Desde hace dos años el Registro Civil entrega cerca de  9.000 cédulas diarias en el país y al menos el 40% de los ciudadanos tiene inconvenientes en el proceso. Los problemas más comunes corresponden a errores de digitación, cambio de nombres e inconsistencias en la base de datos de las personas fallecidas.

María Quinahuano (49 años) se enteró de  que había un error en su apellido cuando solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) el cambio de domicilio, de Santo Domingo de los Tsáchilas a Quito. En su papeleta de votación del 7 de mayo de 2011 su apellido consta como “Quiñahuano”, es decir, cambiaron la “n” por “ñ”.

Para actualizar su residencia, el CNE le pidió que renovara la cédula y para hacerlo debe presentar su partida de nacimiento íntegra y la de su madre para constatar el apellido.

A Emperatriz Miño (63 años) le ocurrió lo contrario, en su apellido reemplazaron la “ñ” por una “n” y solo se percató cuando trató de sacar el pasaporte y le negaron. Ella debe presentar el acta de defunción de su padre para hacer la corrección.

La situación de María Tránsito Martínez (65 años) es más grave, pues en la base de datos del Registro Civil consta como fallecida. Lo supo cuando gestionaba el Bono de Desarrollo Humano y se lo negaron. La mujer padece esquizofrenia y su hijo, Juan Duque, la acompaña para renovar la cédula, por lo cual necesita presentar una partida de existencia.

Las inconsistencias en la base de datos se revelan, por ejemplo, en que actualmente existirían 44.500 personas mayores de 100 años en Ecuador, debido a que no se han reportado los decesos. Hasta el momento se ha “confirmado” que solo existen 44 ancianos, lo que obligó al Registro Civil a emitir una resolución en agosto pasado para que, hasta fines de este mes, cualquier familiar se acerque a notificar o descartar el fallecimiento.

Según el caso, es necesario presentar la copia íntegra de la partida de nacimiento, de matrimonio o de defunción, especies valoradas en 5 dólares cada una.

Jorge Montaño, director nacional del Registro Civil, explicó que los problemas surgieron con  la digitalización de archivos de hace 25 años, porque -lamentablemente- en el proceso se  adulteraron nombres. Esos errores pueden desencadenar problemas mayores con cuentas bancarias, gestión de créditos, incluso, invalidar documentos públicos.

Para resolver esos inconvenientes, Montaño indicó que la entidad destinará 280 millones de dólares -hasta el año 2014- para tecnología e infraestructura en  las 24 provincias del país. También solicitó la colaboración de la ciudadanía verificando sus datos personales cuando registran algún  documento.