física grave. Además, este organismo estima que cada año se producen 20 mil delitos por abuso sexual.

En caso de maltrato corporal relevante, la pena de prisión va de un día a 60 días o multas de hasta 450 dólares. De existir trato degradante, se aplicará una pena de 61 días a 540 días. “El desafío actual es transitar hacia una nueva ética en la relación del mundo adulto con las niñas, niños y adolescentes. El reto es complejo porque implica una nueva cultura que armonice el ejercicio del deber/facultad de orientación de las madres, padres o cuidadores legales o responsables institucionales, con la obligación de respeto a la dignidad y la protección efectiva del derecho a la integridad física y psíquica de la infancia”, afirmó María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia.

De todos modos, y al igual como ha ocurrido en la mayoría de las normativas anunciadas por Bachelet, ya han surgido voces críticas. En una carta enviada al portal El Mostrador, Myriam del Canto, trabajadora social, señaló que esta “es una ley penal que desde su inicio tendrá muchas dificultades para su eficacia jurídica en sede penal, especialmente si se tiene en consideración que la infancia tutelada en Chile carece de representación jurídica independiente y especializada”.

Pero al mismo tiempo, otras organizaciones valoraron la iniciativa. La directora del Área Intersectorial del Consejo Nacional de la Infancia, Soledad Larraín, destacó que el mensaje sea de sanción y prohibición de toda forma de castigo corporal. También, el experto de protección de la oficina de Unicef-Chile, Anuar Quesille, dijo que la ley termina con la naturalidad del zamarreo o “golpes leves” a modo de castigo, pero que se debe seguir profundizando en esta importante materia.

Los ataques

El abuso sexual, según Unicef, ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor (un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro) o la gratificación de un observador. Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza de la actividad o cuando no muestre signos de rechazo.

El contacto sexual entre un adolescente y un niño o una niña más pequeños también puede ser abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, el desarrollo, el tamaño o si existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias. (I)