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Campaña disminuirá la destrucción ambiental
La Secretaría de Gestión de Riesgos, el ECU-911 y el Ministerio del Ambiente (MAE) presentaron ayer la campaña de prevención de incendios forestales. El lema es ‘Algo nuestro se quema’.
Entre 2012 y 2016 se perdieron 98.672 hectáreas de bosques y pajonales a nivel nacional, lo que afectó a las aves, conejos, zorrinos, entre otras especies, que debieron buscar nuevos hábitats.
“Los procesos de recuperación dependen del tipo de ecosistema, ya que la repoblación de fauna ahuyentada es un proceso más o menos lento. En definitiva, los incendios en los bosques son más dañinos para flora y fauna que lo que puede pasar en los páramos”, contó Tarsicio Granizo, titular del MAE (foto).
El funcionario recalcó que el costo de combatir los incendios es elevado. La hora cuesta al país entre $ 5.000 y $ 20.000 si es por tierra. En caso de ser por aire, los costos bordean los $ 70.000.
Granizo recordó que su ministerio impulsa un plan de reducción de incendios forestales denominado Programa Amazonía sin Fuego (PASF), que se desarrolla, además, en los territorios de Bolivia y Brasil. En el primero se registró una reducción del 80% de accidentes.
En el país, el PASF trabaja en provincias de la Costa y Sierra, a través de estrategias de comunicación, alertas tempranas, focos de calor y fortalecimiento de las brigadas comunitarias para la prevención.
En todos estos aspectos el programa recibe el apoyo internacional. El 34,6% de la población ecuatoriana tiene relación directa con los bosques.
Andrés Sandoval, director del ECU-911, precisó que entre 2015 y 2016 disminuyeron los eventos forestales y eso se evidenció en los reportes que esta institución recibió; en 2015 fueron 2.369 y el año pasado 717 eventos. (I)
El COIP sanciona con prisión a los pirómanos
La secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, recordó que el Código Penal (COIP), en su art. 246, establece una pena privativa de 1 a 3 años a la persona que provoque directa o indirectamente incendios en bosques nativos o páramos. El articulado reza que en caso de quemas agrícolas -de pequeños agricultores
dentro de su territorio- serán sancionados con 3 a 6 meses de prisión, en caso de que se vuelvan incontrolables y causen incendios forestales. (I)