$ 8 millones en matrículas ilegales en centros tipo “E”

El Consejo de Educación Superior (CES) inició medidas legales contra  algunas autoridades de  las 14 universidades  que fueron clausuradas. Así lo informó ayer René Ramírez, presidente del CES, quien señaló que durante la auditoría de los administradores temporales  se detectaron múltiples irregularidades.

A decir del funcionario, la irregularidad administrativa más recurrente fue la precarización laboral de trabajadores. Un ejemplo  fue que en la Universidad Cristiana Latinoamericana (UCL), mientras los trabajadores ganaban una mensualidad promedio de 646 dólares, el rector percibía un salario de 11.500 dólares.

A eso se suma que muchas universidades concentraban salarios en grupos familiares. Así ocurrió con la Universidad Técnica América (Unita), que pertenece a la familia Espinoza Enríquez, y la Universidad San Antonio de Machala, a nombre de la familia Ávila Loor. 

La informalidad fue otro problema recurrente. De los 3.260 docentes y 959 trabajadores, solo el 41% tiene contrato y está afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). “Casi el 60% del personal se encuentra en la informalidad”, reiteró Ramírez, y señaló que también hay   retraso en las mensualidades del seguro, tal y como se reportó en la Universidad  Alfredo Pérez Guerrero, que realizó su último pago en marzo de 2011.

Los administradores temporales todavía se encuentran contrastando información con el IESS, el Ministerio de Relaciones Laborales, el Servicio de Rentas Internas (SRI) para determinar la situación financiera de cada institución. 

Dentro de las irregularidades financieras y administrativas  se determinó que ninguna de las 14 instituciones entregó   inventario, libros contables y estado  de sus cuentas bancarias. Además, algunos establecimientos registraron ausencia de activos, con lo que se presume transferencia de bienes inmuebles a familiares y promotores, a pesar de que en marzo pasado  el CES anunció medidas cautelares para estas instituciones. Esto implicaba que ninguno de los centros de educación superior podían adquirir, vender o transferir sus bienes.

En cambio, otras instituciones no tienen bienes inmuebles: 14 de los 17 locales en los que funciona la  Unita son arrendados. Lo mismo ocurre en cuatro de las cinco sedes de la Universidad Interamericana del Ecuador y en 11 de las 21 localidades de la UCL. “Los estudiantes se estaban formando en universidades fantasmas”, concluyó el titular del CES.

En cuanto a las irregularidades académicas, el personal de las  brigadas   reportó gran cantidad de datos erróneos: 3.155   en los datos personales, 14.192 en el número de créditos, 3.117 en el nombre de la carrera, 3.214 en la fecha de ingreso, 1.574 estudiantes no fueron inscritos como alumnos del último año de la carrera y hubo 10.780 estudiantes que no se registraron.

El CES también determinó que las instituciones suspendidas informaron que se matricularon 8.999 estudiantes después de  aprobarse la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), de los cuales 6.056   tienen menos de 50 créditos aprobados (es decir no corresponden a convalidaciones); por lo cual se presume que recaudaron por matrículas ilegales al menos 8,5 millones de dólares, solo en 2011. 

Ramírez aseguró que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado para que determine si se trata de un delito  y espera que los jueces validen la denuncia.

Por lo pronto recordó que continúa el Plan de Contingencia y que  hasta el 13 de mayo se registraron  38.500 estudiantes y 2.017 profesores.

Para este plan, las universidades y escuelas politécnicas han ofrecido 59.212 carreras, además se crearán 13 carreras de titulación especial “desde un enfoque territorial y según modalidades de estudio”.