Luis, de 62 años,  en su infancia vivió en Otavalo, provincia de Imbabura, junto con su abuelo José, quien se dedicaba al negocio ilegal de la huaquería. Hace más de 50 años, Otavalo estaba rodeado de extensos terrenos que hoy son barrios y lotizaciones -cuenta Luis-.

La casa de su abuelo se encontraba en San Juan, al noroccidente de la ciudad. “Mi abuelo solía llevar a la casa cajas grandes con objetos arqueológicos; algunos estaban rotos, mientras que otros se encontraban intactos. Esto ocurría al menos 5 veces al año”, comenta Luis.

Luis manifiesta que a su abuelo le tomaba hasta tres meses encontrar un sitio arqueológico, y que tras el descubrimiento las piezas eran regaladas o vendidas a los dueños de las haciendas de la provincia.

“La zona que exploraba mi abuelo se encontraba al noroccidente de Imbabura. Sabíamos que su búsqueda se extendía hasta las parroquias de Pacto  y Nanegal, en  Pichincha”, menciona.

José nunca tuvo problemas con las autoridades, puesto que en la década del 40 en Ecuador no existía ningún tipo de control ni norma legal contra esta actividad.

En la casa de Luis se pueden observar fotografías en blanco y negro de su abuelo realizando  excavaciones o sentado junto a hallazgos arqueológicos como ollas, vasijas, jarras, máscaras, etc.

José se dedicó a esta actividad por más de 10 años. Su esposa, Laura, sospecha que una de las razones de su muerte, en 2010, fue que acumuló en sus pulmones gases tóxicos de los hallazgos.  

Laura dice que nunca le gustó tener en casa aquellas piezas y que sentía miedo solo de verlas, por eso decidió regalárselas a amigos, familiares y extranjeros.

Este tipo de historias son conocidas en generaciones del siglo pasado, cuando no existía una regulación de la venta de bienes patrimoniales.

En 1970, la Unesco estableció la Convención de Prevención de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, en la que se especificó qué medidas deben adoptar los países para prohibir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales.   

Sin embargo, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) señala que el Estado ecuatoriano no cuenta con un registro de cuántas piezas fueron sustraídas y comercializadas al exterior durante el siglo anterior.

El transporte de piezas patrimoniales desde países de Europa se realiza con precaución. La repatriación puede tardar más de 6 meses. Foto: Álvaro Pérez / EL TELÉGRAFO

Un nuevo sistema de protección

En septiembre de 2008 robaron la Custodia y la corona de la virgen de Sicalpa del museo del Convento de la Concepción, en Riobamba. Los objetos religiosos se encontraban resguardados en cajas de vidrio, sin embargo los ladrones rompieron la seguridad.

Un año después, los tres responsables del robo de esta pieza patrimonial fueron sentenciados a 6 años de privación de libertad.

Para Joaquín Moscoso, director del INPC, este caso mostró la falta de políticas de protección y preservación del patrimonio cultural. Por esta razón, en 2008 se declara en emergencia el sector patrimonial del país y se establecen mecanismos de control para la conservación de bienes patrimoniales.

Moscoso indicó que se efectuó un inventario masivo del patrimonio del país a partir de ese año. “Antes de 2008 existían entre 5.000 y 6.000 bienes inventariados. Dos años después logramos registrar 100.000 bienes. Nos dimos cuenta que el inventario es una herramienta de gestión y protección  fundamental contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales”.  

En 2010, mediante Decreto Ejecutivo N° 277, el expresidente Rafael Correa declaró como política de Estado el combate al tráfico ilícito de bienes culturales.

Ese mismo año el Estado crea la Comisión Nacional y el Comité Técnico de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales.

Este último está conformado por el Ministerio del Interior, la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía, el Instituto Nacional de Patrimonio y el Servicio de Aduana del Ecuador.

Además se creó la Unidad de Policía de Investigación Patrimonial, que junto al Comité Técnico investigan y previenen casos de delito de tráfico de bienes patrimoniales y culturales.

