El 48% de los 221 gobiernos autónomos descentralizados (GAD) del país dispone de los desechos finales de sus ciudades en botaderos a cielo abierto, lo que genera afectación directa del suelo, paisaje, aire, salud y agua.

La cifra representa a 115 municipios, de los cuales 68 están en la Costa, 28 en la Sierra y 9 en la Amazonía.

Según el Ministerio del Ambiente (MAE), estos espacios no cumplen los mínimos requerimientos que la normativa ambiental exige, lo que provoca contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por el vertido directo de los residuos a los ríos y quebradas.

“Esto se agrava si no existe un adecuado tratamiento del líquido percolado (lixiviado) resultante del proceso de descomposición de los desechos”, indica la cartera de Estado.

La normativa vigente para la disposición final de desechos sólidos exige el diseño del sistema de captación, conducción y tratamiento de lixiviados y gases; así como la impermeabilización con geomembrana del cubeto de los desechos sólidos.

Esa legislación establece la existencia de cunetas perimetrales para la conducción de aguas de escorrentía y el uso de equipo adecuado para la operación del sitio.

En un inicio, la normativa fijó 2015 como el año tope para el cierre de estos espacios en todo el país.

Pero no pudo cumplirse porque el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) estableció que los GAD tienen la competencia exclusiva del servicio público de manejo de desechos sólidos.

Municipios con otras prioridades

De acuerdo con el MAE, una de las principales razones que presentan los municipios para incumplir la normativa es la priorización del presupuesto hacia otras áreas de saneamiento: agua potable y alcantarillado.

La entidad considera que falta decisión política no solo para sanear los botaderos a cielo abierto, sino para adoptar modelos de gestión de sus residuos y basura de forma integral y sostenible. “Es un servicio básico de igual importancia que la dotación de líquido potable y tratamiento de aguas servidas, los cuales acaparan su atención”.

Betthy Jácome, médica familiar, indica que la existencia de estos espacios pone en riesgo la salud de la población que transita o vive en las cercanías de los botaderos.

“El inadecuado manejo de los residuos sólidos provoca la transmisión de enfermedades: hepatitis, tétanos, salmonella, sika y otras que se trasmiten a través de la proliferación de vectores como las moscas, aves de rapiña o roedores”.

La galena cuestiona que en estos lugares es más fácil que lleguen las personas para rescatar algún artefacto y sin protección puedan cortarse fácilmente con los vidrios que están dentro de toda la basura existente.

La presencia de los botaderos también incide en un deterioro estético de los pueblos y ciudades, que a su vez generan una desvalorización de esos terrenos y de las áreas vecinas.

Según Renato Salguero, gestor ambiental, otra repercusión ambiental es la posibilidad de incendios originados por la acumulación de metano.

Para él es urgente la concienciación de las personas para disminuir los desechos generados, porque ya no hay cabida ni en los rellenos sanitarios. Solo en Quito se producen 2.200 toneladas (t) diarias. “En el país una persona genera alrededor de 0,90 kg diarios de basura”.

Experiencia exitosa

En Cuenca, el 5% ($ 500 mil anuales) de la tasa de recolección de residuos se transfiere a la comunidad de Santa Rosa, donde está el relleno sanitario, cuya vida útil está programada hasta 2031.

Andrea Arteaga, gerente de la Empresa Municipal de Aseo, detalló que en ese espacio hay una planta de compostaje para convertir la basura orgánica en humus.

De las 495 toneladas que llegan al día, 20 t son orgánicas. La basura para reciclar es de 220 t. Para mejor la clasificación se establecieron multas de $ 20 a $ 100. (I)