Homosexualidad era castigada con 8 años de prisión en década del 90

Giovanny Jaramillo, transmasculino, se declara como sobreviviente. &Eacute;l fue v&iacute;ctima de la represi&oacute;n, el maltrato f&iacute;sico y psicol&oacute;gico. En la d&eacute;cada del 90, cuando era adolescente, vivi&oacute; discriminaci&oacute;n y humillaci&oacute;n mientras estaba en el colegio, a tal punto que concluy&oacute; sus estudios en la secci&oacute;n nocturna para evitar los ataques. En Ecuador, hasta 1997, la homosexualidad era considerada un delito. El art&iacute;culo 516 del anterior C&oacute;digo Penal castigaba las relaciones entre adultos del mismo sexo con reclusi&oacute;n de cuatro a ocho a&ntilde;os. &ldquo;Las personas homosexuales eran tratadas como delincuentes&rdquo;. Este instrumento legal -recuerda- fue utilizado por la Polic&iacute;a Nacional para reprimir a la comunidad gay y lesbiana. La Fundaci&oacute;n de Acci&oacute;n y Ayuda para Prevenci&oacute;n del Sida (Fedaeps) fue una de las primeras organizaciones que con otros colectivos, en 1994, present&oacute; una queja ante la Organizaci&oacute;n de Estados Americanos (OEA) en la que denunci&oacute; que en el pa&iacute;s se vulneraban los derechos humanos de la poblaci&oacute;n. La OEA determin&oacute; que si alg&uacute;n instrumento legal violaba los derechos de los homosexuales estaba en contra de la Carta Mundial de los Derechos Humanos. En Cuenca, en 1997, se desat&oacute; una protesta masiva cuando la fuerza p&uacute;blica detuvo a una centena de homosexuales que reclamaban por la aprehensi&oacute;n de varios gays y, adem&aacute;s, por el abuso y maltrato a un conocido estilista de Cuenca, llamado &lsquo;Nacho&rsquo;. Estudiantes universitarios, trabajadoras sexuales trans y heterosexuales iniciaron gestiones para que se despenalice la homosexualidad en las leyes locales. Alrededor de 1.400 firmas se recolectaron de parte de los ciudadanos que estaban en contra y fueron entregadas en septiembre de 1997 al Tribunal Constitucional. El 25 de noviembre del mismo a&ntilde;o se declar&oacute; inconstitucional el primer inciso del art&iacute;culo 516 que rezaba: &ldquo;Las relaciones homosexuales consentidas entre adultos ser&aacute;n castigadas con reclusi&oacute;n de cuatro a ocho a&ntilde;os&rdquo;, debido a que esto violaba los derechos de los homosexuales. El abogado penalista Gabriel J&aacute;come precisa que un a&ntilde;o despu&eacute;s se garantiz&oacute; por primera vez el derecho a la vida a todas las personas, sin importar la orientaci&oacute;n sexual, tras la reforma de la Constituci&oacute;n Pol&iacute;tica de 1998. &ldquo;La Carta Magna se bas&oacute; en las normas jur&iacute;dicas y acuerdos ministeriales. El derecho a la vida es inalienable e irrenunciable, sin importar el g&eacute;nero y clase&rdquo;. Para Diane Rodr&iacute;guez, presidenta de la Asociaci&oacute;n Silueta X, al inicio no hubo un avance real. &ldquo;Qued&oacute; en letra muerta, a pesar de los logros&rdquo;. En 2000, por ejemplo, se registraron incidentes en sitios como el Malec&oacute;n de Guayaquil. Guardias del lugar prohib&iacute;an que personas trans ingresaran al sitio. La activista considera que a partir de la creaci&oacute;n de la Constituci&oacute;n de 2008, en los &uacute;ltimos a&ntilde;os se evidencia progreso en derechos a la poblaci&oacute;n GLBTI (gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales). &ldquo;Hay cumplimiento de la uni&oacute;n de hecho entre personas trans y del mismo sexo y el cambio de g&eacute;nero en la c&eacute;dula de identidad. Si eso hubiese ocurrido en esos a&ntilde;os, hoy estuvi&eacute;ramos desarrollados culturalmente, como Uruguay, Argentina y Holanda&rdquo;. Rodr&iacute;guez expresa que el reconocimiento de la ley a favor de la comunidad cambi&oacute; la perspectiva de la sociedad y ha contribuido a la eliminaci&oacute;n de la exclusi&oacute;n. (I)