Atención pública, la calidad del servicio aumenta, pero el camino aún es largo
Una vetusta máquina de escribir, un tintero y un fragmento de pared manchada con huellas digitales se exhiben en una urna de cristal al ingreso de la agencia sur del Registro Civil, en Guayaquil. Estas piezas hoy solo son un recuerdo del caos que años atrás imperaba en esta entidad, que en 2010 dio un giro de 180 grados tras la intervención del Gobierno Nacional.
El edificio institucional, de más de 30 años de antigüedad, fue derribado y en su lugar se levantó una moderna infraestructura, que fue implementada con un sistema automático para la emisión de cédulas, partidas de nacimiento, actas de matrimonio y de defunción, entre otros documentos.
La transformación de esta edificación llegó de la mano de una dinámica atención, destaca Maritza Briones, una ecuatoriana que renovó su cédula de identidad en menos de sesenta minutos, cuando antes este trámite podía tardar hasta diez horas.
Alexandra Camacho, otra usuaria, afirma que la restauración del Registro Civil refleja la visión del Gobierno de ofrecer mejores servicios públicos a los ecuatorianos.
El cambio de esta entidad inició en Guayaquil, donde se renovaron tres agencias: norte, centro y sur. Pero se han remodelado y equipado unas 36 dependencias a nivel nacional.
A inicios de este año, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concedió un crédito a Ecuador por 78 millones de dólares para financiar el programa de inversión “Modernización del Sistema Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación”. Estos recursos se destinarán a la construcción, remodelación y equipamiento de 183 agencias provinciales y cantonales de la institución, señala en su página web el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El rescate de la Oficina de Pasaportes y de Correos también ha representado un avance significativo en la administración del presidente de la República, Rafael Correa.
Atrás quedaron los tiempos en que los usuarios tenían que esperar varios días para obtener su pasaporte. Ahora lo pueden hacer en menos de 45 minutos en modernas y acondicionadas oficinas a un costo de $ 70. La jefa de la entidad, Evelyn Encalada, señala que los meses de enero y febrero son los de mayor demanda; se emiten unos 380 pasaportes diarios.
La empresa estatal Correos del Ecuador, por su parte, pasó de ser una entidad deficiente a una autosustentable. Según cifras de la institución, en los dos primeros semestres de este año los ingresos por envíos de paquetes ascendieron a $ 8 millones, mientras en 2006 solo llegaron a $ 200 mil.
El proceso de modernización de esta institución empezó en 2007 con una campaña agresiva de captación de empresas públicas y privadas. Esta estrategia permitió que 5’099.933 piezas (paquetes, cartas y demás envíos) fueran entregadas a tiempo, es decir un 35% más que en 2006 cuando se procesaron 3’763.895. La entidad también diversificó sus servicios y creó Club Correos, que permite a los usuarios realizar sus compras a través del Internet.
Además, cuenta con el servicio 4 x 4, un correo dirigido a los migrantes que desean enviar mercadería sin fines comerciales al Ecuador. Con este servicio, los paquetes de hasta 4 kilos y hasta 400 dólares en valor declarado no pagan aranceles.
Salud y educación, grandes retos
Aunque la optimización de recursos en varias dependencias estatales es plausible, aún el Gobierno se plantea varios retos, especialmente en las áreas de salud y educación, que siguen siendo focos de críticas de los usuarios pese a las reformas integrales que se han ejecutado para mejorar estos servicios.
En enero pasado, el presidente Rafael Correa decretó la Emergencia en el Sistema de Salud, que contempló la intervención en ocho hospitales públicos del país y acciones progresivas en otros 24 provinciales, con un presupuesto de $ 400 millones. También se extendió el horario de las consultas externas en centros públicos a 8 horas diarias los siete días de la semana y se crearon hospitales móviles.
Los hospitales Baca Ortiz y Eugenio Espejo (Quito), Francisco Ycaza y Abel Gilbert Pontón (Guayaquil), Delfina Torres (Esmeraldas), Verdi Cevallos (Portoviejo), Alfonso Noboa (Guaranda) y Velasco Ibarra (Tena), fueron los ocho escogidos, ya que concentran la mayor demanda ciudadana de los servicios de salud.
