Asamblea realiza segundo debate del Código de Ambiente

Por más de 5 horas, el Pleno de la Asamblea Nacional debatió este jueves sobre el contenido de 2 de los 7 libros que conforman el Código Orgánico de Ambiente (COA).

El asambleísta Carlos Viteri Gualinga, presidente de la Comisión de Biodiversidad, recordó que el proyecto fue sometido a consulta prelegislativa. La comisión recorrió 21 provincias para receptar criterios de los titulares de derechos colectivos y efectuó otras socializaciones en 2 provincias. Participaron 4.839 personas, 325 organizaciones sociales, 151 representantes de distintos sectores, entre ellos: académicos, expertos, organizaciones no gubernamentales, colectivos ciudadanos, sector público y privado.

Uno de los artículos más citados por los asambleístas fue el 70, que permite la caza de animales siempre y cuando esta se dé con fines alimenticios de una comunidad. Al final del mismo artículo se plantea la caza deportiva bajo regulación del organismo rector: el Ministerio de Ambiente.

Soledad Buendía solicitó que se elimine el planteamiento de la caza deportiva. Sostuvo que no se puede dar paso a un Código que permita cazar por deporte. Su colega, Elizabeth Reinoso concordó con ella y realizó observaciones al artículo 146, el cual plantea la prohibición de espectáculos públicos en los que muera un animal “salvo en los casos de las corridas de toros, peleas de gallos, rodeos montubios y toros de pueblo”.

La asambleísta de Alianza País (AP) sostuvo que el COA no puede vulnerar la voluntad del pueblo expresada en la consulta popular de mayo de 2011. En ese proceso, el 57 % de los cantones del país le dijo SÍ a la prohibición de matar animales en espectáculos públicos. El 42% dijo que No.

Pidió que se incluya una disposición transitoria para que los municipios en 180 días emitan la normativa sobre estos espectáculos. “Debemos poner un tiempo para que se cumpla la Ley. Este Código no puede inobservar la decisión del pueblo”, dijo

Por su parte, Marcia Arregui inició su intervención indicando que viene de una familia gallera. La funcionaria resaltó que en el país hay 2 millones y medio de galleros. “Esta es una tradición ancestral del pueblo montubio”. 

Frente a esas declaraciones Betty Carrillo indicó que “apostar mientras 2 animales pelean por su vida es tortura”. Ella pidió que el artículo 146 se quite cualquier tipo de salvedad. “No podemos decir qué animales pueden ser torturados y cuáles no. Todos tienen derecho a la vida”.

Otro de los temas debatidos fue la posibilidad de que el MAE se convierta en el órgano supremo de regulación en materia ambiental. María Augusta Calle comentó que el MAE no puede ser juez y parte. Con ella coincidió el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSP), Alfredo Serrano, quien también cuestionó que el COA plantee que el MAE tenga la facultad de fijar nuevos límites en las 51 áreas protegidas del país.

Serrano habló sobre la situación en Galápagos y dijo que la provincia funciona bajo un Régimen Especial y por ello también tiene un gobierno especial, por lo que pidió que Galápagos se mantenga al margen del código. Sin embargo, para Marcela Aguiñaga, eso no es posible, porque a pesar de que están conscientes que existe un Régimen especial, no dejan de ser parte del Ecuador, por lo que deben funcionar en armonía con los cuerpos legales que existen y que se aprueben, criterio que compartió el asambleísta Carlos Viteri.

Al final de las intervenciones, Viteri agregó que la ley busca un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental con la participación ciudadana. La Autoridad Ambiental Nacional se encargará de la creación, formulación, monitoreo y evaluación de políticas ambientales, añadió.

Explicó que la propuesta establece la protección ambiental y de la biodiversidad e impulsa la investigación sobre la biodiversidad y garantiza las prácticas culturales y ancestrales, así como dignifica la labor de los recicladores y fija las competencias claras de los gobiernos autónomos descentralizados en esta materia.

Por último, manifestó que el Código crea un marco legal e institucional para la planificación en todos los niveles de gobierno para acciones de adaptación y mitigación del cambio climático.

El debate continuará en la sesión 422 del miércoles 14 de diciembre. (I)