Ecuador se sumó a la lista de países que ratificaron el Acuerdo de París bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Por unanimidad, la Asamblea Nacional aprobó el jueves la ratificación del instrumento que agrupa a cerca de 150 de los 197 estados parte de esa convención.

La sesión del Legislativo dedicada al acuerdo ocurrió tras el dictamen vinculante emitido por la Corte Constitucional, que declaró a ese mecanismo compatible con la Constitución de la República del Ecuador.

Previo a la aprobación, el ministro del Ambiente, Tarsicio Granizo, acompañado del viceministro de Relaciones Exteriores Rolando Suárez, expuso ante el legislativo las razones por las cuales el Acuerdo de París debía ser ratificado.

Aunque Ecuador es responsable de apenas el 0.15 por ciento del total de emisiones de dióxido de carbono, registra desde 1960 incrementos en la temperatura máxima del país, además de variaciones de la temperatura del mar en 2015 y la reducción, en los últimos años de alrededor del 40 por ciento de los cascos de los glaciares de los volcanes Chimborazo, Cotopaxi, Carihuairazo y Antisana.

Como Presidente del Grupo de los 77 + China, uno de los mensajes de Quito versará sobre la importancia de continuar la lucha contra el cambio climático y evitar la renegociación del Acuerdo tras la salida de Estados Unidos del instrumento.

El Acuerdo de París fue adoptado el 12 de diciembre de 2015, en el marco de la 21 Conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP21, mientras que Ecuador lo suscribió el 26 de julio de 2016 y recién lo ratificó.

Los objetivos del instrumento incluyen reforzar la respuesta mundial frente al cambio climático, en el marco del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, mediante el control del aumento de la temperatura mundial, muy por debajo de los 2,0 grados centígrados con relación a niveles preindustriales y trabajar por limitar el incremento a 1,5 grados.

Asimismo, el instrumento busca el fortalecimiento de las capacidades de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y el aumento de las corrientes financieras hacia un desarrollo resiliente y bajo en emisiones.