Un grupo de estudiantes, docentes, trabajadores y autoridades de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) se movilizaron ayer hasta la Corte Constitucional de Justicia, en el norte de Quito.

Jaime Breilh, rector de ese centro de altos estudios, convocó a un centenar de personas. El objetivo fue presentar una demanda de inconstitucionalidad de las reformas de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en el Registro Oficial en diciembre del año pasado.

“La reforma pone en peligro las becas para los ecuatorianos y los sudamericanos, las rebajas en los costos de los programas académicos, las ayudas financieras para los estudiantes, los fondos para la investigación, la actividad editorial y la capacitación de los funcionarios del sector público que se forman en la Universidad Andina”.

El documento, de 30 hojas, indica que la UASB no tiene objeciones al contenido de la Ley de Cierre de Universidades, sino a los requisitos que exige para que las instituciones reciban recursos estatales.

Álvaro Mejía, procurador de la UASB, ratificó que al momento no han cerrado sus cuentas en el exterior ni repatriado el dinero que estaba guardado. “En la demanda entregada consta una medida legal que suspende estos procesos”.

Frente a esto, René Ramírez, titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), respondió que actualmente existe un informe de la Contraloría General del Estado que evidencia el incumplimiento de la norma nacional por parte de la Andina. “La ley aprobada impide el mal manejo de recursos públicos”.

Ramírez agregó que la UASB pagó salarios por encima de lo que establecen las leyes ecuatorianas.

En cuanto a la asignación de becas, el secretario aseguró que están completamente garantizadas. “De hecho, la ley busca tener un mayor impacto dentro del sistema universitario. Con la reforma pasaremos de 14.000 a 27.000 ayudas a los estudiantes”. (I)