Durante la inauguración de Hábitat III, el presidente de la República, Rafael Correa, anunció que remitiría a la Asamblea un proyecto de ley para regular la plusvalía urbana y trasladarla “a manos de los municipios”.

Entre los argumentos esgrimidos para contextualizar esa propuesta, el Mandatario mencionó que “los pobres no existen para el mercado, no tienen capacidad adquisitiva.

Casi no hay oferta espontánea de vivienda social [...] Por eso debe intervenir el Estado. No se trata solo de justicia social; se trata de evitar grandes desestructuraciones sociales, nuevas formas de pobreza, tráfico de tierras, ocupación ilegal del suelo, asentamientos y precariedad en las ciudades”.

Además de apelar a consideraciones redistributivas, la gestión pública de la plusvalía es una propuesta de política cuya razón de ser está relacionada con cambios demográficos y sus implicaciones económicas.

La transformación de la visión convencional sobre la ciudad

En las décadas anteriores a la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos realizada en 1976, el acelerado proceso de urbanización ocurrido en los países no desarrollados convirtió a la urbe ‘tercermundista’ en un espacio en el cual se avizoraba que la aglomeración de grandes cantidades de población migrante generaría mayor marginación social y económica.

Desde Río de Janeiro en Brasil hasta Addis Abeba en Etiopía, la espontaneidad de los asentamientos humanos difundió la imagen de la ciudad como un territorio que recibía a los pobres y que generaba pobres.

Desde principios del siglo XXI, sin embargo, las políticas para el desarrollo urbano tendieron a desprenderse de esa concepción fatalista.

Como puede constatarse en los informes sobre el desarrollo de las ciudades en el mundo publicados por Un-Hábitat y en las estrategias urbanas del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, las organizaciones multilaterales comenzaron a fomentar políticas dirigidas a convertir a la ciudad en un espacio de oportunidades.

La consolidación de esta preferencia de política pública implicó asumir que la migración de personas desde las áreas rurales hacia las zonas urbanas es, por lo menos hasta el momento, una tendencia irreversible.

Frente a este hecho, las ciudades comenzaron a ser pensadas no como ‘el problema’, sino como parte de ‘la solución’, especialmente con respecto a la erradicación de la pobreza.

Y ello en razón de que, además de concentrar mayores oportunidades de trabajo y de desarrollo humano, las ciudades facilitan crear ‘economías de escala’, es decir, generar ahorros para toda la sociedad cuando esta se plantea proveer bienes y servicios a cantidades cada vez más crecientes de personas.

El mercado del suelo no incide solo en las construcciones

El acceso de las personas a mejores servicios de educación y salud depende de su posibilidad de acceder a la vivienda urbana, sea como arrendatarios o propietarios. Si no se puede residir en la ciudad, no se puede disfrutar de sus beneficios.

En la mayoría de sociedades capitalistas contemporáneas, sin embargo, el ‘costo’ de vivir en una urbe no está relacionado únicamente con las características del inmueble. Y allí yace el origen de la plusvalía urbana y de la necesidad de regularla desde el poder público.

“La urbanización está asociada a una fuerte presión por la oferta de tierra dotada de servicios. Esto ha generado cambios significativos en el valor del suelo que se distribuyen desigualmente entre los propietarios del suelo y otros actores. En gran medida, las políticas e instrumentos fiscales convencionales descuidan la forma en la cual los costos de proporcionar infraestructura urbana y los servicios son socializados, así como la forma en la cual los beneficios son privatizados”, indica ‘Implementación de la recuperación de plusvalías en América Latina’, un informe elaborado por Lincoln Institute of Land Policy.

Con base en las experiencias históricas de ‘la construcción de la ciudad’ moderna —entre las cuales se encuentran aquellas de los países hoy desarrollados que ya lograron establecer medidas correctivas para el problema de la especulación del suelo desde principios del siglo XX e incluso desde mucho antes—, esa publicación destaca las ventajas de la recuperación pública de plusvalías como una fuente de ingresos regulares para los gobiernos locales y, también, como un mecanismo para controlar preventivamente los efectos macroeconómicos de los boom inmobiliarios.

Entre otros beneficios, a su vez, la regulación pública de plusvalías urbanas conduce a mejorar el funcionamiento de los mercados de tierras, inmuebles y arrendamientos a través de la contención de las ganancias privadas inmerecidas que emanan de la dotación de infraestructura pública.

Con las políticas adecuadas, una mayor eficiencia en la asignación del espacio —el recurso más escaso en la economía urbana— reduce los precios y aumenta la oferta de vivienda.

En América Latina, los ejemplos más sistemáticos de legislación para la recuperación de plusvalías se encuentran en la ‘Ley de desarrollo territorial’ (1997) de Colombia y en el ‘Estatuto de la ciudad’ (2001) de Brasil, destaca el informe del Lincoln Institute. (I)

DATOS

En el 75% de las urbes del planeta existe actualmente una mayor desigualdad en la distribución de ingresos que aquella observada 2 décadas atrás, según datos presentados en el ‘Informe de las ciudades en el mundo 2016’.

En los países en desarrollo, las urbes crecen extendiéndose en el territorio y no densificando la ocupación del suelo.

Hasta 2050 la densidad urbana disminuirá en 1% por año, circunstancia que duplicará la superficie urbana en el mundo.