Cerca de mil docentes tras pago de jubilación complementaria

Víctor Santos tiene 83 años. Su pronunciación no es clara, tampoco escucha bien, pero eso no es impedimento para que acuda diariamente a los bajos del edificio central de la Universidad de Guayaquil para pedir el pago de su jubilación.

“La Universidad se ha  esmerado en no cumplir la sentencia. Hace lo que  le da la regalada gana”.

El octogenario, que hace más de 30 años se jubiló, se desempeñaba como armador de títulos. “Recogía las firmas de las autoridades, como la del rector”, aclara.

Janeth Mora, de 68 años, en cambio es beneficiaria de la jubilación de su esposo Eddie Rivera, quien fue docente en Ciencias Químicas. Ella, a pesar de ser hipertensa y de haberse fracturado uno de sus pies, continúa reclamando. “Esto me ha causado muchos trastornos en la salud. Tengo la esperanza de que la Comisión Interventora resuelva lo que hace más de 4 años pido”.

Precisamente ayer el presidente de la Comisión Interventora, Jorge Kalil, dijo que es una prioridad para los miembros regularizar la situación y que ya han empezado a mantener reuniones con varios grupos de jubilados. Lamentó que los adultos mayores, que son grupos vulnerables, acudan a hacer estos reclamos justos, “pero es su derecho adquirido por años de servicio”.

“Uno de los temas ya está judicializado por la Corte Constitucional y otros se acogieron al mandato 2 con proyectos entre Senescyt, Senplades y el Ministerio de Finanzas. Así se acelera la gestión para este grupo de 178 docentes, que espera en la parte inferior de la universidad que resuelvan el trámite en buenos términos”, dijo Kalil.

Para Enrique Santos, miembro del Consejo de Educación Superior y presidente de la Comisión de seguimiento del Plan de Excelencia, lo que ha ocurrido es “una negligencia institucional para poder enfrentar y resolver el tema de los jubilados”.

Santos contó que a pesar de existir un proyecto del Cómite Interinstitucional de Gestión Gubernamental que permite cubrir los fondos de jubilación de docentes hasta en un 60%, la Universidad no ha registrado la información necesaria para el proceso de pago.

Este Comité también se encarga de solventar los gastos de jubilación de un 70% del personal administrativo.

Hace más de 4 años la Asociación de Jubilados que preside Sergio Dávila Paredes inició un proceso legal contra la Universidad de Guayaquil. “La jueza nos ha dado la razón al determinar que se han vulnerado los derechos constitucionales. Se han esmerado en no cumplir la sentencia. Hacen lo que les da la regalada gana”, dijo Dávila.

Según Santos, el número de docentes que se acogieron al beneficio de la jubilación complementaria establecida por la Ley de Educación Superior es de alrededor de mil.

En una entrevista anterior, José Apolo, actual rector encargado, dijo que “existen más de 400 docentes jubilados. De aquí a 2014 serán muchísimos más, porque hasta octubre del próximo año está vigente la jubilación complementaria”.

Al abordar a Carlos Cedeño, rector de la Universidad de Guayaquil, en las afueras del edificio administrativo, solo mencionó “me abstengo de hablar de esto”; mientras, entre gritos los jubilados coreaban: “Afuera Cedeño”.

Plazos sobre carga horaria
La situación salarial de los docentes y el estado del anfiteatro de la Facultad de Medicina fueron otros de los puntos que se trataron como parte de las resoluciones de la Comisión Interventora.

Jorge Kalil contó que a 2 días de la intervención el Consejo Universitario había determinado el aumento salarial.

El titular de la Comisión Interventora aseguró que se comprobaron varias anomalías, como maestros que envían reemplazo para la cátedra sin autorización previa. Por tanto, se ha solicitado a las unidades académicas un informe de la carga horaria en cada asignatura.

De acuerdo con Kalil, poseer un reporte actualizado posibilitará conocer cuántas horas de clase tiene cada docente y a partir de ese momento “aplicar el aumento de sueldo hasta lograr el esquema de habilitación y que con base en la ley se cumplan las horas de clase”.

Mientras que Enrique Santos, del CES, dijo que hay que considerar los perfiles de los docentes.

Sobre el anfiteatro, Kalil fijó un plazo máximo de 72 horas para que la Universidad presente los proyectos entregados por la Facultad de Medicina, con el fin de mejorar las instalaciones. Además, el funcionario solicitó en el reporte razones concretas por las que no fueron financiadas las modificaciones.

El pedido ocurre luego de que Kalil y miembros de la Comisión recorrieron esta facultad y observaron el estado en que se encuentran los equipos tecnológicos, con más de 43 años de uso por parte de los estudiantes.