5 de 8 universidades cofinanciadas usaron el 100% del presupuesto estatal para becas

Desde 2013 en las 8 universidades cofinanciadas del país (Pontificia Católica del Ecuador, Politécnica Salesiana, Católica de Cuenca, Técnica Particular de Loja, Del Azuay, Laica Vicente Rocafuerte, Católica de Guayaquil y Tecnológica Equinoccial) se registró una tendencia al alza de aranceles. Los costos pasaron, en promedio, de $ 3.459 a $ 4.565, es decir, un incremento del 32%. Incluso en el quintil más bajo el valor resultó demasiado alto para los estudiantes de menos recursos.

Además, 5 de estos 8 centros de educación superior justificaron el 100% de los recursos que recibieron del Estado en el otorgamiento de becas. Así lo informó René Ramírez, presidente de Consejo de Educación Superior (CES).

Frente a esa realidad, la entidad que regula la educación superior en el país busca aplicar un nuevo mecanismo para otorgar becas. Según Ramírez, la idea es lograr una eficiencia óptima en la asignación de recursos. “Con el mismo presupuesto se puede beneficiar a más personas”.

Después de un estudio sobre la utilización de los recursos estatales en las 8 universidades mencionadas, el CES determinó que no se justificaron $ 6,7 millones equivalentes a 2.300 becas completas que no se lograron adjudicar.

En promedio, estos centros cobran $ 4.565 por estudiante; pero cuando se ve el estado de pérdidas y ganancias, las universidades gastan por estudiante $ 2.769. “Podrían cobrar menos o entregar más becas”, dijo Ramírez.

Con documentos en mano, el titular del CES reveló que las becas entregadas en relación a los aranceles suman $ 14 mil; pero si se adjudicaran en relación a los propios gastos de las universidades (estados financieros), las ayudas académicas serían $ 23 mil; y si la política cambia y se entrega de acuerdo al costo óptimo que establece la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), sumarían $ 27 mil.

Según el CES, en términos generales, las universidades particulares que reciben presupuesto estatal cuentan con una adecuada solvencia. Es más, tienen capacidad para generar excedentes. El total de activos de estos centros educativos es de $ 529 millones y su patrimonio, $384 millones.

Una de las falencias que aún se mantienen en las universidades es el gasto que destinan para cubrir las gestiones administrativas. Este asciende a 57%, cuando la norma establece que sea el 35%.
Además de esto, 116 personas recibieron un salario superior al grado 8 ($ 6.122). Con ese rubro se hubiesen entregado 552 becas adicionales. Solo en la Universidad Salesiana el valor que pagan quienes están en el quintil más bajo no les resulta altamente costoso. En la Católica, por ejemplo, el semestre para el estudiante que menos paga es de más de $ 5.000.

Ramírez explicó que con el nuevo mecanismo el estudiante deberá estar matriculado en un centro de educación superior y ahí acceder a una beca. Después de estudiar su caso se determinará si aplica al beneficio académico. El Estado continuará entregando el monto (por estudiante) a las universidades. Si existe un remanente, este se utilizará en el financiamiento de los posgrados de las universidades públicas, en general.

Está previsto que la propuesta se tramite junto con la norma de las universidades cerradas, la cual ya está en debate en la Asamblea Nacional. Ramírez aclaró que el nuevo mecanismo de asignación de recursos aplica -únicamente- a las universidades cofinanciadas. El financiamiento de los posgrados de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) aún está en estudio. (I)