En el debate actual frente a la despenalización del aborto por violación, las voces de las mujeres de los Pueblos y Nacionalidades están casi ausentes. En la búsqueda de cifras sobre la situación de las niñas, adolescentes y mujeres indígenas en lo referente a violencia de género, violencia sexual y aborto, encontramos que el Estado no cuenta con procedimientos sistemáticos para su visibilización y cuantificación.

Apenas tenemos los datos de la Encuesta Nacional sobre Violencia de Género (INEC, 2011) que establece que las mujeres indígenas son quienes sufren la mayor violencia en Ecuador: el 67,8%. Esto equivale a decir que siete de cada 10 la hemos padecido, sin que existan políticas públicas que respondan a esta realidad.

Nosotras no solo interpelamos al Estado y a sus instituciones, denunciamos también las violencias que se esconden tras la tradición o la religión en nuestros propios contextos y que generan re victimización e impunidad. Sabemos que existe una continuidad entre las violencias, la práctica clandestina del aborto y hasta la muerte.

El racismo institucional hace que muchas mujeres indígenas embarazadas por violación no acudan al hospital por miedo al juicio y al maltrato reiterado.

Estos casos se resuelven dentro de las comunidades donde las mamás parteras acompañan los abortos, desde el silencio, la precariedad y la ilegalidad.

No basta la despenalización, es necesario que el Estado se convierta en un interlocutor confiable para que el aborto por violación sea una opción real para las niñas, adolescentes y mujeres indígenas.

Demandamos también un sistema de salud donde quepa la posibilidad de rehabilitar nuestras prácticas ancestrales en medicina, incluso las que tienen que ver con el control de la natalidad y el aborto en estos casos.

Para que la salud intercultural no sea meramente un slogan sino una realidad y una concreción de nuestros derechos colectivos e individuales. (O)