El número de obesos aumentó ante los problemas económicos

El inequitativo acceso a los alimentos a raíz de la crisis económica que afecta a Argentina ha desatado una virtual epidemia de obesidad,  especialmente en los sectores más empobrecidos, por el incremento del consumo de grasas saturadas y azúcares refinados en la población. En concreto, los argentinos comen más frituras, pastas y golosinas que frutas, verduras y fibras.

En un país de 40 millones de habitantes que produce alimentos para 140 millones, los argentinos se acostumbraron a comer barato y mal. Un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, de la Universidad Nacional de Avellaneda, en la periferia sur de Buenos Aires, reveló que la situación alimenticia aumentó el 42% de la prevalencia de obesidad en los adultos en los últimos 10 años.

Según el informe, el consumo de la población se centró en alimentos industrializados -ultraprocesados-, carnes rojas, sodio, grasas saturadas, azúcares refinadas y un relativamente bajo consumo de frutas, verduras, fibras e hidratos de carbono complejos.

“Hay evidencia sobre la relación inversa entre nivel de escolaridad y carga de enfermedades crónicas en Argentina, aquello explica que los sectores en situación de mayor vulnerabilidad  han tenido un aumento pronunciado de obesidad”, señaló el reporte.

Las estadísticas son contundentes.  En promedio el 58% de los adultos argentinos está excedido de peso: el 37% solo tiene sobrepeso pero el 21% es directamente obeso. Y los porcentajes empeoran en los sectores de mayor vulnerabilidad económica ante la imposibilidad de acceder a alimentos de mejor calidad nutricional.

¿Y los niños?

La situación es también preocupante para los menores. Según las Encuestas Mundiales de Salud Escolar del Ministerio de Salud de la Nación, el sobrepeso aumentó de 17,9% a 27,8%. Las prevalencias de sobrepeso y obesidad infantil son mayores en la población más pobre. En este sector social, por ejemplo,  el consumo de frutas es 10% menor que en el de mayores ingresos. En el país austral se consumen 1,9 porciones de fruta en promedio por día, contra las cinco recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Actualmente en Argentina la pobreza alcanza a uno de cada tres habitantes. El consumo de carnes rojas es la principal fuente de alimentación de los ciudadanos, pero en los últimos años  mermó por dos motivos: para cuidar la salud en los sectores medios y altos y por su elevado precio en los bajos, que consumen los cortes económicos.

Según  el Instituto de Promoción de Carne Vacuna, cada argentino consume 68 kilos de carne al año en promedio, muy elevado con relación a otros países de la región.

El informe de la Universidad de Avellaneda advirtió, además, que “si bien Argentina no es ajena a la epidemia de obesidad que atraviesa el mundo, observándose en todos los estratos sociales, sabemos que este modelo económico no apunta a resolverlo”.

Agrega: “Se torna sombrío el horizonte en materia de seguridad alimentaria. La pérdida de poder adquisitivo genera un detrimento en los patrones de alimentación e impacta en la nutrición, tanto por exceso de peso (obesidad y sobrepeso) ante el mayor consumo de comidas baratas y menos nutritivas (hidratos de carbono), como por déficit de peso (desnutrición) en aquellas familias que ya no pueden comer todos los días”.

El reporte señala que “es un derecho de los pueblos definir las políticas que le permitan alcanzar alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable y sostenible, y por lo tanto, el derecho a decidir su propio sistema productivo”.

Según el informe, el alimento no puede ser una mercancía o un instrumento de poder, sino un derecho universal al que deben acceder todos los pueblos.

El rol del Estado -reza- debería ser de mediador entre los intereses del pueblo y de las corporaciones alimentarias, a través de la regulación del mercado, la mejora del poder adquisitivo y la redistribución del ingreso de forma progresiva. También “garantizar el acceso a comida inocua, saludable, culturalmente adecuada, y asegurar de este modo el derecho a la salud del pueblo en su conjunto”, concluye el informe. (I)