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Caso Dana R.: Se instaló audiencia contra tres sospechosos

La audiencia por el crimen de la menor se realiza en el Edificio Judicial Penal de Riobamba.
La audiencia por el crimen de la menor se realiza en el Edificio Judicial Penal de Riobamba.
Foto: Fiscalía del Ecuador.
01 de octubre de 2024 - 13:02 - Redacción Web

La Fiscalía presentó su dictamen acusatorio contra Mauro R., Rafael L. y Evelyn B., por su presunta participación en la desaparición y muerte de la menor Dana R., ocurrida en Riobamba en febrero de 2024. La audiencia se realiza este martes 1 de octubre en el edificio Judicial Penal de la capital chimboracense.

El caso se remonta al 1 de febrero de 2024, cuando la menor de ocho años fue reportada como desaparecida en un parque del barrio El Porvenir, en el sur de Riobamba. Su madre había declararado que recibió llamadas extorsivas para que entregue dinero a cambio de liberar a la pequeña, sin recibir pruebas. 

Después de una intensa búsqueda de las autoridades, que activaron la Alerta Emilia, el cuerpo de la niña fue hallado el 16 de febrero en la cisterna de la casa propiedad de sus abuelos.

Poco después fueron detenidos dos de sus familiares para las investigaciones. Un tercer presunto implicado fue capturado a inicios de mayo.

Según la hipótesis que maneja Fiscalía, Mauro R., padre de la menor, habría planificado su secuestro junto a Evelyn B., prima de la niña, y el esposo de esta, Rafael Y.

El progenitor supuestamente habría usado el secuestro de su hija para forzar a la madre a cobrar una póliza de seguros y pagar una deuda.

En el plan habrían participado Evelyn B. y Rafael Y., en calidad de coautores, quienes supuestamente iban a recibir dinero a cambio de su participación. La mujer procesada había declarado a la Fiscalía que Mauro R. era el autor intelectual del secuestro y relató que ella le prestó ayuda con el objetivo de desviar la atención de las autoridades.

Las tres personas son procesadas por secuestro extorsivo, con resultado de muerte, con lo que podrían enfrentar una condena de 26 años de prisión, según lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

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