Moscoso indicó que el Comité se reúne semanalmente y que hasta el momento se han registrado 300 encuentros, lo que permite crear estrategias para combatir el tráfico de bienes culturales.

El funcionario señaló que el tráfico de bienes culturales es el delito que más dinero inyecta en el mercado ilícito internacional. “Según la Interpol este delito es la tercera fuente de riqueza ilegal, después del tráfico de drogas y de armas”.

En el ámbito diplomático, Ecuador  firmó convenios bilaterales para la protección del patrimonio cultural, y 18 de 50 países suscribieron acuerdos de cooperación. “Desde hace 7 años Ecuador ha recuperado 4.956 bienes culturales de países como Argentina, Chile, Perú, Colombia. Dinamarca, España, Egipto, Estados Unidos, Italia y más”, dijo Mocoso.

Señaló que a nivel nacional, en el mismo lapso de tiempo, se recuperaron 8.500 bienes. “Somos uno de los países de la región que más patrimonio cultural ha recuperado”.

Los bienes repatriados comprenden piezas arqueológicas, en su mayoría, bienes documentales, arte colonial y numismática. Además, el Comité tiene previsto repatriar 284 bienes arqueológicos provenientes de Italia, Alemania y el Vaticano.

Sin embargo, la nueva Ley Orgánica de Cultura, en su artículo 65, posibilita la transferencia de dominio de bienes patrimoniales de posesión privada, a excepción de piezas arqueológicas, puesto que estas les pertenecen al Estado.

Los bienes patrimoniales o culturales repatriados y recuperados son expuestos en el Centro de Investigación de la Memoria y Patrimonio Cultural del INPC. Foto: Álvaro Pérez / EL TELÉGRAFO

Leyes de protección al patrimonio cultural

El 10 de agosto, la Fiscalía de Pichincha recuperó 8 manuscritos de autoría de Eloy Alfaro, que datan de 1910. Los documentos fueron rescatados cuando pretendían ser subastados a través de internet a un valor de $ 10.000.

La Fiscalía inició la investiga contra Mario Q. por el delito de transporte y comercialización ilícita y tráfico de bienes patrimoniales y culturales. La pena por esta falta es de 5 a 7 años.  

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en la sección Delitos Contra el Derecho a la Cultura, señala en el artículo 238 que “el transporte, adquisición, enajenación, intermediación, intercambio o comercialización de bienes patrimoniales tendrá una sanción privativa de la libertad de 5 a 10 años”.

También, la Ley Orgánica de Cultura (LOC), en su artículo 90, indica que “del tráfico ilícito de bienes del patrimonio cultural nacional, sin perjuicio de las acciones penales, el ente rector de la Cultura y el Patrimonio, en coordinación con las entidades correspondientes, adoptará las medidas administrativas y legales que sean necesarias para evitar que se movilicen ilícitamente fuera de territorio nacional”.     

El fiscal Ángel Cajilema, quien es parte del Comité Técnico, explicó los alcances y retos que tiene la justicia para combatir este delito.

Indicó que es necesario que Fiscalía cree una unidad especial para investigar y combatir el tráfico de bienes patrimoniales. “A partir del decreto ejecutivo aparece la responsabilidad de las instituciones del Estado con respecto al tráfico de bienes patrimoniales. Con el Comité, la Fiscalía decide capacitar y especializar a fiscales en el exterior, puesto que este delito debe ser tratado con los protocolos, al igual que los casos de tráfico de armas y drogas”.

Explicó que cuando se reportan denuncias sobre tráfico de bienes patrimoniales en otras provincias el Comité es quien direcciona a los fiscales, pues existe desconocimiento de la autoridad provincial sobre cómo tratar estos casos.

El investigador indicó que en el transcurso de 2016 y 2017 ha llevado 36 procesos solo en la provincia de Pichincha.

Según las indagaciones realizadas, el precio de las piezas patrimoniales son elevadas en el mercado internacional; muchas pueden llegar a $ 25.000, $ 600.000 e incluso más.

