Ahora los refugiados en Ecuador pueden sacar el RUC y el RISE

Cuando Bayron Huasa se acercó por primera vez al Servicio de Rentas Internas (SRI) no se imaginó que debía entregar varios documentos por ser refugiado. Su trabajo como cantante y bailarín lo obligan a cobrar las presentaciones de manera independiente, pero por las “trabas” interpuestas durante meses le pagaron por medio del facturero de un conocido.

“Me acerqué el año pasado y me dijeron que debía ir al Municipio a pagar una tasa, luego que me acerque al Cuerpo de Bomberos y que presente un contrato de arriendo, el pasaporte y la cédula ecuatoriana”, dice Huasa, quien hace nueve años dejó su natal Colombia para radicarse en Guayaquil.

La Defensoría del Pueblo Ecuador (DPE) atendió su reclamo y luego de una serie de procesos obtuvo el documento. “A inicios de este mes ya lo saqué y todo fue fácil. Solo necesité una planilla de energía eléctrica y el carné de refugio”.

La delegada de la DPE en Guayas, María José Fernández, explica que la Constitución, en su artículo 40, señala que los refugiados y refugiadas tienen una protección especial del Estado al ser parte del grupo de atención prioritaria. También hay convenios y tratados internacionales que se convierten en la garantía y en la tutela que necesitan las personas de movilidad humana.

“Pero en el verdadero ejercicio de los derechos de las personas refugiadas sí han encontrado una serie de limitaciones que en definitiva vienen a convertirse en vulneración de sus derechos”, dice Fernández.

Citó que algunas personas refugiadas que querían acceder a créditos hipotecarios, tramitar el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) o el Registro Único de Contribuyentes (RUC), a tener una línea telefónica, acceder al sistema financiero, a la educación de niños, o sacar la licencia de conducir, no lo podían hacer.

Según Fernández, las trabas no corresponden a la falta de voluntad de las autoridades, sino porque en algunas instituciones aún hay normativas internas que son anteriores a la Constitución y no tienen la misma consonancia de ahora.

Eso pasó con Jhon Jairo Fernández, quien revela que se demoró dos años para sacar la licencia de conducir. Luego de aprobar el examen en la Comisión de Tránsito del Ecuador, al presentar el carné de refugiado le dijeron que el único documento válido era la cédula ecuatoriana.

La DPE intervino en el caso y luego de interponer una acción de protección se logró que el carné sea tomado en cuenta como el documento de identificación y así lograr que de manera general todos los refugiados puedan acceder a las licencias de conducir.

Continúan los trabajos con las instituciones

Desde 2013 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y la DPE trabajan de forma permanente en líneas de diálogo con las instituciones para garantizar que los grupos de movilidad humana puedan gozar de sus derechos.

Según datos del Acnur, en el país hay 60.000 refugiados y 11.000 solicitantes de refugio. La mayoría está asentada enQuito, Cuenca, Guayaquil y Santo Domingo, y el 98% proviene de Colombia.

Ahora ellos pueden acceder a algunos servicios, como los del sistema financiero. “Hay cierto desconocimiento por parte de las instituciones financieras y al mostrar el carné de refugio como identificación -porque así lo indica la Convención de Ginebra- no los admitían y por lo tanto no les permitían abrir cuentas bancarias, ni utilizar ningún servicio de las instituciones financieras”, explica Fernández.

En ese sentido, la Superintendencia de Bancos emitió las directrices correspondientes a las instituciones financieras para que se recepte el carné de refugio como documento de identidad para que puedan hacer el uso de los servicios.

Aún se trabaja con instituciones financieras para aperturas de cuentas, al igual que las empresas de telefonía para el acceso a líneas telefónicas de móviles.

Manuel Dos Santos, jefe de la oficina de la Acnur en Guayaquil, señala que faltan servicios por completar y concienciación de las personas para acoger a los refugiados.

La recomendación general es que en caso de que detecten alguna vulneración de derechos se pueden acercar a la Defensoría del Pueblo, como ente encargado, para articular con las instituciones a fin de crear precedentes. (I)

Organismos hacen llamado a la integración

Como parte de las actividades de la Semana de la Movilidad Humana la Defensoría del Pueblo Ecuador (DPE) realizará mañana un conversatorio con las instituciones y los colectivos que prestan servicio a favor de los refugiados.

Entre los organismos que participarán se encuentran el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), Registro Civil, la Dirección de Refugio y el Ministerio de Educación (MinEduc).

Los refugiados y los representantes de las instituciones intercambiarán opiniones para conocer en qué aspectos las instituciones pueden mejorar. El segundo evento se efectuará el 30 de septiembre con una feria en la Plaza San Francisco, con la intervención de organizaciones de movilidad humana.

“La institucionalidad del Estado ya hace su papel, ya hemos avanzado bastante. Queremos que sea un escenario propicio para que las personas conozcan que no solamente están aquí por pasar, sino que son personas emprendedoras que han desarrollado procesos interesantes en el país”, dice Fernández.

Añade que una de las reflexiones es que los ecuatorianos también tienen un familiar en el exterior, por lo que se espera la misma reciprocidad en buena atención.

Ante ello se creó una campaña entre los usuarios de Twitter en donde pueden participar con el hashtag #SonrieEstamosIntegrandonos y #MiParienteMigrante adjuntando una fotografía con su pariente migrante o tomarle una foto. El usuario debe agregar una frase que desea transmitir. (I)