Solo un tercio de los 133 países encuestados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) aplica iniciativas para prevenir la violencia como programas de prevención de la intimidación, visitas a las familias expuestas, apoyo a quienes atienden a personas de más edad. Así detalla el informe ‘Situación mundial de la prevención de la violencia’.

Según el documento, poco más de la mitad de los países aplican en su totalidad un conjunto de 12 leyes de eficacia reconocida para prevenir la violencia, como la condena por violación, pese a que el 80% de los países las han promulgado.

América Latina y El Caribe constituyen la región que mayores servicios brinda para detectar, derivar, proteger y apoyar a las víctimas. Solo en servicios de salud mental a gran escala para los lesionados de violencia, América refiere un apoyo del 71%, por sobre Europa donde la asistencia es de 66%. La región que menos ayuda es África, con el 15%.

“Las consecuencias de la violencia para las familias y las comunidades son profundas y pueden deteriorar la salud de los afectados durante el resto de sus vidas”, señaló en su momento Margaret Chan, directora de la OMS.

La realidad ecuatoriana

En 2014 Jéssica Ruiz perdió sus manos después de que su exconviviente las cortara con un machete; Gabriela Díaz se suicidó tras ser violada por varios sujetos; un año antes, Karina del Pozo fue golpeada y murió asfixiada sin razón alguna; en diciembre de 2013 Diana Proaño, con 6 meses de embarazo, fue estrangulada por el padre de su hijo.    

Según la Primera Encuesta de Violencia de Género realizada en 2012, 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia. El género femenino recibió mayor grado de violencia por sus parejas o exparejas: 87,3% de violencia física y 76,3% psicológica.

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Esos datos sirvieron para incluir en el COIP (Código Orgánico Integral Penal) el femicidio como delito. Con ello Ecuador se convirtió en uno de los 13 Estados que en América Latina lo tipificaron.

Precisamente para articular de mejor forma una ayuda real a las mujeres víctimas de violencia y evitar mas casos de femicidio, desde 2008 el Estado destina fondos para 5 casas de acogida dentro del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de género contra las mujeres, niñez y adolescencia.

Estos espacios, donde no hay un tiempo límite de estancia, brindan servicios psicológicos y de crecimiento personal para las mujeres mayores de edad que junto a sus hijos han escapado de extrema violencia en sus hogares.

En las casas que sirven de refugio y cuya infraestructura ya existía antes del apoyo gubernamental, se entrega una atención especializada donde la calidez es la principal herramienta. “Son múltiples las historias que cuentan, todas afectadas en distinto grado de violencia, y aunque muchas veces regresan con sus esposos o convivientes, lo que sí estamos seguros es que su paso por las casas les marcó un antes y después”, refirió Marlene Villavicencio, de la casa María Amor del Azuay.

A más de los espacios de acogida existe un trabajo articulado de instancias gubernamentales que dan asistencia médica, legal, ayuda escolar a los infantes y hasta logran emplear a las mujeres.

En Cuenca, por ejemplo, la casa María Amor brinda iniciativas de emprendimiento ligadas al catering, a un café restaurante y al servicio de lavandería, a través de los cuales las madres van vinculándose a la actividad empresarial. En Guayaquil se da capacitación en panadería. “Con esto ellas pueden tener sus propios ingresos y no depender de nadie”, dijo Elizabeth Moncayo, directora de la casa Hogar de Cristo.

La tarea compartida de las instituciones logró días atrás evitar la muerte de una defensora de los derechos de las mujeres en el Oriente cuando fue atacada por su pareja con un disparo en el rostro.

“Gracias a que se activó todo el sistema de protección y las salas de acogida de primera instancia del Ministerio de Salud se pudo coordinar el traslado de la compañera que recibió un disparo en el rostro en Orellana hacia un hospital de Quito. Ahora recibe ayuda médica para configurar su rostro y continuamos con  el proceso legal”, contó Inés Ramírez, de la Casa Paula.

En estas casas hay seguridad especial. “Hay casos de mujeres que fueron parte de la trata de personas y se convierten en testigos presenciales en juicios y eso quieren evitar las bandas organizadas”, comenta Geraldina Guerra, representante de la Red Nacional de casas de acogida.