Se trazó un plan emergente para transformar, ampliar y equipar las estructuras de estas casas de salud a fin de ofrecer una atención digna y eficiente. Sin embargo, los cambios implementados aún no logran satisfacer la gran demanda de pacientes que reclaman un mejor servicio sanitario. Tal es el caso de Roxana Sánchez, una madre de familia que tuvo que esperar por varias horas a que su hijo de tres años sea atendido en el hospital Francisco Ycaza, centro de Guayaquil.
Rodrigo Díaz, coordinador de la Oficina de Educación Médica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, destaca que es visible la intención del Gobierno de hacer cambios, pero cree que el plan no se está manejando de forma correcta.
El experto considera que es un “error” que la emergencia sanitaria centre la mayor parte de la inversión en los hospitales, porque eso no soluciona los problemas de fondo. “Lo ideal es potenciar la atención primaria, para que puedan resolver el 80% de todas las patologías, lo cual haría que los hospitales no tengan gran flujo de pacientes”, explica.
Díaz aclara que está bien que se invierta en hospitales, pero advierte que mientras los centros de salud no tengan la capacidad para atender a los enfermos menos emergentes, los hospitales seguirán saturados”.
Explica que lo mismo sucede en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que no alcanzan a dar cobertura a toda la demanda de pacientes por la falta de personal e infraestructura. Un problema que se agudizó este año con el aumento del número de asegurados tras la aprobación de la consulta popular, que tipificó como delito penal la no afiliación de los trabajadores. La historias clínicas en el IESS han pasado de 270.000 a 1300.000.
Varios afiliados a la seguridad social reconocen que ha mejorado la atención y entrega de medicina, pero critican que las citas médicas se fijen hasta tres meses después de haberlas solicitado y en casos extremos ni siquiera las conceden por falta de disponibilidad de los galenos. Por ejemplo, Aura Porro, solicitó una cita este mes, pero se la fijaron para febrero del próximo año. Estos casos se evidencian a diario en el hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo y varias casas de salud que mantienen convenios con la entidad.
Díaz también se mostró de acuerdo con la depuración y la compra de renuncias de 2.700 empleados públicos que ejecutó el Gobierno para optimizar la atención y eliminar la corrupción, pero cuestionó la forma en que se realizó el proceso.
Al respecto, Patricio Cajas, integrante de Contrato Social por la Educación, defiende la gestión del Gobierno y considera que el presidente Correa “ha tomado decisiones fuertes, pero necesarias para enfrentar algunos problemas” a fin de poner orden en varias entidades públicas.
Cajas señala que los servicios de salud y educación deben tener un manejo oportuno y adecuado, ya que son vitales para la vida humana. En este sentido, dice que los funcionarios públicos deben tener vocación para trabajar con esmero y de forma desinteresada en beneficio de la comunidad.
Resalta la gestión del Gobierno en educación, especialmente con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que creó el bachillerato unificado y que elimina tres especializaciones en secundaria, y extiende la atención a los estudiantes de las zonas rurales del país.
La ampliación de la jornada laboral a ocho horas para los docentes es otra medida que dispuso el Ejecutivo, lo cual se ve compensado con un aumento salarial en escalafón, que está dividido en diez categorías que van desde la letra J, con un pago mínimo de $ 500, hasta la máxima, que es la A, con una remuneración que alcanza los $ 1.590.
Adicionalmente el Gobierno ha destinado $ 70 millones para reconstrucción de establecimientos educativos y 30 millones para la construcción de Unidades Educativas del milenio, colegios réplicas y colegios de bachillerato internacional.
El Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Rentas Internas (SRI) son dos dependencias que también han registrado progresos tras la intervención del Gobierno, que realizó la reestructuración de personal y la tecnificación de los procesos.
Con la implementación del aforo automático las autoridades aduaneras esperan ahorrar $ 6 millones al año, debido a que con este despacho se suprime el proceso de utilizar documentos físicos.
En tanto, la eficiente gestión del SRI ha logrado recaudar, entre enero y octubre de este año, $7.033’289.041 incluido el descuento por devoluciones, cifra superior a la registrada en el mismo período del 2010, en el que la recaudación se ubicó en $ 6.569’176.997.
También la ciudadanía ahora puede acceder a diversos servicios de justicia en un mismo lugar, con la creación del Centro de Atención Ciudadana, un plan piloto que inició en Guayaquil, donde funcionan fiscalías, juzgados, comisarías, defensoría pública, medicina legal. Aquí también se puede obtener el récord policial.
