Gobierno Nacional presentó denuncia por supuesto tráfico de combustibles
El Gobierno Nacional, a través de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, presentó el jueves 11 de julio de 2024 una denuncia penal contra Aquiles Alvarez y otras ocho personas por presunto comercio irregular de combustibles.
La denuncia fue presentada en la Fiscalía por Franklin Erreyes, director ejectivo de la entidad pública, contra nueve personas y las empresas Fuelcorp S.A. y Codepesa Gasgrupo S.A., en donde Alvarez y sus tres hermanos son accionistas.
De acuerdo al oficio, las empresas estarían involucradas en una red de comercialización irregular de combustibles, debido a diferencias entre el volumen de los derivados de petróleo despachados por Petroecuador y los facturados por las estaciones de servicio, propiedad de Fuelcorp S.A.
Fuelcorp S.A, habría facturado 745.718 galones adicionales de diésel a los que habría entregado la petrolera estatal para su distribución. El combustible adicional habría provenido de la empresa Codepesa Gasgrupo S.A, que no tiene autorización para este tipo de transacciones.
En 2023, también habría adquirido combustibles de otros tres comercializadoras que tampoco tendrían autorización de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Además, en la denuncia llama la atención que Fuelcorp habría provisto de gasolina a 8.019 vehículos con un solo dueño, un trabajador de la empresa. Y en uno de ellos se registró un consumo inusual de 117.000 galones de gasolina y 3.000 galones de diésel.
Alvarez se pronunció por el caso en su cuenta de Twitter y aseguró que se trata de "un montaje distractor sin sustento" para presuntamente perjudicar su imagen y la de su familia.
En una entrevista con radio Sucre, el presidente Daniel Noboa había asegurado que existen empresas que facturan millones de dólares por el contrabando de combustible. De hecho, la bancada oficialista de Acuerdo Democrático Nacional (ADN) informó sobre la creación de un frente parlamentario para combatir el tráfico ilegal de combustible y derivados.
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