Auditoría pulirá el registro de residentes en Galápagos

En la Isla Santa Cruz, de la provincia de Galápagos, un inusual ambiente llama la atención a los visitantes cuando se ve por las calles a negros, indios, mestizos, blancos y mulatos, hablando varias lenguas y con diversidad de acentos.

Pero cuando se busca a alguien oriundo del sector, la respuesta es la misma: nadie es autóctono, “somos colonos, descendientes del continente”.

Los colonos -como se los conoce en las islas- son aquellos que obtuvieron la residencia (pueden ser ecuatorianos o extranjeros) por vivir más de 20 años en el Archipiélago, ser hijos de residentes o vivir en matrimonio o unión de hecho con un residente por más de 10 años.

Según el censo de población del 2010, en Galápagos existirían más de 24 mil residentes (en 2006 se registraban 19.184). Sin embargo, no existe un dato real de cuántas persona viven sin residencia o con contrato laboral. El vivir en las islas sin un estatus definido es sinónimo de ser “indocumentado”, aseguró Jorge Torres, gobernador de Galápagos.

Para conocer cuántas personas están viviendo sin sus documentos, el Gobierno emprenderá en dos semanas (finales de junio) el proceso de seguimiento y legalización para evitar que el ecosistema de las islas Galápagos  se vea afectado con la migración ilegal, informó Torres.

Al respecto, el presidente de la República, Rafael Correa, en un diálogo con los colonos, reiteró que si migran más ciudadanos a las islas, éstas podrían colapsar y es por eso que se comenzó a investigar a los pobladores que albergan a personas  que no son  de la provincia.

Correa dijo que es conocido que, incluso, con el afán de proteger la naturaleza está restringido el ingreso de mercancía, al igual que el de maquinaria. “En las islas algunos derechos son limitados, pero no por egoísmo, sino por el control ambiental”, aclaró el Mandatario.

Los casos de migrantes, que serán estudiados por entidades del Estado, son de aquellos que ingresaron después de  la vigencia de la Ley Especial de Galápagos (1998). “No podemos permitir que todas las personas puedan emigrar a las Galápagos. Aquí estamos hablando de un ecosistema tremendamente sensible”, concluyó Rafael Correa.

Solo en Santa Cruz, acotó el gobernador Torres, existirían 130 personas que aseguran haber llegado días antes de la promulgación de la ley, motivo por el cual se realiza un proceso especial para que certifiquen su estancia legal en las islas.

Control migratorio

Marcela Aguiñaga, ministra del Ambiente, informó que a más del daño al ecosistema, se detectó que los ilegales  son explotados laboralmente porque no cuentan con los permisos correspondientes. La funcionaria agregó que se auditará a 5.000 personas para encontrar  a quienes adquirieron de forma fraudulenta la residencia.

El salario básico en las islas es de 700 dólares, sin embargo, las personas sin documentos pueden percibir al mes hasta  300 dólares menos. Pero el problema no se limita en recibir bajos salarios, los colonos se quejan porque  están perdiendo sus fuentes de empleo.

“Vivir en el Archipiélago implica cumplir con un sinnúmero de requisitos. El objetivo  es conservar el equilibrio entre la naturaleza y el ser humano, evitar que los visitantes ingresen con fines comerciales e incluso que el ambiente y la población se contaminen con enfermedades provenientes del continente”,  dijo  Genoveva Aguirre, dirigente social.

No obstante y pese a los controles impuestos por el Gobierno, el número de migrantes  es elevado. Por ejemplo, en el censo poblaciones en el Archipiélago en 2010 se registró 600 residentes salasacas (provenientes de la Sierra centro de Ecuador), pero existen sospechas de que otros 400 están viviendo sin documentos, desempeñando trabajos de albañilería, atención doméstica y aseo, entre otros.

El 90% de las actividades en las islas se concentra en el turismo. Por eso Santa Cruz es conocida como la capital financiera del Archipiélago. Los colonos se dedican a los servicios en restaurantes, hoteles, salas de Internet, transporte marítimo, pesca, guías del parque Nacional Galápagos y práctica de deportes acuáticos. La isla es apetecida por los migrantes por las oportunidades laborales que genera el turismo.

La población está dividida

Mientras las autoridades plantean soluciones para acabar con la migración de  nacionales y extranjeros hacia las Islas Galápagos, la población analiza los pros y los contra de la legalización.

Para Vilma Masaquisa, comerciante salasaca,  no se debe perseguir a los que migran porque solo buscan “un lugar tranquilo y tolerante”. De acuerdo con este testimonio, los grandes perjudicados serían los colonos, porque se reducirían las fuentes de trabajo, se incrementarían los valores de los productos que llegan del continente, escasearía el espacio para que vivan y se podrían dar brotes de inseguridad, tomando en cuenta que el nivel de confianza entre pobladores supera el 90 por ciento, dijo Mataquisa, que llegó a las islas hace 25 años, cuando su padre trabajaba como albañil.

Aguirre cuestionó que el legalizar a más personas requiere de mayores inversiones en temas de dotación de servicios básicos, seguridad y salud, al punto que solo para satisfacer las necesidades de la población ya existente es necesario dotar de un sistema de agua potable, (reciben agua entubada) y de especialistas en el Hospital República del Ecuador.

Maritza Suárez, comerciante pesquera, añadió que el control del ingreso a las islas es bueno, pero tampoco debe ser limitado. “Todos somos ecuatorianos y tenemos derecho a vivir en el lugar que se elija dentro del territorio”, subrayó.