Cajilema resaltó que la normativa tiene un vacío cuando se trata de delito flagrante, pues reconocer la autenticidad de un bien patrimonial o arqueológico les lleva a los especialistas más de 15 días, de ahí la necesidad de crear un ente especializado.

La cadena del delito

¿Cómo se extraen bienes arqueológicos de manera clandestina? Según  la Unidad Especializada de los Delitos contra el Patrimonio de la Policía Judicial el primer paso de esta cadena delictiva se concentra en los huaqueros y coleccionistas y culmina con los compradores en el exterior.  

Cristian Trujillo, jefe de la Unidad Especializada de los Delitos contra el Patrimonio de la Policía Judicial, manifestó que “el ciclo del delito empieza con el huaquerismo, que son excavaciones clandestinas en zonas rurales”.

La Policía Nacional es la encargada de detener el comercio clandestino de bienes patrimoniales, de tal manera que junto a Fiscalía emprendan investigaciones, de más de 3 meses, para dar con los traficantes.

Los operativos de rastreo de bienes patrimoniales se realizan en páginas de internet, museos privados, mercados artesanales, anticuarios y domicilios.

Desde el 2010 se efectuaron 60 operativos y se recuperaron 600 bienes entre documentos, esculturas, pinturas y objetos arqueológicos.  Durante 2017 se desarticularon 4 bandas y se detuvo a 23 personas.   

Trujillo indicó que las investigaciones se realizan con monitoreos permanentes de comercio de bienes patrimoniales en páginas especializadas y de subastas en internet.

Uno de los inconvenientes al que se enfrenta la legislatura del país es la repatriación de bienes, sobre todo cuando éstos son subastados en el exterior.

Trujillo explica que, a pesar de existir convenios internacionales, las legislaciones de países europeos protegen a los “comerciantes de buena fe” que son aquellas personas que adquieren piezas patrimoniales a través de subastas.   

El oficial puso como ejemplo  las legislaciones de Alemania y Francia, las cuales solicitan a Ecuador datos como la fecha en que el bien salió del país para devolverlo. “Eso es difícil de determinar, pues muchos de nuestros bienes salieron en la época dorada, décadas del 30 y 40, cuando no había leyes que frenaran este delito”.

En pasos de fronteras, aeropuertos y aduanas opera el Comité a través de la Policía. Datos del INPC evidencian que en el aeropuerto Mariscal Sucre se retuvieron 97 bienes desde 2012. Además se detectaron 688 piezas arqueológicas y coloniales, desde 2013, en casas de subastas internacionales.

Repatriaciones

Joaquín Moscoso indicó que la repatriación de bienes se puede efectuar a través de litigios, entrega voluntaria y por la vía diplomática. “Una de las repatriaciones más importantes fue la que se efectuó con el Gobierno de Italia, en 2014, cuando recuperaron 2.695 piezas”.  

Además indicó que el proceso de repatriación puede llegar a tardar varios meses, dependiendo del número de piezas y del presupuesto del que disponga el Estado. “El caso de Norero, Italia, costó $ 600.000 y se trataba de 4.000 piezas”.

Con respecto a devoluciones voluntarias se encuentra el caso del Conde de Urquijos, exdiplomático español en Ecuador, que después de su muerte, su familia, en 2015, entregó a Ecuador 73 piezas coloniales.       

Explicó que los bienes recuperados y repatriados entran a un inventario y de conformidad con la LOC se posibilita que  pasen al Ministerio de Cultura y que este distribuya las piezas a diferentes museos del país. (I)

DATOS

El INPC supervisa los trabajos arqueológicos que se realizan en Machalilla, en la provincia de Manabí.

Técnicos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural dictaron un taller que tuvo como objetivo proporcionar a los funcionarios de la Policía, Aduanas, Fiscalía General del Estado y Correos del Ecuador, herramientas clave para la identificación de bienes culturales patrimoniales. (I)